El inicio de clases en Venezuela, previsto para el 14 de septiembre según el anuncio gubernamental que recoge el informe, enfrenta obstáculos por los daños que dejaron los sismos del 24 de junio y las condiciones laborales del personal educativo. La Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap advierten que la reapertura requiere garantías de seguridad, servicios básicos y medidas para mantener la continuidad académica.
Las organizaciones señalan que más de 900 escuelas registran afectaciones en todo el país tras el doblete sísmico. Además, cuestionan la falta de información técnica pública que permita conocer cuáles instalaciones reúnen condiciones para recibir a estudiantes, docentes y trabajadores.
Como parte de su evaluación, ambas entidades consultaron a 99 integrantes de comunidades escolares. Los resultados recogen reportes sobre daños en los inmuebles, espacios clausurados y deficiencias en servicios esenciales. La consulta ofrece una aproximación a las dificultades de las comunidades participantes, pero no constituye por sí sola un diagnóstico técnico de todas las escuelas venezolanas.
El informe también aborda la situación de los centros que alojan temporalmente a damnificados o funcionan como puntos de acopio. Estos usos agregan necesidades de planificación antes de recuperar los espacios para la enseñanza.
“Todo esto confirma un escenario de alta vulnerabilidad para garantizar el derecho a la educación”, alertan las organizaciones, que solicitan anteponer la protección de la infancia a los plazos administrativos.
Inicio de clases en Venezuela exige conocer la seguridad de cada plantel
La consulta indica que el 27,3 % de los reportes señala daños graves en los planteles, mientras el 33,3 % identifica áreas totalmente clausuradas por los efectos de los terremotos. Asimismo, el documento menciona daños leves en el 65,7 % de los inmuebles revisados.
Estos porcentajes describen condiciones distintas y no deben sumarse como si correspondieran necesariamente a grupos excluyentes. Una institución puede presentar afectaciones de diferente magnitud en sus edificios y mantener algunos sectores cerrados mientras conserva otros espacios disponibles.
Tampoco conviene interpretar las respuestas de 99 miembros de comunidades escolares como evaluaciones de 99 planteles diferentes. La información suministrada no precisa esa correspondencia ni detalla el alcance territorial de la muestra.
Más allá de esas limitaciones, Redhnna y Cecodap consideran que los hallazgos justifican una revisión individual antes de autorizar actividades presenciales. Su principal preocupación radica en que una fecha general de retorno no permite establecer si cada sede ofrece condiciones adecuadas.
Las organizaciones cuestionan que el Ministerio de Educación no haya difundido información técnica pública, desagregada y verificable sobre la habitabilidad de los centros. Según explican, ese vacío dificulta tanto la planificación de las familias como la supervisión ciudadana de las decisiones.
Una evaluación por institución permitiría distinguir las instalaciones que pueden funcionar, aquellas que requieren reparaciones y las que necesitan permanecer cerradas. También facilitaría definir si un plantel admite un uso parcial sin comprometer la seguridad de su comunidad.
El informe recomienda prohibir la reapertura presencial de cualquier centro que no cuente con una certificación técnica documentada de habitabilidad y seguridad estructural. La propuesta busca que las autoridades sustenten cada autorización en una revisión profesional y no únicamente en la necesidad de cumplir el calendario.
La presencia de campamentos transitorios y centros de acopio introduce otro desafío. Recuperar esas instalaciones para clases exige coordinar la atención a los damnificados con las necesidades educativas, sin trasladar el problema de una población vulnerable a otra.
En ese contexto, las decisiones deben considerar tanto las condiciones físicas del edificio como su disponibilidad efectiva. Un inmueble puede conservar su estructura y, aun así, carecer de aulas suficientes para recibir a todos sus estudiantes.
La precariedad del personal agrava las dificultades de recuperación
El diagnóstico de Redhnna y Cecodap no se limita a paredes, techos o salones. Las organizaciones también llaman la atención sobre la precariedad laboral del personal de las escuelas subvencionadas mediante el convenio entre el Ministerio de Educación y la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC).
El documento recoge testimonios de docentes con décadas de servicio cuyos ingresos no cubren necesidades básicas. Como ejemplo, menciona a un maestro con 27 años de trayectoria que percibe alrededor de 767 bolívares mensuales.
El informe sitúa ese monto en aproximadamente 1,01 dólares al 5 de agosto de 2026. Esa equivalencia corresponde a la conversión que presentan las organizaciones para aquella fecha; no representa una actualización cambiaria ni permite establecer el ingreso total de todo el personal educativo.
El caso ilustra la preocupación por las condiciones de quienes deben sostener las actividades académicas durante la emergencia. La recuperación de edificios necesita acompañarse de medidas que permitan a docentes y demás trabajadores cumplir sus funciones.
En el movimiento de educación popular Fe y Alegría, las entidades señalan que los efectos del doblete sísmico perjudican directamente a unos 15.000 estudiantes, 1.300 trabajadores y cerca de 12.000 familias.
Cada grupo enfrenta necesidades diferentes. Los alumnos requieren continuidad pedagógica; el personal necesita condiciones para trabajar, y las familias deben conocer dónde, cuándo y bajo qué modalidad podrán estudiar sus hijos.
Ante esa situación, las ONG plantean planes de continuidad educativa, reubicaciones temporales y adecuación de espacios alternativos. Su objetivo consiste en evitar interrupciones prolongadas sin apresurar el uso de instalaciones que todavía presenten riesgos.
La reubicación, sin embargo, requiere algo más que identificar un edificio disponible. La planificación debe contemplar su capacidad, la accesibilidad y la organización de los grupos para que la solución temporal permita desarrollar las actividades.
También resulta necesario informar a las comunidades sobre la duración prevista de esas medidas. La incertidumbre sobre las sedes y los horarios dificulta organizar el transporte, las responsabilidades laborales y el acompañamiento de los estudiantes.
Fallas de agua, electricidad e internet limitan las alternativas educativas
El funcionamiento de los servicios públicos constituye otro componente del diagnóstico. En la consulta, el 31,3 % de los participantes reportó fallas en el suministro de agua potable y el 12,1 % indicó que el servicio no llega.
En conjunto, ambas respuestas representan un 43,4 % que describe deficiencias o ausencia de agua dentro de la consulta. La cifra corresponde a las respuestas recopiladas y no a una medición nacional de todos los centros educativos.
En electricidad, el 27,3 % señaló un funcionamiento deficiente y el 4 % informó que no cuenta con suministro. Estas condiciones añaden dificultades a la organización cotidiana, incluso en instalaciones que no registran daños estructurales graves.
El informe reconoce que la opción de funcionamiento normal predomina en varios servicios, pero advierte que persisten problemas relevantes. Esa distinción evita presentar una situación uniforme donde la propia consulta muestra realidades diferentes.
La mayor dificultad corresponde a la línea telefónica e internet: el 56,6 % de las respuestas refiere fallas o ausencia total del servicio. Las organizaciones explican que estas carencias obstaculizan la comunicación con las familias y profundizan las desigualdades cuando las instituciones recurren a la educación a distancia.
Por tanto, trasladar temporalmente las clases a una modalidad remota no resuelve automáticamente la falta de espacios seguros. Su viabilidad depende de condiciones de conexión y comunicación que el diagnóstico identifica como insuficientes en una parte importante de las respuestas.
Las alternativas necesitan adaptarse a cada comunidad. Una institución con instalaciones inutilizables y conectividad deficiente enfrenta un escenario distinto al de otra que conserva aulas disponibles y servicios estables.
Redhnna y Cecodap insisten en que el Estado debe priorizar el interés superior de la niñez. Su advertencia plantea una condición para el regreso: garantizar que la continuidad educativa no exponga a los estudiantes a riesgos que las autoridades todavía no han descartado mediante evaluaciones documentadas.
El desafío de septiembre consiste en convertir el anuncio del calendario en un plan verificable por plantel, con responsables, soluciones temporales y condiciones claras de funcionamiento. La seguridad de los edificios, la disponibilidad de servicios y la situación del personal determinarán las posibilidades reales de retomar las actividades.
Con información de Infobae
