Muchos latinoamericanos residentes en Estados Unidos sienten que su sueño de vivir en Norteamérica se desvanece ante las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la queja ha llegado a los representantes del partido republicano como María Elvira Salazar que manifestó su desacuerdo con la forma en que se están realizando las detenciones y deportaciones, ya que muchas personas detenidas en julio de 2026 no tenían antecedentes penales y advirtió que los hispanos que apoyaron a Trump en 2024 se sienten traicionados.
Para muchos migrantes, el problema no se limita a la aplicación de medidas migratorias, sino que también refleja una percepción de discriminación por nacionalidad y origen étnico.
Preocupaciones sobre ICE y el debido proceso
Diversos migrantes señalan que algunos operativos de ICE parecen no respetar plenamente los procesos legales. En particular, denuncian detenciones o acciones de control migratorio que, según ellos, afectan incluso a personas con permisos vigentes o con estancia legal en el país.
Desde la llegada de Trump al poder, las deportaciones formales habrían alcanzado una cifra récord cercana a 950 mil personas, de las cuales aproximadamente el 90% serían latinoamericanas. Aunque algunos consideran que una política migratoria más estricta era necesaria debido al desorden atribuido a la administración Biden y al aumento de la inseguridad en ciudades como Nueva York, Aurora-Colorado, Chicago, El Paso-Texas, la mayor preocupación es que la aplicación de estas medidas esté alcanzando también a migrantes regularizados.
Entre los países cuyos migrantes se ven más afectados por estas políticas destacan:
México, Guatemala, Honduras, Haití, El Salvador, Colombia, Cuba, Nicaragua, Ecuador y República Dominicana.
Elecciones de medio término de 2026: un riesgo político para Trump
El presidente Donald Trump y el Partido Republicano podrían enfrentar un escenario adverso en las elecciones de medio término de 2026, con el riesgo de perder el control del Congreso y varias gobernaciones. Históricamente, es poco común que el partido del presidente gane terreno en este tipo de comicios, aunque ha habido excepciones notables, como los casos de Franklin D. Roosevelt y George W. Bush, quienes lograron resultados favorables en ambas cámaras.
Antecedentes históricos recientes
Bill Clinton también consiguió una victoria política significativa en 1998: en medio del proceso que conduciría a su juicio político, el Partido Demócrata ganó escaños en la Cámara de Representantes, aunque continuó siendo minoría.
En otros casos recientes, los resultados fueron mixtos o negativos para el partido en el poder. Donald Trump perdió la Cámara de Representantes en 2018, aunque los republicanos fortalecieron su posición en el Senado. Joe Biden perdió por poco la Cámara en 2022, pero su partido mejoró su desempeño en el Senado. Barack Obama, por su parte, perdió escaños en las elecciones de medio término de 2010 y 2014.
La elección de medio término de 2026 aún no se ha celebrado; está prevista para el 3 de noviembre de 2026, en ese contexto, que el partido del presidente gane escaños en la Cámara de Representantes constituiría una excepción histórica poco frecuente.
Factores que podrían influir en el voto
Las posibles causas de un desgaste electoral en 2026 no se limitan a la guerra con Irán. También podrían influir otros factores económicos, sociales y políticos que afectan directamente a los votantes: La inflación y el alto costo de los alimentos, el aumento del precio de la atención médica, la vivienda, la electricidad y la gasolina, la percepción de que los salarios no compensan la subida general de precios, la preocupación por las tasas de interés, las hipotecas y el desempleo, el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, la persecución migratoria y la posible falta de mano de obra en sectores clave.
Los latinos y grupos minoritarios migrantes tienen muchas quejas en contra ICE las más frecuentes son las siguientes: Detenciones sin explicación clara o sin orden judicial, también denuncian arrestos en domicilios, lugares de trabajo, tribunales o espacios públicos sin que los agentes expliquen suficientemente el motivo. ICE utiliza órdenes administrativas como los formularios I-200 e I-205, pero estas no equivalen a una orden judicial para ingresar por la fuerza a una vivienda privada.
Personas latinas y otras minorías afirman haber sido interrogadas por su apariencia, acento, idioma, ocupación o por encontrarse en lugares frecuentados por migrantes, han denunciado detenciones equivocadas de residentes legales y ciudadanos estadounidenses. En distintos casos, estas prácticas han dado lugar a demandas judiciales por presuntas detenciones sin sospecha individualizada.
Agentes encapuchados o sin identificación visible: Una queja creciente es que algunos operativos son realizados por agentes con el rostro cubierto, vehículos sin identificación o uniformes que no permiten reconocer claramente a qué autoridad pertenecen. Esto produce temor, dificulta presentar denuncias y puede hacer que una detención parezca un secuestro.
Uso excesivo de la fuerza: Existen denuncias de personas derribadas, esposadas violentamente, apuntadas con armas o sometidas físicamente, incluso cuando no ofrecían resistencia. También se cuestiona la detención de familiares, trabajadores o transeúntes durante operativos dirigidos contra otra persona, conocidas como “detenciones colaterales”.
Falta de debido proceso: Los migrantes se quejan de no entender los documentos que les hacen firmar, recibir información insuficiente sobre su caso, ser presionados para aceptar una salida o deportación, no disponer oportunamente de intérprete, no tener tiempo para poder reunir pruebas o comunicarse adecuadamente con su abogado.
En los procedimientos migratorios existe derecho a contratar abogado, pero, por regla general, el gobierno no tiene obligación de proporcionar uno gratuitamente, a diferencia de muchos procesos penales.
Traslados dolosos lejos de la familia y del abogado: ICE puede trasladar a una persona a otro estado sin aviso, esto rompe la comunicación familiar, dificulta localizarla, puede impedir su defensa y que continúe trabajando con el abogado que ya conocía su caso.
Detención prolongada y dificultades para obtener libertad: Algunas personas permanecen detenidas durante meses mientras se decide su deportación, asilo o solicitud de fianza, se cuestiona que la detención migratoria, que jurídicamente es de naturaleza civil, termine funcionando en condiciones semejantes a una prisión penal.
Malas condiciones en los centros de detención, las quejas recurrentes comprenden: Hacinamiento, falta de higiene y agua potable, alimentación insuficiente o inadecuada, temperaturas excesivamente frías, escaso acceso al aire libre, falta de privacidad, problemas para comunicarse telefónicamente, sistemas de quejas poco eficaces.
La propia Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional ha documentado en diferentes inspecciones incumplimientos relacionados con atención, seguridad, comunicación y sistemas internos de reclamación, inspector General del Derechos Humanos.
Atención médica y psicológica deficiente: Migrantes señalan retrasos para recibir medicamentos, diagnósticos, tratamiento de enfermedades crónicas o atención de emergencias. También existen quejas sobre falta de atención psicológica, especialmente para personas con trauma, depresión o riesgo de suicidio, el inspector general ha reconocido que algunos centros no cumplen plenamente las normas médicas establecidas. Informe del Inspector General.
Separación familiar y afectaciones a menores: La detención o deportación de padres puede dejar a niños, incluso ciudadanos estadounidenses separados de sus cuidadores, las familias también denuncian falta de información sobre el paradero de sus parientes y dificultades para despedirse o coordinar la custodia de los hijos.
Temor a denunciar delitos o acudir a servicios públicos: Los operativos de ICE generan miedo a presentarse ante tribunales, hospitales, escuelas, iglesias o dependencias gubernamentales. Organizaciones comunitarias sostienen que esto puede provocar que víctimas de violencia, explotación laboral o trata no denuncien los hechos.
Es importante precisar que no todas estas denuncias implican automáticamente una actuación ilegal, ICE sostiene que sus centros y operativos están sujetos a normas de detención, supervisión y mecanismos de queja. Sin embargo, algunas acusaciones han sido confirmadas por inspectores gubernamentales o tribunales, mientras que otras continúan bajo investigación o litigio, como las normas nacionales de detención de ICE.
El voto latino republicano y el desencanto con la política migratoria
Aunque existe un sector de migrantes naturalizados y latinos nacidos en Estados Unidos que se identifica con el Partido Republicano y apoya a Donald Trump, ese respaldo no es incondicional. En muchos casos, ese apoyo se explica por una política más activa contra dictaduras y gobiernos populistas de izquierda de los que muchos huyeron años atrás, así como por el rechazo al desorden con el que, la administración Biden manejó la migración.
Además, muchos migrantes que han pasado años cumpliendo requisitos para obtener la nacionalidad, pagando impuestos y respetando las normas, no respaldan una migración descontrolada. Sin embargo, el hecho de que ICE esté persiguiendo también a personas con permisos temporales, solicitudes de asilo, con años de residencia en el país, familias establecidas y empleos calificados en áreas como salud, computación y construcción, ha comenzado a generar malestar entre latinos y otras minorías con peso electoral.
Consultamos al abogado experto en materia migratoria Javier Montaño Miranda, director de Montano Miranda Law Office, con sede en Miami, para que nos explicara qué deben tomar en cuenta los migrantes ante una emergencia en la que sean detenidos por ICE. Nos comentó:
“Es muy preocupante lo que está ocurriendo con las detenciones de migrantes, específicamente de personas que se encuentran en procesos de asilo. Las autoridades envían a los migrantes a centros de detención ubicados en otros estados porque, según señalan, no tienen capacidad para recibir a más personas. Es importante que los migrantes cuenten con una carpeta que contenga toda la documentación legal relacionada con sus trámites migratorios y que memoricen los números telefónicos de su abogado y de un familiar, a fin de comunicarse con ellos cuando se les permita. Bajo ninguna circunstancia deben oponer resistencia ni recurrir a ningún tipo de violencia. Al parecer, parte del personal de ICE no cuenta con la capacitación ni el entrenamiento suficientes, lo que puede poner en riesgo la seguridad del migrante”.
Venezuela, Cuba y la frustración de los votantes exiliados
A ese desencanto se suman otros factores de política exterior. La lentitud frente a la dictadura cubana y los pactos petroleros con sectores vinculados al interinato chavista de los hermanos Rodríguez han aumentado la frustración de muchos venezolanos. La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, que en un principio pudo generar expectativas, terminó convirtiéndose en frustración para quienes ven que el chavismo sigue gobernando Venezuela con figuras como Diosdado Cabello.
Muchos venezolanos sienten que salieron de una dictadura para enfrentar otra realidad autoritaria. Aunque el régimen actual pueda considerarse menos violento en materia de derechos humanos, sigue siendo una dictadura en un país donde ni siquiera existe hoy un sistema eléctrico aceptable.
Escenarios que podrían cambiar la intención de voto
En este contexto, los únicos escenarios que podrían revertir parcialmente la pérdida de apoyo serían resultados políticos o internacionales de gran impacto, como los siguientes: Que Trump lograra avanzar de forma decisiva hacia la paz en Ucrania. Que ganara la guerra contra Irán y, al mismo tiempo, bajaran los precios del petróleo. Que interviniera en Cuba para impulsar un nuevo interinato ajeno al régimen, con una fecha cercana para elecciones libres. Que estableciera en octubre una fecha concreta para elecciones presidenciales en Venezuela, lo que podría recuperar parte del voto venezolano.
Sin embargo, todos estos escenarios parecen poco probables. Incluso una eventual convocatoria electoral en Venezuela podría ayudar a recuperar algo del voto venezolano, pero no sería suficiente por sí sola para revertir el desgaste político general quizás la captura de Diosdado Cabello mejoraría los ánimos de los votantes venezolanos americanos que pueden llegar a ser más de 200 mil.
Demasiados frentes abiertos y un clima de incertidumbre
Los frentes de conflicto abiertos son numerosos: Canadá, la Unión Europea, China, Rusia, Irán, Brasil y México, además de temas como los aranceles, el petróleo y la inteligencia artificial. En un mundo convulso, marcado por cambios diarios, resulta difícil para una compañía estadounidense —o de cualquier otro país— planificar a mediano plazo cuando no sabe qué puede ocurrir la semana siguiente.
Trump se ha vuelto difícil de predecir, un día anuncia una postura y al siguiente puede modificarla. Su estilo directo, muchas veces alejado de la cautela habitual de los políticos, ya no sorprende a todos, pero sí genera un discurso que en ocasiones resulta cruel, ofensivo y conflictivo. Vivimos tiempos de mucho ruido político; no son tiempos de paz.
A mi entender, parte de este desorden también proviene de la falta de liderazgo de Estados Unidos durante la era Biden, que permitió que dictaduras y gobiernos populistas actuaran con mayor libertad. Trump llegó con la intención de imponer cierto orden, pero, como suele ocurrir, se excedió, y no se debe restaurar el orden violando derechos humanos.
Deportaciones a terceros países: el caso de Liberia
La administración Trump firmó un acuerdo para que Liberia, en África occidental, reciba a 1,200 personas deportadas que no son nacionales de ese país, principalmente latinoamericanas y caribeñas. La medida responde a que algunos países de origen no reciben a sus ciudadanos, retrasan la documentación necesaria o limitan los vuelos de deportación. En estos casos, Estados Unidos busca expulsar a esas personas hacia un tercer país, una práctica que durante años también aplicó con México respecto de migrantes con protección judicial contra el retorno a sus países de origen, especialmente venezolanos.
Liberia aceptó el convenio a cambio de 5 millones de dólares destinados a programas de gestión migratoria. El primer vuelo llegó en agosto con 20 personas, quienes podrían solicitar asilo en Liberia o trasladarse posteriormente a un tercer país. Según Reuters, se trató de un vuelo de Eastern Airlines en un Boeing 767 que partió el 20 de agosto desde Luisiana, hizo escala en Dakar, Senegal, y llegó a Monrovia, Liberia. Aunque el vuelo transportó solo a 20 deportados, su costo pudo rondar los 600 mil dólares.
Esto plantea una pregunta relevante: ¿por qué no se recurrió a México como tercer país, si el traslado habría sido menos costoso y los migrantes habrían tenido mayores posibilidades de desplazarse hacia países donde ya cuentan con familiares o redes de apoyo?
Mientras a los venezolanos se les envía a Liberia, la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez —quien fue socia de Nicolás Maduro— continúa en la presidencia del país en calidad de usurpadora, sin haber sido nombrada legítimamente y sin que exista una fecha clara para la celebración de elecciones. Seguimos esperando una transición lenta, mientras el aparato represivo chavista permanece intacto en Venezuela.
Para mayor asombro, la mandataria interina intervino en la Asamblea General de la ONU el pasado 23 de septiembre en Nueva York su anuncio principal fue que habrá elecciones en Venezuela sin señalar una fecha. Su presencia se suma al precedente de otros líderes autoritarios que han utilizado ese foro internacional, como Fidel Castro en 1960, Hugo Chávez en 2006, Muamar Gadafi en 2009, Aleksandr Lukashenko en 2015, Robert Mugabe en 2017 y Nicolás Maduro en 2018 entre otros.
Resulta cuestionable que personas señaladas por abusos, autoritarismo o graves violaciones de derechos humanos e institucionales tengan presencia y derecho de palabra en una asamblea de la ONU. En el plano internacional, esta situación refuerza la percepción de que, en lugar de defender la justicia, ciertos espacios terminan legitimando formas de injusticia institucionalizada.
Francisco J. D´Angelo Ohep es un abogado venezolano, con más de 20 años exiliado en México, miembro fundador y director legal de Venemex (Asociación de Venezolanos en México AC), autor del libro: “La Guerra Hibrida por la Democracia” 2026, Master en Derecho Internacional por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Venemex.org
