Diosdado Cabello negó este lunes 24 de agosto que la situación de los presos políticos forme parte de las conversaciones promovidas por Estados Unidos entre representantes del chavismo y un sector de la oposición venezolana. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró que las partes nunca han discutido las liberaciones dentro de la mesa instalada a comienzos de mes.
“Jamás se han tocado esos temas dentro de la mesa”, respondió Cabello durante la rueda de prensa semanal de la organización oficialista, después de que los periodistas le preguntaran por las recientes excarcelaciones y su posible relación con el proceso de negociación.
La afirmación surgió mientras familiares de detenidos y varias organizaciones no gubernamentales presionan para que las conversaciones incorporen esta materia. Estos sectores consideran que cualquier proceso de reinstitucionalización debe incluir garantías para quienes permanecen privados de libertad por razones que vinculan con su actividad política.
Cabello, quien también ocupa el Ministerio de Interior, sostuvo que el Gobierno tomó las decisiones de excarcelación mediante un proceso propio de revisión. Además, rechazó que Foro Penal o los dirigentes opositores hayan seleccionado a los beneficiarios.
El debate ocurre después de varios meses de liberaciones ordenadas por la administración interina de Delcy Rodríguez. El proceso comenzó tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense ejecutada en Caracas el pasado 3 de enero.
En febrero, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó una ley de amnistía que, según el oficialismo, benefició a más de 8.000 personas. Sin embargo, muchas ya cumplían medidas de libertad restringida, por lo que la norma no produjo la salida inmediata de todos los ciudadanos incluidos.
Las cifras de las liberaciones más recientes también presentan diferencias. El Gobierno reportó 131 excarcelaciones el 15 de agosto; Foro Penal verificó 81 y la Plataforma Unitaria Democrática contabilizó 105.
Presos políticos quedan fuera de la agenda, según Cabello
La declaración del dirigente oficialista establece una separación entre las conversaciones políticas y las decisiones relacionadas con los detenidos. Según su versión, el Ejecutivo revisa los casos sin someterlos a negociación con la oposición ni con organizaciones defensoras de derechos humanos.
Cabello también criticó a quienes atribuyen las liberaciones a sus propias gestiones. “Jamás ha sido Foro Penal el que dice quién sale”, afirmó antes de negar que sectores opositores determinen los nombres.
El ministro aseguró que algunos dirigentes se comunican con las autoridades para solicitar la liberación de amigos detenidos. Desde su perspectiva, cada actor intenta defender intereses particulares y omite que esas personas enfrentan acusaciones por delitos.
“Ahí cada quien defiende su parcelita”, expresó.
El Gobierno rechaza habitualmente la expresión “presos políticos” y sostiene que los detenidos cometieron delitos contemplados en la legislación venezolana. Las organizaciones civiles, en cambio, argumentan que las autoridades utilizan causas penales para castigar la disidencia, las protestas, la actividad partidista o el trabajo de militares críticos.
Esta diferencia conceptual ocupa el centro del conflicto. Mientras el oficialismo presenta las detenciones como asuntos judiciales individuales, los defensores sostienen que forman parte de un patrón político que requiere una solución colectiva.
Las familias reclaman información sobre los expedientes, acceso a los abogados, atención médica y cumplimiento de las órdenes de libertad. También piden que las conversaciones establezcan un mecanismo de seguimiento independiente.
La mesa de diálogo comenzó el 1 de agosto y entró en receso después de completar su primer ciclo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, encabezó la representación chavista, mientras la exdiputada Dinorah Figuera participó en nombre de un sector opositor respaldado por Estados Unidos.
Cabello no precisó si la exclusión de las detenciones responde a un acuerdo formal entre las delegaciones o a una posición unilateral del Gobierno. Tampoco aclaró si el tema podría incorporarse en las próximas rondas.
Su respuesta contrasta con las expectativas de quienes relacionaron las liberaciones de mediados de agosto con el primer encuentro. La cercanía entre ambos acontecimientos llevó a sectores políticos y organizaciones civiles a considerar que existía alguna conexión.
El ministro negó esa interpretación y atribuyó las medidas a una evaluación gubernamental. Sin embargo, la administración interina no ha publicado los criterios completos utilizados para revisar los expedientes ni una lista consolidada de beneficiarios.
Tres balances diferentes rodean las liberaciones
El Gobierno de Delcy Rodríguez anunció la excarcelación de 131 personas el 15 de agosto. La cifra representó una de las mayores jornadas de liberaciones desde que comenzó el proceso en enero.
Foro Penal informó que solo logró verificar 81 casos. La organización suele comprobar la identidad de cada persona, el lugar donde permanecía recluida y las condiciones de su salida antes de incorporarla a sus registros.
La Plataforma Unitaria Democrática presentó otro balance y situó el total en 105. La diferencia de 50 personas entre la cifra oficial y la verificada por Foro Penal refleja las dificultades para construir un registro común.
Las discrepancias pueden surgir por varios motivos. Algunos excarcelados podrían no figurar en las listas previas de las organizaciones, mientras otros podrían haber recibido cambios de medida sin abandonar inmediatamente los centros de reclusión.
También existe la posibilidad de que las instituciones utilicen periodos de corte diferentes. Para aclarar estas dudas, el Ejecutivo tendría que publicar nombres, fechas, centros de detención y condiciones jurídicas.
Una excarcelación no siempre equivale a una libertad plena. Algunas personas continúan sometidas a presentaciones periódicas, prohibiciones de salida del país, restricciones para declarar o procesos judiciales abiertos.
La ley de amnistía aprobada en febrero incorporó a más de 8.000 beneficiarios, según el Parlamento. No obstante, el texto alcanzó principalmente a ciudadanos que ya estaban fuera de prisión bajo distintas medidas.
Esta característica explica por qué la cantidad anunciada no corresponde con el número de personas que abandonaron físicamente las cárceles. La amnistía puede cerrar investigaciones, eliminar condenas o modificar situaciones jurídicas sin generar una excarcelación visible.
Foro Penal había verificado hasta junio la liberación de 894 detenidos por motivos políticos desde enero. Ese balance muestra un proceso sostenido, aunque la organización mantiene casos pendientes y continúa reclamando la libertad de quienes permanecen recluidos.
La falta de cifras coincidentes dificulta evaluar los avances. Cada institución presenta sus propios datos, pero las familias necesitan información nominal y verificable.
La publicación de un registro único permitiría distinguir entre amnistías, libertades plenas, medidas cautelares y traslados. También ayudaría a identificar posibles órdenes judiciales que los cuerpos de seguridad todavía no hayan ejecutado.
El Gobierno puede preservar datos sensibles cuando exista una razón legal, pero debería aportar suficiente información para demostrar el cumplimiento de sus anuncios. La transparencia también evitaría que varias organizaciones cuenten a la misma persona de maneras distintas.
Para los familiares, la discusión numérica tiene una dimensión humana. Cada diferencia representa casos cuya situación permanece sin confirmar o personas que todavía esperan recuperar completamente su libertad.
La negociación prioriza el TSJ y los recursos exteriores
Durante el primer ciclo de conversaciones, las delegaciones acordaron avanzar en la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El máximo tribunal ha recibido cuestionamientos por su cercanía con el chavismo y su intervención en asuntos políticos y electorales.
La sustitución de los jueces puede influir indirectamente en las causas contra dirigentes, activistas y manifestantes. Sin embargo, las partes no anunciaron un mecanismo específico para revisar esos expedientes.
La independencia judicial resulta esencial para evaluar si las acusaciones poseen sustento, si los procesos respetaron el debido proceso y si las medidas de privación de libertad siguen justificadas.
El segundo acuerdo abordó la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra. Las delegaciones plantearon utilizar recursos de las reservas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos del 24 de junio.
La emergencia dejó miles de muertos, desaparecidos y damnificados, además de daños en viviendas e infraestructura. El Gobierno busca fondos para acelerar la reconstrucción y responder a las necesidades sanitarias y habitacionales.
Estos acuerdos muestran que la negociación trabaja sobre asuntos institucionales y económicos. No obstante, las organizaciones civiles consideran que la agenda quedará incompleta mientras excluya las detenciones por motivos políticos.
Incorporar este punto no implicaría necesariamente liberar automáticamente a todas las personas. La mesa podría crear una comisión, revisar expedientes, establecer criterios humanitarios y solicitar observación independiente.
El Gobierno, por su parte, insiste en conservar el control sobre las excarcelaciones. La posición expresada por Cabello indica que el oficialismo no quiere presentar las medidas como una concesión obtenida por la oposición o por presión internacional.
Esa disputa sobre la autoría política puede retrasar las respuestas que reclaman las familias. Para ellas, el aspecto central no consiste en determinar quién obtiene reconocimiento, sino en conseguir una revisión transparente y una decisión justa.
El receso de la mesa ofrece la oportunidad de ampliar la agenda antes del siguiente ciclo. Las delegaciones deberán decidir si mantienen el formato actual o incorporan las solicitudes de los familiares y las ONG.
La participación de Estados Unidos añade otro elemento a la negociación. Washington respalda a la delegación opositora y ejerce influencia sobre el proceso iniciado después de la captura de Maduro.
Cabello dejó clara la posición pública del PSUV: las excarcelaciones responden a decisiones internas y no a acuerdos. Sin embargo, la proximidad entre las conversaciones y las liberaciones seguirá alimentando preguntas mientras el Gobierno no explique los criterios y procedimientos.
El diálogo venezolano avanza entre acuerdos institucionales, intereses internacionales y profundas diferencias sobre el sistema judicial. La situación de los detenidos permanece fuera de la agenda reconocida por el oficialismo, aunque las familias mantienen su presión.
El próximo ciclo mostrará si la mesa conserva esa exclusión o incorpora uno de los asuntos más sensibles de la crisis. Mientras tanto, las diferencias entre los balances oficiales y los registros de las organizaciones seguirán dificultando una evaluación precisa de las liberaciones.
Diosdado Cabello niega tajantemente: “Jamás se han tocado esos temas dentro de la mesa”. Según él, las excarcelaciones de presos políticos no son materia de negociación. pic.twitter.com/JaDUrQLh0x
— MAJA (@Libertaria17082) August 25, 2026
