Tribunal de EE. UU. decidirá si investiga por desacato a la Administración Trump por deportaciones a El Salvador

Un tribunal federal de apelaciones de Washington D. C. evaluará este martes si un juez puede continuar una investigación por desacato penal contra la Administración de Donald Trump, relacionada con la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador en marzo de 2025.

El caso se remonta al 15 de marzo de ese año, cuando el Gobierno estadounidense deportó a unos 238 migrantes, en su mayoría venezolanos, al Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT), en El Salvador. La operación se realizó bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, sin que los afectados tuvieran acceso previo al debido proceso.

El juez federal James Boasberg había ordenado detener los vuelos y devolver los aviones a Estados Unidos. Sin embargo, las aeronaves continuaron su trayecto y los migrantes terminaron recluidos en el CECOT.

Aunque el Tribunal Supremo anuló posteriormente la orden de Boasberg, el magistrado mantuvo abierta una investigación para determinar si el Gobierno había desobedecido deliberadamente sus instrucciones. En abril de 2025, consideró que existían motivos para investigar un posible desacato penal.

En abril de 2026, un panel de apelaciones ordenó detener la investigación. Ahora, los 11 jueces del Circuito de Columbia revisarán esa decisión y determinarán si Boasberg puede continuar con el proceso.

Si autorizan la investigación, la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem podría quedar bajo escrutinio por su presunta responsabilidad en la continuación de los vuelos, pese a la orden judicial.

El caso también ha generado cuestionamientos sobre las deportaciones. Una investigación de The New York Times reveló que, de los 238 migrantes enviados al CECOT, solo 32 tenían antecedentes penales graves y una cantidad menor tenía vínculos con el Tren de Aragua.

Los venezolanos recluidos en esa prisión fueron posteriormente deportados a Venezuela. Mientras tanto, otro tribunal de apelaciones analiza si los afectados tienen derecho a audiencias para impugnar su expulsión y demostrar que no pertenecían a organizaciones criminales.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad