La jueza Analisa Torres, nueva responsable del proceso judicial contra Nicolás Maduro en Nueva York, tiene un vínculo personal con Venezuela. Un anuncio que The New York Times publicó el 17 de octubre de 1982 informó de su compromiso matrimonial con Constantino Ramón Argimon, un venezolano cuya familia vivía en Caracas.
Un compromiso que salió en la sección de sociedad
La nota presentó a Torres como hija del juez Frank Torres y de Yolanda Márquez Torres, quienes hicieron pública la noticia. La pareja planeaba casarse en agosto de 1983, aunque el texto no precisó el lugar de la ceremonia.
En aquel momento, Torres cursaba el segundo año de Derecho en la Universidad de Columbia. Antes se había graduado magna cum laude en Harvard College y había recibido en 1980 una beca de investigación del Centro de Asuntos Internacionales de Harvard.
Argimon había estudiado en el Colegio San Ignacio de Loyola, en Río Piedras (Puerto Rico), y en Yale College. Cuando salió el anuncio, cursaba un posgrado en Economía en la Universidad de Massachusetts, en Amherst. Su padre trabajaba como ingeniero civil en Proyecfin de Venezuela, S.A., una contratista de Caracas, y su madre era ceramista.
De Hellerstein a Torres
Torres asumió el expediente contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, el miércoles 28 de octubre. El tribunal le asignó el caso después de la muerte del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien dirigía el proceso desde 2020.
Nacida en Nueva York en 1959 y de ascendencia puertorriqueña, Torres integra el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York desde 2013, cuando el presidente Barack Obama la nominó. Antes ejerció como jueza penal y civil en la ciudad y como magistrada de la Corte Suprema estatal.
Su perfil incluye otro contacto con el país: según reportes de prensa estadounidense, integró una delegación internacional de observación en las elecciones presidenciales venezolanas de 2006.
Los próximos pasos del proceso
El juicio contra Maduro y Flores sigue previsto para junio de 2027. En diciembre, Torres presidirá una audiencia sobre las solicitudes de la defensa, que pide desestimar la acusación por inmunidad soberana.
El compromiso de 1982 pertenece al pasado personal de la magistrada y no altera por sí solo el curso del caso. Sin embargo, aporta contexto sobre la jueza que ahora conducirá uno de los procesos más seguidos por la diáspora venezolana.
