El Gobierno colombiano anunció que cerrará en dos meses la zona temporal en Putumayo, ubicada en la vereda Betania del municipio Valle del Guamuez, pese a una decisión judicial que suspendió su terminación durante seis meses. Allí permanecen 58 excombatientes, según el reporte de Caracol Radio.
El comisionado de paz encargado, Carlos Andrés Ríos, defendió ese plazo durante una sesión de la Comisión Legal de Paz del Congreso. El funcionario sostuvo que el Ejecutivo carece del presupuesto necesario para prolongar el funcionamiento del espacio.
Zona temporal en Putumayo enfrenta dos plazos distintos
El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís resolvió una tutela presentada por 62 exintegrantes de los Comandos de Frontera. La sentencia exige que la Presidencia concrete un plan coordinado de cierre y que la Fiscalía avance en la definición de sus situaciones jurídicas durante el semestre de suspensión.
Ríos cuestionó el uso de acciones judiciales para extender la permanencia del lugar. “Nos vamos a dar los dos meses no más”, afirmó. Su declaración mantiene la diferencia entre el calendario gubernamental y el periodo de protección que estableció el juzgado.
La falta de recursos sostiene la posición oficial
El funcionario aseguró que la limitación presupuestaria impide mantener las instalaciones durante el tiempo que dispone el fallo. También rechazó lo que considera una instrumentalización de los jueces para frenar las decisiones del Ejecutivo.
El Gobierno ya había expedido una resolución que trasladaba la terminación del espacio al 3 de diciembre y fijaba la salida de sus ocupantes, a más tardar, para el 30 de noviembre. Esa ampliación precedió a la sentencia de tutela.
La salida requiere garantías de seguridad y reincorporación
El juzgado encontró que la hoja de ruta oficial necesitaba mayor articulación institucional y socialización con los afectados. Varias entidades señalaron que no participaron en su elaboración, mientras la Fiscalía advirtió que faltaban condiciones documentadas para adelantar sus actuaciones.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó sobre dificultades de atención médica y riesgos durante los traslados, incluidas posibles represalias contra los excombatientes y sus familias. La decisión exige que las autoridades preparen una salida que preserve sus derechos y permita continuar el tránsito a la vida civil.
