La comunidad Venezolana dentro y fuera del territorio Nacional expresamos nuestra legítima preocupación ante el anuncio del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, de iniciar operativos de deportación contra personas migrantes que se encuentren en situación irregular en Colombia.
Reconocemos plenamente la potestad y el deber del Estado colombiano de ejercer el control migratorio, proteger la seguridad ciudadana, combatir la delincuencia y garantizar el cumplimiento de sus leyes. Sin embargo, estas responsabilidades deben ejercerse respetando la Constitución, el debido proceso, la dignidad humana y los compromisos internacionales asumidos por Colombia.
“ La irregularidad migratoria “ II lo no puede confundirse con la criminalidad. Quien haya cometido un delito debe responder individualmente ante la justicia, cualquiera que sea su nacionalidad. Pero encontrarse sin un documento migratorio vigente constituye una situación administrativa que puede obedecer a circunstancias muy diferentes; por ejemplo : vencimiento de permisos, imposibilidad de obtener documentos venezolanos, desconocimiento de los procedimientos, demoras institucionales o inexistencia de mecanismos amplios y accesibles de actualización y regularización.
Por ello, no resulta justo ni conveniente colocar bajo una misma categoría a quienes representan un riesgo comprobado para la seguridad y a quienes trabajan, estudian, emprenden, sostienen a sus familias y han construido durante años una vida honesta en Colombia.
La seguridad de Colombia se fortalece cuando el Estado sabe quiénes se encuentran en su territorio, dónde viven, a qué se dedican y cuáles son sus antecedentes. La expulsión indiscriminada, por el contrario, puede empujar a miles de personas hacia la clandestinidad, profundizar la informalidad y dificultar el verdadero control migratorio.
PROPUESTA AL GOBIERNO NACIONAL:
Proponemos al presidente Abelardo De La Espriella la creación de un Programa Extraordinario de Alivio Migratorio de Regularización y Seguridad Migratoria para la población venezolana, basado en los siguientes componentes:
1. Ventana extraordinaria de registro.
Establecer un plazo de 120 días para que los venezolanos en situación migratoria irregular puedan registrarse voluntariamente ante Migración Colombia, actualizar sus datos y manifestar su disposición de regularizarse.
Durante ese período deberá suspenderse la aplicación de medidas de persecución, o deportación fundadas exclusivamente en la “irregularidad migratoria”, sin impedir las actuaciones individuales contra personas vinculadas a delitos graves o que representen un riesgo comprobado para la seguridad nacional.
2. Censo y verificación de identidad.
Implementar un registro nacional presencial y digital que incluya identificación, información biométrica, domicilio, composición familiar, actividad laboral, estudios, tiempo de permanencia y vínculos establecidos en Colombia.
3. Revisión de antecedentes:
Realizar la verificación individual de antecedentes judiciales, penales, policiales y migratorios, mediante la coordinación entre Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, Interpol y las autoridades correspondientes.
La existencia de una denuncia, investigación o anotación policial no deberá equipararse automáticamente con una condena. Toda decisión desfavorable deberá sustentarse en información comprobada y respetar la presunción de inocencia y el derecho a la legítima defensa.
4. Documento provisional de permanencia.
Otorgar a quienes se registren una constancia temporal que les permita permanecer regularmente en Colombia mientras se estudia su caso, trabajar legalmente, cumplir sus obligaciones tributarias y acceder a los servicios esenciales establecidos por la ley.
5. Regularización mediante el PPT o un permiso especial.
Reabrir y ampliar el acceso al Permiso por Protección Temporal o crear un mecanismo extraordinario equivalente para quienes demuestren arraigo, buena conducta, actividad laboral, emprendimiento, estudios, vínculos familiares o condiciones especiales de vulnerabilidad.
Deberán considerarse particularmente el tiempo de permanencia, la presencia de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, víctimas de persecución y familias binacionales.
6. Protección para perseguidos y personas vulnerables.
Establecer una ruta especial para solicitantes de refugio, personas perseguidas por razones políticas, defensores de derechos humanos y quienes puedan enfrentar riesgos para su vida, libertad o integridad si son devueltos a Venezuela.
Ninguna persona deberá ser retornada sin que previamente se examine de manera individual si requiere asilo, refugio u otra forma de protección humanitaria.
7. Debido proceso en las decisiones migratorias:
Cuando una persona no reúna las condiciones para ser regularizada, cualquier decisión de deportación deberá adoptarse individualmente, mediante acto motivado, notificación adecuada, derecho a presentar pruebas, asistencia jurídica y posibilidad efectiva de solicitar la revisión de la medida.
Deberán protegerse especialmente la unidad familiar, el interés superior de los niños y los derechos de quienes tengan hijos, cónyuges o familiares colombianos.
8. Mesa nacional de migración e integración.
Solicitamos al Gobierno convocar una mesa de trabajo con Migración Colombia, la Cancillería, las autoridades territoriales, el sector privado, las organizaciones internacionales y los representantes de las comunidades venezolanas o binacionales.
Esta instancia podrá evaluar los casos pendientes, acompañar el proceso de regularización y presentar resultados públicos sobre registro, seguridad, empleo, integración y cumplimiento de la ley.
MEMORIA HISTÓRICA Y RECIPROCIDAD ENTRE DOS PUEBLOS HERMANOS.
Colombia y Venezuela no son naciones extrañas. Compartimos una extensa frontera, una historia común y millones de familias vinculadas por lazos de sangre, trabajo y cultura.
Durante buena parte del siglo XX, especialmente en los períodos de violencia política y conflicto armado colombiano, Venezuela recibió con los “brazos abiertos” a numerosos ciudadanos colombianos que buscaban seguridad, trabajo y nuevas oportunidades. Lo hizo mientras sus condiciones económicas e institucionales se lo permitieron.
No recordamos esa historia para presentar una cuenta pendiente ni para exigir privilegios. La recordamos porque constituye un patrimonio moral de nuestros pueblos y porque la solidaridad debe permanecer viva en los momentos difíciles.
Los venezolanos que hoy se encuentran en Colombia no solicitan impunidad ni ausencia de controles. Solicitan una oportunidad para registrarse, demostrar quiénes son, actualizar su situación migratoria y continuar contribuyendo honestamente al país que los ha acogido.
La migración ordenada requiere autoridad, pero también planificación, legalidad y humanidad. Regularizar no significa renunciar al control: significa hacerlo más efectivo. Identificar, censar, verificar e integrar a quienes cumplen la ley fortalece la seguridad y permite concentrar la acción del Estado contra quienes realmente delinquen.
Invitamos respetuosamente al presidente Abelardo De La Espriella a transformar el anuncio de deportaciones masivas en una política integral de seguridad, regularización y protección humanitaria. Colombia puede defender sus fronteras y combatir el delito sin renunciar a su tradición democrática, constitucional y solidaria.
Que la seguridad no se construya desde la generalización, sino desde la justicia. Que ninguna persona sea juzgada por su nacionalidad y que cada caso sea examinado conforme a la ley, la dignidad humana y el debido proceso.
Pero sobre todo con justicia, equidad y memoria histórica.
NO A LA XENOFOBIA…
