Los terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio dejan hasta ahora 6.301 personas fallecidas y 6.462 rescatadas, según el nuevo balance difundido este lunes 10 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Las autoridades también informaron que los equipos técnicos han evaluado 53.314 viviendas durante la etapa de recuperación, mientras continúan las labores para retirar millones de toneladas de escombros y determinar las condiciones de seguridad de las zonas golpeadas por los movimientos de magnitud 7,2 y 7,5.
El informe también refleja la dimensión de la emergencia sanitaria. Un total de 73.356 personas han recibido atención en hospitales desde el comienzo de la tragedia, una cifra que muestra el enorme impacto humano que dejaron los dos movimientos telúricos y las necesidades que todavía enfrentan miles de familias.
Mientras el país avanza hacia una fase cada vez más centrada en la reconstrucción, el Colegio de Ingenieros de Venezuela pidió revisar las normas sismorresistentes y la planificación urbana. El gremio considera necesario estudiar las causas de los colapsos y utilizar las conclusiones para reducir los riesgos ante futuros eventos. El debate adquiere mayor importancia ante los cálculos del Banco Mundial, que estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por la catástrofe.
Terremotos en Venezuela dejan miles de viviendas bajo restricciones o en alto riesgo
El nuevo balance de los terremotos en Venezuela permite dimensionar el impacto que la tragedia provocó sobre el parque habitacional del país.
De las 53.314 viviendas que los equipos técnicos han evaluado hasta ahora, 31.336 recibieron la clasificación de habitables. Esto significa que aproximadamente seis de cada diez inmuebles inspeccionados pueden continuar ocupados de acuerdo con el balance presentado.
La situación cambia para otras 12.411 viviendas que presentan restricciones. En estos casos, las condiciones encontradas requieren medidas adicionales antes de garantizar plenamente la seguridad de quienes las ocupan.
Otras 9.567 estructuras entraron directamente en la categoría de alto riesgo. La cifra representa uno de los principales desafíos de la reconstrucción porque involucra a miles de hogares que necesitan soluciones habitacionales seguras.
En conjunto, 21.978 viviendas evaluadas presentan restricciones o condiciones de alto riesgo. Este número muestra que la recuperación no dependerá únicamente de retirar escombros o reconstruir los edificios que colapsaron por completo. También será necesario reparar, reforzar o sustituir estructuras que permanecen en pie, pero que sufrieron daños durante los terremotos.
El informe señala que hasta el momento las autoridades han entregado 287 viviendas.
La diferencia entre el número de inmuebles afectados y las nuevas unidades entregadas refleja la dimensión del desafío que enfrenta el país. Miles de familias todavía necesitan conocer qué ocurrirá con sus hogares y, en numerosos casos, requieren alternativas mientras avanzan los trabajos de reparación o reconstrucción.
A este panorama se suma la enorme cantidad de material generado por el colapso y demolición de estructuras.
Rodríguez informó que los equipos han retirado 483.525,41 toneladas de escombros. De acuerdo con el reporte, esa cantidad representa apenas el 23,26 % del volumen total previsto.
Esto significa que todavía queda por retirar más de tres cuartas partes de los residuos contemplados dentro de las labores de recuperación.
La magnitud de este trabajo exige maquinaria pesada, transporte, personal especializado y espacios adecuados para disponer o procesar los materiales. Además, las autoridades deben garantizar que la remoción no interfiera con investigaciones técnicas ni con operaciones que todavía puedan desarrollarse en determinadas estructuras.
Ingenieros plantean revisar las normas para reducir riesgos ante futuros sismos
El avance de la reconstrucción también abrió un debate sobre las condiciones en las que Venezuela deberá levantar nuevamente las zonas destruidas.
El Colegio de Ingenieros de Venezuela solicitó este lunes una actualización de las normas sismorresistentes y una revisión de los criterios utilizados en la planificación urbana.
Enzo Betancourt, presidente del gremio, propuso crear una Comisión Nacional Sismorresistente que estudie las consecuencias estructurales de la catástrofe y presente públicamente sus conclusiones.
La propuesta contempla que este organismo analice las causas de los colapsos y formule recomendaciones para fortalecer la normativa nacional.
El objetivo sería utilizar la experiencia obtenida después de los terremotos para mejorar los estándares aplicados en nuevas construcciones y reducir la vulnerabilidad de las ciudades frente a futuros movimientos telúricos.
Betancourt considera que las conclusiones también deberían convertirse en insumos para desarrollar políticas públicas relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, el ordenamiento territorial y una reconstrucción más resiliente.
El gremio propone además revisar las leyes vinculadas con planificación urbana, diseño, construcción, inspección y supervisión de edificaciones e infraestructuras.
La última actualización de las normas sismorresistentes ocurrió en 2019, según informó el propio Colegio de Ingenieros.
Los daños provocados por los movimientos del 24 de junio plantean ahora la necesidad de analizar si esos estándares resultan suficientes y, sobre todo, determinar si las edificaciones que colapsaron cumplían con los requerimientos existentes.
El análisis técnico adquiere especial importancia porque la reconstrucción puede definir durante décadas las características de las ciudades y comunidades afectadas.
Reconstruir bajo los mismos niveles de vulnerabilidad podría mantener los riesgos ante futuros terremotos. Por esa razón, especialistas plantean aprovechar la recuperación para mejorar diseños, materiales, controles e inspecciones.
La planificación urbana también entra dentro de este debate. No todas las zonas presentan las mismas condiciones geológicas y algunos terrenos pueden necesitar estudios adicionales antes de permitir nuevamente construcciones residenciales o grandes infraestructuras.
La propuesta del Colegio de Ingenieros apunta, por lo tanto, hacia una reconstrucción que no busque únicamente reemplazar lo perdido, sino elevar los niveles de seguridad.
Daños por 19.600 millones de dólares plantean una reconstrucción de largo plazo
La recuperación venezolana enfrenta también un enorme desafío económico.
El Banco Mundial calcula en aproximadamente 19.600 millones de dólares los daños físicos directos ocasionados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.
La cifra permite comprender la escala de recursos que el país necesitará para recuperar viviendas, servicios, infraestructura y otros bienes destruidos o afectados.
El organismo también ha advertido que una reconstrucción lenta podría perjudicar la recuperación económica durante la próxima década.
El problema radica en que Venezuela necesita destinar importantes recursos a las zonas afectadas mientras mantiene otras inversiones necesarias para el funcionamiento de la economía.
Una recuperación prolongada podría mantener comunidades enteras sin viviendas definitivas, limitar la actividad productiva y retrasar la rehabilitación de infraestructuras esenciales.
Por el contrario, acelerar las inversiones podría reducir parte de las consecuencias económicas y sociales de la tragedia.
El nuevo balance de 6.301 fallecidos muestra, sin embargo, que detrás de las cifras económicas permanece una emergencia profundamente humana.
A las víctimas mortales se suman 6.462 personas rescatadas y 73.356 ciudadanos que han necesitado atención hospitalaria desde el comienzo de la emergencia.
Estas cifras reflejan diferentes dimensiones de una misma catástrofe: quienes perdieron la vida, quienes lograron sobrevivir después de operaciones de rescate y quienes necesitaron atención médica por lesiones o complicaciones relacionadas con los terremotos.
El desafío habitacional también continúa creciendo a medida que avanzan las inspecciones.
Las más de 53.000 viviendas evaluadas representan una parte fundamental del proceso, pero la existencia de 9.567 inmuebles considerados de alto riesgo obliga a mantener soluciones temporales mientras las autoridades determinan cuáles pueden rehabilitarse y cuáles deberán sustituirse completamente.
Al mismo tiempo, las 12.411 viviendas con restricciones necesitarán intervenciones específicas para recuperar condiciones adecuadas de seguridad.
Venezuela entra así en una etapa donde la emergencia inmediata comienza a convivir con decisiones de largo plazo.
Retirar escombros, entregar viviendas y recuperar infraestructura constituye una parte de la tarea. La otra consiste en determinar cómo reconstruir para reducir la posibilidad de que un futuro terremoto produzca nuevamente un nivel semejante de destrucción.
El llamado del Colegio de Ingenieros coloca esa discusión en el centro de la recuperación: no se trata solamente de levantar lo que cayó, sino de comprender por qué algunas estructuras colapsaron y utilizar esas conclusiones para construir ciudades más seguras.
A más de un mes de los terremotos del 24 de junio, el nuevo balance vuelve a dimensionar la tragedia: 6.301 vidas perdidas, decenas de miles de personas atendidas, miles de viviendas bajo restricciones o en alto riesgo y cientos de miles de toneladas de escombros ya retiradas.
La reconstrucción avanza, pero las cifras muestran que Venezuela todavía enfrenta un largo camino para recuperar las zonas devastadas y convertir las lecciones de la catástrofe en medidas capaces de reducir los riesgos del futuro.
Con información de El Pitazo
