El medio de investigación estadounidense ProPublica reveló el 20-21 de octubre de 2026 los términos de un acuerdo de asociación estratégica de 18 páginas relacionado con el pacto petrolero anunciado en agosto por Donald Trump como “el más grande de la historia mundial”.
El documento, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth por el lado estadounidense, y por Alejandro Betancourt y Orlando Alvarado (por la empresa matriz registrada en Barbados) por el lado de North American Blue Energy Partners (NABEP), otorga a Estados Unidos una participación del 35 % en la compañía controlada por el empresario venezolano. El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez otorgó a NABEP concesiones sobre 17 campos con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles; ella calificó el arreglo de “histórico” y defendió la soberanía venezolana sobre los recursos, aunque el texto del acuerdo revisado por ProPublica prioriza cláusulas que favorecen los intereses de Washington y blindan la posición de Betancourt.
Entre los detalles más relevantes, el acuerdo permite a Estados Unidos comprar el 20 % de la producción de NABEP a un precio de 30 dólares por barril (menos de un tercio del precio de mercado reciente), con prioridad de compra sobre el resto de la producción durante 50 años y derecho a adquirir toda la producción en caso de emergencia nacional. La participación estadounidense se obtiene a través de warrants a un centavo por acción, sin desembolso inicial y con vigencia de hasta 75 años.
Se establece una junta directiva de siete miembros por un período inicial de 15 años, con mayoría de ciudadanos estadounidenses y un observador estadounidense sin voto; no hay garantía de asiento para el gobierno venezolano. Destituir a Betancourt como CEO requiere el voto de cinco de los siete miembros. Las disputas se resuelven bajo ley estadounidense en un tribunal federal del Distrito Norte de Texas. El documento está clasificado como “sensible” e incluye una cláusula de confidencialidad que impide a la empresa divulgar su existencia y términos. La matriz en Barbados dificulta la identificación pública de todos los propietarios e inversores.
ProPublica señala que el texto no establece una obligación explícita de que NABEP pague a Venezuela los aproximadamente 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos que la Casa Blanca ha anunciado como beneficio para el país. El papel del gobierno venezolano y los beneficios concretos para la población aparecen de forma limitada o ausente en el documento. Además, mientras Washington y comunicados oficiales hablan de concesiones de hasta 100 años, la legislación venezolana limita los plazos de explotación a 25 años (con posibles prórrogas); Delcy Rodríguez ha afirmado públicamente que el marco se ajusta a los 25 años. El precio de 30 dólares no incluye los costos de diluyentes necesarios para el crudo pesado venezolano, lo que puede reducir el atractivo real del descuento. NABEP sostiene que gran parte de su producción requiere poca o ninguna mezcla y que los costos no afectan de forma significativa la economía del proyecto.
El acuerdo forma parte del esquema anunciado a finales de agosto de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro en enero. NABEP, fundada en 2024 y ya productora de alrededor de 200.000 barriles diarios (segunda privada del país), opera bajo contratos de participación productiva. Betancourt, de 46 años, ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero en Estados Unidos, Suiza, España y otros países vinculadas a negocios de la era chavista, aunque no ha sido condenado; él y NABEP califican las acusaciones de infundadas. Delcy Rodríguez ha defendido la selección de la empresa por su historial operativo incluso bajo sanciones. La Casa Blanca y NABEP destacan inversiones previstas cercanas a 100.000 millones de dólares, creación de empleo y estabilización económica; críticos de la oposición venezolana y demócratas en el Congreso estadounidense cuestionan la opacidad, la capacidad de la empresa y la elección del socio.
Sobre la autenticidad, ProPublica afirma haber revisado una copia del documento firmado. El carácter confidencial explica por qué no se había publicado antes. Medios como El Pitazo, Infobae y otros han recogido la investigación sin que se hayan presentado desmentidos formales sobre la existencia del texto. César Batiz, director de El Pitazo, ha señalado en el programa Punto y Contexto que el acuerdo dificulta la remoción de Betancourt y que las elecciones de medio término en Estados Unidos del 3 de noviembre podrían influir en su futuro, ya que un cambio de control del Congreso podría generar mayor escrutinio. NABEP y funcionarios estadounidenses han defendido la diligencia debida y los beneficios mutuos; la empresa mantiene que ni Betancourt ni Alvarado han sido acusados de delito alguno.
En resumen, el documento de 18 páginas confirma un esquema que da a Estados Unidos acceso preferencial, control de gobernanza y protecciones de largo plazo a NABEP y a Betancourt, mientras deja sin garantía contractual explícita los grandes ingresos fiscales prometidos a Venezuela. Las implicaciones políticas y jurídicas siguen abiertas, especialmente ante posibles cambios de gobierno en Washington o Caracas y ante el debate sobre la legalidad de plazos y la transparencia de los socios.
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