El Gobierno del presidente Donald Trump pidió este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita continuar con las deportaciones rápidas de inmigrantes hacia países distintos de sus naciones de origen.
El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia ante el máximo tribunal después de que un tribunal federal de apelaciones bloqueara la aplicación acelerada de esta política. La decisión de una corte de apelaciones del Primer Circuito determinó que los inmigrantes deben recibir una oportunidad significativa para plantear posibles riesgos de persecución o tortura antes de ser enviados a un tercer país.
El Gobierno sostiene que la decisión judicial ha generado problemas logísticos en las operaciones de deportación, entre ellos la cancelación de vuelos y mayores costos, además de posibles dificultades diplomáticas con los países que aceptan recibir a personas que no son sus ciudadanos.
En el documento presentado ante la Corte Suprema, el procurador general D. John Sauer argumentó que las deportaciones a terceros países requieren acuerdos y coordinación con gobiernos extranjeros, por lo que las restricciones impuestas por los tribunales pueden afectar esas operaciones.
Según el Gobierno, una de las consecuencias de las recientes decisiones judiciales fue la cancelación de un vuelo que trasladaría a 70 personas con antecedentes penales hacia tres países diferentes.
Las llamadas deportaciones a terceros países se producen cuando una persona es enviada desde Estados Unidos hacia una nación que no es su país de origen. La Administración Trump ha recurrido a esta práctica especialmente en casos en los que el país de origen no acepta rápidamente el retorno del migrante o existen obstáculos para efectuar la deportación.
La disputa judicial no significa que las deportaciones a terceros países hayan sido prohibidas de manera absoluta. La decisión del tribunal de apelaciones permitió que continúen, pero estableció que los inmigrantes deben recibir aviso y una oportunidad para plantear objeciones relacionadas con posibles riesgos en el país de destino.
El Gobierno, sin embargo, sostiene que esos requisitos ralentizan las deportaciones y afectan acuerdos alcanzados con países dispuestos a recibir a migrantes deportados desde Estados Unidos.
La política ya había llegado anteriormente a la Corte Suprema. En 2025, los magistrados permitieron temporalmente que la Administración continuara con los traslados mientras avanzaba el litigio. Ahora, el Gobierno vuelve a solicitar la intervención del máximo tribunal para suspender las restricciones establecidas por los tribunales inferiores.
La Corte Suprema estableció que los abogados de los inmigrantes que cuestionan la política respondan a la solicitud del Gobierno antes del lunes. Por ahora, el debate se centra en qué procedimiento debe seguirse antes de enviar a una persona a un país con el que no tiene vínculos.
