Ecuador inició el proceso de deportación de venezolanos contra cuatro ciudadanos de esa nacionalidad que trabajaban como repartidores a domicilio y que aparecen en un video difundido en redes sociales mientras comentaban una nueva normativa aprobada por la Asamblea Nacional para regular el servicio de ‘delivery’.
El caso tomó relevancia después de que el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, difundiera el domingo las imágenes a través de su cuenta en X. En el primer video aparecen los cuatro hombres mientras conversan sobre las disposiciones aprobadas recientemente por el Parlamento ecuatoriano. Durante la grabación, uno de ellos afirma, entre risas: «Si me deportan, me vuelvo a venir y sigo siendo ‘delivery’».
Posteriormente, Reimberg publicó otro registro audiovisual en el que aparecen los cuatro ciudadanos junto a agentes de la Policía de Migración. El ministro acompañó las imágenes con una advertencia dirigida a quienes incumplan las normas del país: «nadie está por encima de la ley».
La publicación concluye con la palabra «Deportados», en una señal del procedimiento que las autoridades ecuatorianas comenzaron contra los trabajadores.
El Ministerio del Interior explicó que la decisión no responde únicamente a las declaraciones realizadas en el video. Una fuente de esa institución señaló que los cuatro extranjeros afrontan el proceso debido a una presunta amenaza o riesgo para la seguridad. Además, las autoridades detectaron situaciones migratorias irregulares en tres de ellos.
Según la información proporcionada por la cartera, dos de los ciudadanos no ingresaron a Ecuador por un punto autorizado, mientras que otro permanecía sin regularizar su situación migratoria desde 2018. Estos elementos, de acuerdo con la explicación oficial, sustentan el procedimiento iniciado por las autoridades.
La fuente también precisó que los cuatro hombres contaron con representación legal durante el proceso. Algunos tuvieron abogados públicos y otros recurrieron a defensores privados. Las autoridades realizaron las respectivas audiencias y, una vez resuelta su situación migratoria, avanzaron hacia la ejecución de la deportación.
El Gobierno ecuatoriano prevé trasladarlos en un vuelo con destino a Venezuela el martes. Mientras culmina el procedimiento, los cuatro permanecen en el aeropuerto de Guayaquil, específicamente en la sala destinada a personas inadmitidas.
Las autoridades aclararon que los ciudadanos no se encuentran detenidos ni retenidos. Según la explicación oficial, permanecen bajo vigilancia mientras concluye la ejecución de la medida y reciben alimentación durante su permanencia en el aeropuerto.
Nueva normativa regula el trabajo de los repartidores
El procedimiento migratorio ocurre pocos días después de que la Asamblea Nacional aprobara una reforma que incorpora nuevas reglas para el servicio de reparto a domicilio. La decisión legislativa modificó la normativa relacionada con transporte terrestre, tránsito y seguridad vial e incluyó disposiciones dirigidas a quienes trabajan como repartidores de alimentos y otros bienes de pequeño tamaño.
El pleno del Parlamento aprobó las reformas el jueves con 87 votos afirmativos. La normativa busca establecer reglas específicas para una actividad que ha adquirido presencia en las ciudades ecuatorianas mediante plataformas digitales y trabajadores que utilizan motocicletas, bicicletas y otros medios de transporte.
Uno de los principales cambios contempla la creación de un registro nacional de repartidores. A partir de esta disposición, quienes quieran prestar el servicio deberán inscribirse en ese mecanismo para ejercer la actividad dentro del marco establecido por las autoridades.
La reforma también asigna responsabilidades a las plataformas digitales que conectan a los usuarios con los repartidores. Además, incorpora estándares relacionados con la seguridad de quienes realizan entregas de alimentos o mercancías.
El debate legislativo incluyó igualmente disposiciones relacionadas con vehículos de micromovilidad, entre ellos los escúteres. De esta forma, la reforma busca actualizar las normas de tránsito frente a modalidades de transporte que han ganado espacio en las ciudades.
La aprobación parlamentaria, sin embargo, todavía no representa la entrada definitiva en vigor de todas las disposiciones. El proyecto debe pasar por la revisión del presidente Daniel Noboa, quien puede sancionarlo u objetarlo antes de su publicación en el Registro Oficial.
La coincidencia temporal entre la aprobación de la reforma y el caso de los cuatro venezolanos generó especial atención en redes sociales. El video difundido por los propios trabajadores muestra que conocían la discusión sobre la nueva normativa y que incluso hicieron comentarios sobre las posibles consecuencias de su situación.
No obstante, el Ministerio del Interior vinculó el proceso de deportación con razones de seguridad y con incumplimientos migratorios específicos. Por ello, las autoridades separaron el procedimiento de la simple condición de trabajar como repartidor.
La situación también muestra cómo las nuevas reglas para determinadas actividades económicas pueden interactuar con los controles migratorios. Para ejercer legalmente una ocupación regulada, los trabajadores extranjeros deben cumplir tanto con los requisitos correspondientes a la actividad como con las condiciones migratorias exigidas por el Estado.
En este caso, las autoridades señalaron que las irregularidades detectadas en los documentos y en los registros de ingreso tuvieron un peso determinante dentro del procedimiento.
Cuatro ciudadanos esperan su traslado a Venezuela
Los cuatro venezolanos permanecen en Guayaquil mientras las autoridades completan los pasos necesarios para ejecutar su salida del territorio ecuatoriano. El Ministerio del Interior indicó que la situación migratoria de los ciudadanos ya quedó resuelta después de las audiencias correspondientes.
La dependencia gubernamental insistió en que los hombres cuentan con asistencia legal y que las autoridades mantienen vigilancia durante su permanencia en el aeropuerto. También señaló que reciben alimentación mientras esperan el traslado.
El Gobierno ecuatoriano prevé realizar la deportación mediante un vuelo hacia Venezuela. Con ello, las autoridades buscan cerrar el procedimiento iniciado luego de analizar las condiciones migratorias y los elementos que, según el Ministerio del Interior, representan un riesgo para la seguridad.
El caso adquiere relevancia dentro de la política migratoria ecuatoriana porque combina tres factores: la situación documental de ciudadanos extranjeros, las medidas de seguridad y las nuevas regulaciones aplicables a determinados trabajadores.
La condición de repartidor no constituye por sí misma el motivo señalado por las autoridades para ejecutar la expulsión. El Ministerio del Interior identificó circunstancias particulares relacionadas con los cuatro ciudadanos, entre ellas el ingreso por lugares no autorizados y la falta de regularización migratoria durante varios años.
La precisión resulta importante en medio de un debate que puede generar interpretaciones distintas a partir del video publicado en redes sociales. Las imágenes muestran a los trabajadores hablando sobre la reforma aprobada por la Asamblea Nacional, pero la explicación oficial sitúa el origen de la deportación en cuestiones relacionadas con seguridad y situación migratoria.
El episodio también pone bajo atención las condiciones que deberán cumplir los repartidores extranjeros una vez que entre en vigor la nueva regulación. La creación de un registro nacional obligará a quienes desempeñen esta actividad a acreditar su condición ante las autoridades correspondientes.
Las plataformas digitales, por su parte, tendrán nuevas obligaciones dentro del sistema regulatorio. El objetivo declarado por la Asamblea Nacional consiste en establecer mayores controles y estándares de seguridad para una actividad que conecta diariamente a consumidores, comercios y trabajadores independientes.
Antes de que las nuevas disposiciones entren plenamente en aplicación, el presidente Daniel Noboa deberá decidir si sanciona u objeta el proyecto. Después de ese trámite, la publicación en el Registro Oficial determinará su entrada en vigencia conforme al procedimiento legal.
Mientras tanto, el caso de los cuatro venezolanos continúa su curso. Las autoridades ecuatorianas mantienen previsto su traslado hacia Venezuela y han presentado la medida como parte de sus acciones de control migratorio y seguridad.
El episodio vuelve a colocar en el centro del debate la situación de los ciudadanos extranjeros que trabajan en Ecuador y la necesidad de cumplir con las normas migratorias y laborales vigentes. También evidencia que las autoridades buscan reforzar los mecanismos de identificación y control mientras el país incorpora nuevas reglas para actividades como el reparto a domicilio.
NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY. pic.twitter.com/YtWLWyfwK2
— John Reimberg (@JohnReimberg) September 6, 2026
Con información de EFE
