La organización no gubernamental Provea exigió este miércoles 2 de septiembre que las autoridades actualicen el balance de muertos por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. La cifra oficial permanece en 6.509 fallecidos desde el 24 de agosto, mientras crece la incertidumbre sobre el número real de desaparecidos y las iniciativas ciudadanas reportan casos que no figuran en un registro público.
“Las autoridades interinas tienen más de una semana sin actualizar el número de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela, cuya última cifra fue de 6.509 víctimas”, denunció Provea mediante una publicación en su cuenta de X.
El último informe gubernamental elevó el balance en 71 decesos con respecto al reporte anterior. Para ese momento habían transcurrido exactamente dos meses desde los movimientos telúricos de magnitudes 7,2 y 7,5 que golpearon principalmente a La Guaira y otras zonas del norte del territorio nacional.
La ONG también centró su reclamo en la falta de información sobre quienes continúan sin localizar. Las autoridades informaron el 25 de junio, un día después del desastre, que 157 personas permanecían desaparecidas. Sin embargo, no modificaron públicamente ese dato durante los 69 días siguientes.
Provea advirtió que ciudadanos y organizaciones independientes han recopilado denuncias sobre miles de personas cuyo paradero sigue sin determinarse. No obstante, Venezuela carece actualmente de una plataforma pública que permita verificar los nombres, contrastar los reportes y conocer cuáles casos resolvieron las autoridades.
Muertos por los terremotos siguen en 6.509 según el balance oficial
El número de fallecidos aumentó durante los dos meses posteriores al doble terremoto a medida que los equipos de emergencia recuperaban cuerpos, las autoridades identificaban víctimas y algunos heridos morían debido a la gravedad de sus lesiones. El Gobierno interino divulgó su actualización más reciente el 24 de agosto, cuando situó la cifra en 6.509.
Desde esa fecha, los organismos responsables no han publicado un nuevo consolidado. La ausencia de información impide determinar si el balance continúa sin cambios o si existen casos pendientes de incorporación.
El incremento de 71 muertes incluido en el último reporte muestra que las cifras todavía podían variar dos meses después de la tragedia. Por esa razón, Provea considera necesario que el Estado mantenga una actualización continua y explique los criterios que utiliza para sumar cada caso.
El doble sismo causó un impacto especialmente grave en La Guaira, donde el colapso de edificaciones, los deslizamientos y los daños en zonas urbanas dejaron numerosas víctimas. Otras regiones del centro y norte del país también sufrieron afectaciones que obligaron a desplegar equipos de rescate y asistencia.
La magnitud de la emergencia dificulta la consolidación de un balance definitivo. Las autoridades deben comparar las denuncias familiares con los registros hospitalarios, forenses y de protección civil. También necesitan evitar duplicaciones cuando varias personas reportan a un mismo desaparecido.
Estas dificultades técnicas pueden retrasar los resultados, pero no eliminan la obligación de ofrecer información periódica. Un reporte oficial debería indicar cuántos casos ingresaron al registro, cuáles recibieron una respuesta y cuántos permanecen bajo investigación.
La publicación regular de los datos también permite que las familias conozcan el avance de las búsquedas. Cuando el Estado guarda silencio durante períodos prolongados, los ciudadanos dependen de listas informales, publicaciones en redes sociales y comunicaciones entre comunidades.
Provea pidió evitar esa dispersión. La organización reclamó que las instituciones centralicen los datos y los mantengan disponibles para la consulta pública, sin exponer información sensible de las víctimas o sus familiares.
El número de 6.509 fallecidos dimensiona la gravedad del desastre, pero no explica por sí solo cómo evolucionó la emergencia. Un balance detallado podría incluir la distribución geográfica de las muertes, la cantidad de personas identificadas y el número de cuerpos que todavía esperan confirmación.
La cifra de desaparecidos no cambia desde el 25 de junio
La falta de actualización sobre las personas desaparecidas genera todavía más preocupación. El último dato oficial, difundido un día después de los terremotos, registró 157 casos. Desde entonces transcurrieron más de dos meses sin que las autoridades comunicaran una variación.
“Y más de 69 días sin actualizar la cifra de desaparecidos: apenas 157 reportadas el 25 de junio”, señaló Provea.
La organización destacó la contradicción entre ese número y las denuncias recopiladas mediante iniciativas ciudadanas. Estos proyectos independientes aseguran que miles de personas continúan con paradero desconocido, pero no cuentan con acceso a una base oficial para confirmar la información.
“Iniciativas ciudadanas han denunciado miles de personas con paradero desconocido, sin que exista un registro público que respalde”, agregó la ONG.
La diferencia entre las 157 desapariciones reconocidas inicialmente y los miles de reportes mencionados por grupos ciudadanos requiere una revisión institucional. Sin un sistema común, resulta imposible establecer cuántos avisos corresponden a casos vigentes, cuántos se repiten y cuántas personas ya aparecieron.
Después de una catástrofe, una persona puede figurar temporalmente como desaparecida porque perdió su teléfono, se trasladó a un refugio o recibió atención en un centro hospitalario distinto al que conocen sus familiares. Otras permanecen bajo escombros o no cuentan con documentos que faciliten su identificación.
Un registro centralizado permitiría cruzar esas variables y depurar los listados. Las autoridades podrían integrar la información de hospitales, morgues, refugios, cuerpos de seguridad, Protección Civil y organizaciones comunitarias. Los familiares, por su parte, tendrían un canal oficial para aportar datos o consultar los avances.
La actualización también debe diferenciar claramente entre personas fallecidas, heridas, localizadas y aún desaparecidas. Sin esa separación, los números pueden causar confusión y aumentar la angustia de quienes todavía buscan a un ser querido.
Provea no presentó una estimación propia consolidada. La ONG señaló la existencia de denuncias ciudadanas y pidió que el Estado construya una herramienta capaz de verificarlas. De esta forma, evitó asumir como definitiva una cifra independiente que todavía necesita comprobación.
El reclamo adquiere mayor relevancia porque el tiempo reduce las posibilidades de encontrar supervivientes y complica las investigaciones. Cada día sin un sistema actualizado puede provocar que nuevos testimonios, fotografías o datos importantes queden dispersos.
Provea recuerda que la información forma parte de la respuesta estatal
La organización cerró su pronunciamiento con una exigencia dirigida a las instituciones venezolanas: publicar de manera continua los balances de fallecidos y desaparecidos. “La información salva vidas y es una obligación del Estado”, sostuvo.
El acceso a datos confiables cumple varias funciones durante una emergencia. Ayuda a orientar las búsquedas, permite distribuir recursos y facilita la coordinación entre organismos públicos, voluntarios y familiares. También reduce los rumores que aparecen cuando las autoridades no comunican resultados con regularidad.
Un balance actualizado no debería limitarse a una cifra general. La información necesita explicar cuándo se produjo el corte, qué instituciones aportaron los datos y cómo procesaron los reportes. Esa metodología permitiría comprender las variaciones y evitar interpretaciones equivocadas.
La transparencia también contribuye a evaluar la respuesta posterior al desastre. Las organizaciones humanitarias necesitan conocer las zonas con más víctimas y familias afectadas para planificar la ayuda. Los gobiernos locales requieren datos precisos para organizar refugios, atención sanitaria y acompañamiento psicológico.
Los registros cumplen además una función histórica y judicial. El país necesita documentar el alcance de la tragedia, preservar la identidad de las víctimas y determinar si fallas estructurales o administrativas aumentaron las consecuencias de los terremotos.
Las autoridades pueden proteger la privacidad de los familiares y, al mismo tiempo, publicar datos generales. No resulta indispensable difundir toda la información personal para ofrecer un balance verificable. Basta con establecer categorías claras, actualizar los totales y habilitar canales seguros de consulta.
Provea concentró su crítica en la interrupción de las actualizaciones y no solo en la cantidad registrada. La organización considera que el silencio oficial impide conocer la evolución real de una emergencia que todavía afecta a miles de familias.
La demanda también busca que los ciudadanos no dependan exclusivamente de redes sociales para encontrar información. Aunque estas plataformas ayudan a difundir fotografías y solicitudes de búsqueda, no pueden sustituir la capacidad del Estado para cruzar bases de datos, validar identidades y coordinar investigaciones.
Más de dos meses después del doble terremoto, Venezuela todavía no cuenta con un balance definitivo. La cifra de 6.509 fallecidos permanece sin cambios desde el 24 de agosto, mientras el registro de 157 desaparecidos conserva el mismo número anunciado el día posterior al desastre.
El próximo informe oficial deberá aclarar si aparecieron nuevas víctimas, cuántas personas continúan sin localizar y cómo procesan las instituciones los reportes ciudadanos. También tendrá que explicar la diferencia entre los datos gubernamentales y las denuncias que hablan de miles de casos.
Hasta entonces, el reclamo de Provea mantiene abierta una pregunta fundamental sobre la dimensión humana de la tragedia. Las familias no solo necesitan asistencia material y reconstrucción; también requieren respuestas verificables sobre quienes murieron y quienes todavía no regresan a casa.
Las autoridades interinas tienen más de una semana sin actualizar el número de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela, cuya última cifra fue de 6.509 víctimas.
Y más de 69 días sin actualizar la cifra de desaparecidos: apenas 157 reportadas el 25 de junio.
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— PROVEA (@_Provea) September 2, 2026
