Hay jornadas que revelan la dimensión moral de un pueblo. El 22 de octubre de 2023 fue una de ellas. Dentro y fuera de Venezuela, ciudadanos separados por la distancia, unidos por una misma aspiración, decidieron organizarse para recuperar el derecho a escoger su destino.
Las elecciones primarias fueron mucho más que una competencia entre dirigentes. Constituyeron una respuesta cívica al desaliento, una afirmación de soberanía frente al autoritarismo y una demostración de que la sociedad venezolana conservaba capacidad de organización, conciencia democrática y voluntad de cambio.
Desde el exilio vivimos aquella jornada con una emoción difícil de describir. Quienes habíamos salido del país llevábamos con nosotros las ausencias, las familias divididas y el dolor del desarraigo. Pero también conservábamos una convicción: la distancia no extingue la ciudadanía ni cancela el compromiso con la libertad.
Miami: una expresión de la Venezuela que queremos
En el Miami Dade College, West Campus, esa convicción se convirtió en trabajo.
Como secretario del Comité Local de Primarias de Miami, acompañando a Óscar López en la coordinación general, fui testigo del esfuerzo de dirigentes políticos, organizaciones ciudadanas, voluntarios, miembros de mesa y colaboradores que pusieron sus capacidades al servicio de una causa compartida.
Hubo reuniones, planificación, responsabilidades distribuidas, dificultades que resolver y recursos que conseguir. Hubo, sobre todo, personas dispuestas a trabajar sin otra recompensa que contribuir al rescate democrático de Venezuela.
Las 71 mesas electorales expresaron una organización construida desde la sociedad. Detrás de cada una había preparación, compromiso y ciudadanos conscientes de la responsabilidad que asumían.
Al comenzar la jornada, el Himno Nacional reunió nuestras emociones. En cada elector había una historia: la de quienes dejaron padres en Venezuela, la de quienes criaban hijos lejos de su tierra, la de quienes deseaban regresar y la de quienes se negaban a aceptar que el país estuviera condenado a perderse.
Me correspondió participar en la transmisión de la totalización a Caracas. Más allá de su dimensión operativa, aquel acto representaba la entrega de una confianza: cada voto debía ser contado y cada voluntad respetada.
Esa fue nuestra contribución desde Miami a una epopeya nacional y mundial. La diáspora demostró que seguía siendo parte viva de Venezuela.
Un mandato que encontró obstáculos, pero conservó su fuerza
La victoria de María Corina Machado en las primarias expresó una decisión inequívoca sobre la conducción política del cambio. Aquella elección ciudadana no confería todavía la Presidencia de la República; confería un mandato para encabezar democráticamente la búsqueda de una alternativa.
Esa distinción importa. Precisamente porque respetamos las instituciones, debemos explicar con rigor el significado de cada decisión popular.
La posterior exclusión de Machado de la elección presidencial impidió que los venezolanos votaran por quien habían escogido en las primarias. El poder utilizó las restricciones institucionales para cerrar una posibilidad que la ciudadanía había abierto.
Sin embargo, la voluntad de cambio encontró continuidad en Edmundo González Urrutia. Con el respaldo de Machado y de una amplia movilización nacional, su candidatura reunió las expectativas de quienes persistían en una salida electoral y pacífica.
El 28 de julio de 2024 volvió a ponerse a prueba la relación entre el voto y el poder. Las actas y su verificación se convirtieron en el centro de la controversia. El Centro Carter concluyó que el proceso no cumplió los estándares internacionales de integridad electoral y que no podía considerarse democrático.
La gravedad de lo ocurrido trasciende una disputa entre candidatos. Cuando las autoridades proclaman resultados sin ofrecer la transparencia necesaria para verificarlos, quebrantan la confianza en la institución que debe proteger la decisión ciudadana.
Para quienes sostenemos que las actas respaldan la victoria de Edmundo González, el reclamo sigue siendo esencial: reconocer la voluntad expresada por los electores. Su salida al exilio profundizó la distancia entre esa voluntad y el poder efectivamente ejercido.
La salida de Maduro y la continuidad del problema
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 despertó nuevas expectativas entre muchos venezolanos. Parecía abrirse una oportunidad para superar el bloqueo político e iniciar una restitución democrática.
Casi diez meses después, debemos examinar los resultados con serenidad, pero sin complacencia.
La permanencia de figuras centrales del aparato anterior y la negociación internacional con esas autoridades obligan a distinguir entre el desplazamiento de un gobernante y la transformación del sistema que lo sostuvo.
Se llevaron a Maduro, pero dejaron el sistema: esa frase resume mi valoración política sobre una transición que todavía debe demostrar su capacidad para devolver el poder a los ciudadanos.
La estabilidad exige algo más que interlocutores capaces de administrar el Estado. Requiere instituciones legítimas, garantías públicas y una relación verificable entre la voluntad popular y el ejercicio de la autoridad.
Desde una perspectiva internacional, puede comprenderse que Washington persiga seguridad energética, estabilidad regional y protección de sus intereses. Pero comprender esas prioridades no obliga a aceptar que desplacen los derechos políticos de los venezolanos.
Una política exterior que pretenda favorecer la democracia debe evaluar sus acuerdos por su contribución efectiva a ese objetivo.
El petróleo no puede sustituir a la soberanía
Los acuerdos petroleros anunciados con participación de Alejandro Betancourt y de North American Blue Energy Partners plantean preguntas que el país tiene derecho a formular.
¿Qué compromisos se han asumido? ¿Quiénes están facultados para asumirlos? ¿Qué controles se aplicaron? ¿Qué obligaciones se trasladan al futuro? ¿Cómo se garantiza que los beneficios alcancen a los venezolanos?
La recuperación de la industria petrolera es necesaria. Venezuela requiere inversión, tecnología, producción y empleo. Precisamente por ello, necesita acuerdos transparentes y jurídicamente sólidos.
Las ventajas económicas no subsanan por sí mismas los defectos de competencia ni sustituyen las autorizaciones constitucionales. Tampoco corresponde declarar automáticamente inválido todo contrato sin examinar sus instrumentos. Lo responsable es exigir su publicidad, someterlos al escrutinio jurídico y determinar las consecuencias de cualquier irregularidad.
La seguridad de los inversionistas y la protección del patrimonio nacional necesitan una misma base: instituciones confiables.
El petróleo pertenece al porvenir de Venezuela. Ninguna negociación debe convertirlo en compensación por el aplazamiento indefinido de su democracia.
Negociar con representación y propósito
La negociación es un instrumento legítimo de la política. Puede evitar violencia, construir garantías y abrir caminos que parecían cerrados. Su valor depende de quiénes participan, qué representan, qué comprometen y ante quiénes responden.
Las conversaciones actuales entre el oficialismo y determinados sectores opositores no pueden presentarse, por sí solas, como expresión de toda la nación.
Los antiguos diputados conservan sus derechos políticos y pueden aportar experiencia. Sin embargo, la tesis de continuidad de la Asamblea elegida en 2015 es controvertida y no resuelve, por sí misma, la necesidad de una representación plural y de un mandato claro para los acuerdos de esta etapa.
El respaldo extranjero puede facilitar una negociación; no sustituye el consentimiento ciudadano.
Cuando se excluyen liderazgos con respaldo popular y sectores relevantes de la sociedad, se debilita la posibilidad de construir una solución duradera. Y cuando faltan plazos, garantías y resultados verificables, la negociación corre el riesgo de administrar la espera mientras se consolida el poder existente.
Recuperar el rumbo
Propongo una gran concertación nacional que parta del reconocimiento del mandato expresado el 28 de julio de 2024 y abra una ruta constitucional de restitución democrática.
Esa concertación debe incorporar a las fuerzas políticas, los trabajadores, los empresarios, las universidades, las iglesias, las organizaciones ciudadanas, las comunidades y la diáspora. Su amplitud debe traducirse en participación efectiva y responsabilidades concretas.
Corresponde acordar una fórmula de transición con fundamento jurídico, garantías para todos y objetivos verificables: libertades públicas, justicia independiente, una autoridad electoral confiable y condiciones para que los ciudadanos puedan decidir sin coacción.
Planteo julio de 2027 como horizonte para los comicios que esa ruta determine, precisando su alcance y sustento constitucional. Esa propuesta debe discutirse abiertamente, sin utilizar una nueva elección para borrar el mandato de 2024.
El país necesita recuperar también su capacidad de proteger la vida. El dolor de las familias afectadas por los terremotos recuerda que la legitimidad debe expresarse en instituciones que prevengan, atiendan, reconstruyan y rindan cuentas.
La esperanza merece convertirse en libertad
La verdad exige rigor, incluso cuando incomoda a quienes comparten nuestros objetivos. Debemos distinguir los hechos demostrados, las interpretaciones políticas y las propuestas que defendemos. Esa coherencia fortalece nuestra autoridad para denunciar el abuso.
El 22 de octubre de 2023 probó que los venezolanos podían organizarse, cooperar y confiar nuevamente en el voto. Tres años después, honrar aquella jornada exige impedir que su significado quede reducido a una conmemoración.
La soberanía popular no es un recurso retórico. Es el fundamento de la autoridad democrática.
Ninguna conveniencia económica, imposición institucional o negociación internacional puede reemplazarla.
Venezuela vive de la esperanza porque su pueblo se niega a renunciar a sí mismo. Pero merece que esa esperanza se convierta en justicia, bienestar y libertad.
La legitimidad nace de la voluntad popular, se ejerce conforme a la Constitución y se sostiene con verdad y coherencia. Ese es el rumbo que debemos recuperar.
