Colegio Nacional de Periodistas exige derogar la Ley contra el Odio y hace una advertencia

El CNP rechazó la reforma parcial que debate la Asamblea Nacional y denunció que el proyecto sustituye las penas de prisión por multas elevadas. Su presidente, Tinedo Guía, y el consultor jurídico Andrés Raúl Páez exigieron eliminar la normativa y garantizar el libre ejercicio del periodismo

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) exigió este viernes 13 de noviembre la derogación total de la Ley contra el Odio en Venezuela, al considerar que su reforma parcial mantiene mecanismos que amenazan la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Durante una rueda de prensa en Caracas, el presidente del gremio, Tinedo Guía, rechazó las modificaciones que estudia la Asamblea Nacional y advirtió que las sanciones económicas podrían provocar autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

«Si el periodista no actúa con total libertad, no tenemos democracia», afirmó Guía, quien sostuvo que sustituir las penas de cárcel por multas no elimina los riesgos de persecución. El representante gremial cuestionó que el proyecto conserve definiciones ambiguas y otorgue amplias facultades sancionadoras al Ejecutivo. También reclamó el cierre de los procesos judiciales que las autoridades iniciaron mediante esta legislación y garantías para impedir nuevas restricciones informativas.

Ley contra el Odio: el CNP rechaza las multas y exige su derogación

La propuesta legislativa elimina las penas de prisión de entre 10 y 20 años que contempla la normativa aprobada en 2017, pero incorpora sanciones administrativas de elevada cuantía.

El proyecto establece multas equivalentes a entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor que publica el Banco Central de Venezuela.

Para el CNP, estas cantidades podrían comprometer la estabilidad económica de medios y trabajadores de la prensa.

Guía también cuestionó que el texto mantenga conceptos susceptibles de interpretaciones discrecionales, lo que, según advirtió, permitiría sancionar opiniones críticas y denuncias ciudadanas.

El gremio pidió eliminar definitivamente la legislación, levantar las medidas cautelares y revisar las causas judiciales que surgieron durante su aplicación.

Consultor jurídico advierte sobre riesgos para los derechos fundamentales

Andrés Raúl Páez, consultor jurídico del CNP, sostuvo que la reforma conserva disposiciones contrarias a las garantías constitucionales y a los tratados internacionales sobre derechos humanos.

El abogado alertó que los procedimientos administrativos podrían afectar a periodistas, medios, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos mediante multas o restricciones de funcionamiento.

Entre los derechos que considera comprometidos mencionó la presunción de inocencia, el debido proceso, el acceso a los expedientes, la libertad de asociación y el derecho a la defensa.

Páez también solicitó que la Asamblea Nacional y las autoridades involucradas en el proceso político venezolano atiendan las observaciones del gremio.

Asimismo, planteó que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia debe acompañarse de una revisión de decisiones judiciales relacionadas con normas que, a su juicio, han restringido derechos fundamentales.

Organizaciones de prensa coinciden en exigir garantías para informar

El pronunciamiento del CNP se suma a las solicitudes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y de Espacio Público, organizaciones que también rechazan la reforma parcial.

El SNTP presentó sus observaciones ante la Asamblea Nacional y advirtió que las sanciones administrativas podrían mantener mecanismos de control sobre contenidos periodísticos.

Espacio Público, por su parte, reclamó medidas para reparar los daños que atribuye a la aplicación de esta normativa.

La rueda de prensa del CNP contó con la participación de Néstor Garrido, Ivonne Andara, Deyanira Castellanos, Elio García y Germán Luna, integrantes de la directiva nacional.

El gremio anunció que continuará vigilando el debate legislativo y defendiendo las garantías constitucionales necesarias para ejercer el periodismo sin censura ni represalias.

Con información de EFE

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