El censo de viviendas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio comenzará este martes 4 de agosto en cuatro estados del país, según el cronograma anunciado por el Ministerio para Hábitat y Vivienda. El Registro Único de Viviendas está dirigido exclusivamente a familias cuyos hogares quedaron totalmente destruidos o recibieron una etiqueta roja después de las inspecciones técnicas.
Las jornadas se extenderán hasta el 10 de agosto en municipios de Aragua, Carabobo, Yaracuy y Falcón. Los damnificados procedentes de La Guaira que permanecen temporalmente en casas solidarias dentro de esas entidades también podrán acudir a los puntos habilitados para entregar sus datos y dejar constancia de la pérdida del inmueble.
Censo de viviendas afectadas atenderá únicamente casos con etiqueta roja o pérdida total
El Ministerio para Hábitat y Vivienda informó el 3 de agosto que el Registro Único de Viviendas comenzará a recibir a las familias que sufrieron los daños más graves como consecuencia de los movimientos sísmicos.
La institución aclaró que el proceso no incluye, durante esta fase, a todos los propietarios de inmuebles con algún tipo de afectación. El registro se concentra en hogares declarados inhabitables mediante una etiqueta roja o en aquellos que desaparecieron completamente tras los derrumbes.
La etiqueta roja identifica una vivienda con daños estructurales graves que impiden su ocupación. Esta clasificación señala que el inmueble representa un riesgo para sus habitantes y que no puede utilizarse mientras las autoridades determinan su demolición, reconstrucción o sustitución.
La pérdida total corresponde a los casos en los que el hogar colapsó o quedó destruido de tal manera que no existe posibilidad inmediata de recuperación. Estas familias constituyen la prioridad dentro de la primera etapa del censo debido a que necesitan una solución habitacional completa.
El Registro Único de Viviendas busca consolidar en una sola base de datos la información de los núcleos familiares afectados. Con ese inventario, las autoridades podrán conocer cuántas personas perdieron sus hogares, dónde se encontraban los inmuebles y cuál era la composición de cada familia.
El proceso también debería ayudar a evitar duplicaciones y organizar la asignación de soluciones habitacionales. Para ello, resulta necesario que el jefe del hogar proporcione datos exactos sobre los integrantes de la familia y la dirección de la residencia perjudicada.
Las jornadas se desarrollarán entre el 4 y el 10 de agosto, aunque cada estado tendrá una fecha específica. Por esa razón, los interesados deben revisar el cronograma antes de trasladarse.
En Aragua, la atención se realizará el martes 4 de agosto en dos municipios. Los habitantes de Girardot podrán acudir a las Residencias Abitare 2002, mientras que los afectados de Santiago Mariño tendrán como punto de registro las residencias Bosque Lindo.
En Carabobo, la jornada quedó programada para el miércoles 5 de agosto. El municipio Morón contará con dos centros: el Centro de Educación Inicial Simón Bolívar y la Unidad Educativa Jesús Manuel Subero.
En Puerto Cabello, las autoridades recibirán a las familias en la Unidad Educativa General Francisco de Miranda y en el Centro de Educación Inicial Simón Rodríguez.
El viernes 7 de agosto corresponderá al estado Yaracuy. El punto de atención funcionará en la Escuela Técnica Maestro Cimarrón Juan Avendaño Talavera, ubicada en el municipio Veroes.
El cronograma concluirá el lunes 10 de agosto en Falcón. Los afectados del municipio Silva deberán acudir al Colegio José Ramón Yépez para completar el procedimiento.
Hasta ahora, el Ministerio no informó si extenderá posteriormente el registro hacia otros estados o si habilitará nuevas fechas para quienes no puedan asistir durante la jornada asignada.
Estos son los requisitos que debe presentar el jefe de cada hogar
El Ministerio para Hábitat y Vivienda indicó que el jefe de la familia debe acudir personalmente al punto de atención. Esta persona asumirá la responsabilidad de entregar los datos correspondientes al inmueble y a todos los integrantes del núcleo familiar.
El principal requisito consiste en presentar la cédula de identidad. Cuando el ciudadano no tenga el documento físico, podrá proporcionar el número para que los funcionarios realicen el registro.
La posibilidad de declarar el número sin mostrar la cédula resulta importante para quienes perdieron documentos personales durante el colapso de sus viviendas o tuvieron que abandonar rápidamente las zonas afectadas.
El jefe del hogar también debe llevar los números de cédula de todos los miembros de la familia. Esta información permitirá establecer cuántas personas residían en la vivienda, sus vínculos y la composición completa del grupo que necesita atención.
No resulta indispensable que todos los integrantes acudan al punto. Sin embargo, la persona responsable debe conocer y entregar correctamente sus datos.
Otro requisito corresponde a una dirección de correo electrónico activa. Las autoridades podrán utilizar ese canal para comunicar actualizaciones, solicitar información adicional o informar sobre las siguientes fases del proceso.
La familia también debe proporcionar la dirección exacta de la vivienda afectada. Este dato tendrá que coincidir con las inspecciones técnicas, las etiquetas colocadas por los equipos evaluadores y cualquier registro previo elaborado después de los terremotos.
Es recomendable que los afectados anoten la dirección completa antes de acudir, incluyendo estado, municipio, parroquia, urbanización, sector, calle, edificio, torre, piso y número de apartamento o casa.
Aunque el organismo no mencionó otros documentos obligatorios, las familias pueden conservar fotografías de la vivienda, informes de inspección, constancias de residencia o imágenes de la etiqueta roja. Estos elementos podrían resultar útiles durante fases posteriores, aunque el cronograma divulgado no los establece como requisitos formales para la inscripción inicial.
Los funcionarios deberán comprobar que el caso corresponde a una vivienda con pérdida total o clasificación roja. Por ello, quienes tengan etiquetas amarillas, verdes u otras evaluaciones probablemente no ingresarán en esta etapa del registro.
La etiqueta amarilla suele señalar restricciones parciales o reparaciones necesarias, mientras la verde indica condiciones que permiten la ocupación. El nuevo censo prioriza a quienes no cuentan con una residencia segura a la cual regresar.
Los damnificados procedentes de La Guaira también podrán participar cuando se encuentren albergados temporalmente en alguno de los cuatro estados incluidos en el cronograma.
El Ministerio explicó que las personas alojadas en una “casa solidaria” no necesitan regresar a La Guaira para formalizar su inscripción. Pueden dirigirse al centro habilitado en el estado donde permanecen actualmente.
Esta medida busca atender a familias desplazadas que se refugiaron con parientes, amigos o personas que ofrecieron sus viviendas después de la tragedia. Muchas abandonaron la entidad costera sin documentos, pertenencias ni posibilidades inmediatas de retorno.
Para registrarse, estos ciudadanos deberán presentar los mismos datos exigidos al resto: número de cédula del jefe del hogar y de todos los familiares, correo electrónico y dirección precisa del inmueble destruido en La Guaira.
El Gobierno promete entregar al menos 4.000 viviendas antes de finalizar 2026
El inicio del registro ocurre después de que Delcy Rodríguez anunciara una meta de al menos 4.000 viviendas para las familias afectadas por los terremotos antes de finalizar 2026.
La encargada del poder informó el 3 de agosto sobre la entrega de 87 unidades habitacionales en Ciudad Tiuna, Caracas. Según indicó, los inmuebles beneficiaron a personas que perdieron sus hogares durante los sismos.
Rodríguez aseguró que el Gobierno pretende entregar por lo menos 4.000 soluciones habitacionales antes de que termine el año. También señaló que esa cantidad no incluiría otras construcciones nuevas que podrían incorporarse posteriormente.
El Registro Único de Viviendas será fundamental para determinar quiénes podrán acceder a esas asignaciones. Sin una base depurada, las autoridades no podrían establecer el orden de atención ni identificar a todas las familias con pérdida total.
Sin embargo, la cantidad prometida debe compararse con la magnitud de los daños. Los balances oficiales han informado sobre miles de viviendas restringidas, inmuebles en alto riesgo y estructuras completamente destruidas en distintos estados.
La cifra de 4.000 unidades podría cubrir una parte de la demanda, pero probablemente no resolverá todos los casos si el número de familias sin hogar supera esa meta.
El proceso necesitará criterios transparentes para establecer prioridades. Entre los factores podrían figurar la pérdida total del inmueble, el número de integrantes del núcleo, la presencia de niños, adultos mayores o personas con discapacidad y la permanencia en refugios.
Las autoridades también deberán aclarar si las familias recibirán viviendas nuevas, inmuebles recuperados o soluciones temporales. El lugar de la asignación constituye otro aspecto relevante, especialmente para quienes perdieron su hogar en La Guaira, pero trabajan o mantienen vínculos familiares dentro de esa entidad.
Algunos damnificados podrían aceptar una vivienda en otro estado debido a la urgencia, mientras otros preferirán permanecer cerca de sus comunidades originales. El registro debería recoger estas circunstancias para evitar traslados que afecten el empleo, los estudios y las redes de apoyo.
Además de las nuevas construcciones, el plan de recuperación tendrá que atender los inmuebles que pueden rehabilitarse. No todas las viviendas afectadas requieren sustitución completa; algunas necesitan reparaciones estructurales, servicios o evaluaciones más detalladas.
La publicación de cronogramas regulares permitirá que las familias conozcan cuándo se abrirán nuevas jornadas, cuáles estados ingresarán después y cómo podrán verificar el avance de su solicitud.
También resultará necesario entregar una constancia a cada persona registrada. Ese comprobante debería incluir un número de caso que facilite las consultas y permita conocer el estado del trámite.
El censo representa el primer paso administrativo para quienes perdieron sus hogares, pero la solución dependerá de la capacidad institucional para convertir los datos en asignaciones concretas.
Las familias afectadas deben acudir únicamente en la fecha y el punto correspondiente, llevar la información de todos los integrantes y proporcionar la ubicación exacta de su vivienda. Quienes procedan de La Guaira y permanezcan en casas solidarias dentro de Aragua, Carabobo, Yaracuy o Falcón también pueden inscribirse.
Después del registro, las autoridades tendrán que verificar la información, consolidar el listado nacional y comunicar los mecanismos de adjudicación.
Para miles de damnificados, la inscripción no constituye un simple trámite. Representa la posibilidad de acceder a una nueva vivienda después de perder el espacio donde construyeron su vida familiar.
El desafío ahora consiste en garantizar que ningún hogar con etiqueta roja o pérdida total quede fuera de la base de datos por falta de información, documentos extraviados o dificultades para trasladarse. La efectividad del censo dependerá tanto de la participación de las familias como de la transparencia y continuidad que el Estado otorgue a las siguientes etapas.
Con información de El Pitazo
