
Tareck El Aissami, detenido desde abril de 2024, afrontaría nuevas imputaciones por apropiación o distracción, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales, según versiones extraoficiales difundidas por medios venezolanos.
Correo del Caroní, que recoge información del periodista Eligio Rojas y de una fuente judicial anónima, sitúa la actuación fiscal el 13 de octubre. Los señalamientos corresponderían a presuntos hechos cometidos en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Tareck El Aissami permanece vinculado al caso Pdvsa-Cripto
El exfuncionario enfrenta un proceso por su presunta participación en la trama Pdvsa-Cripto, relacionada con ventas irregulares de petróleo y el supuesto desvío de ingresos mediante operaciones con criptoactivos.
La investigación alcanzó a funcionarios y particulares vinculados con Petróleos de Venezuela, la CVG y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Las estimaciones públicas sobre el perjuicio patrimonial difieren, por lo que no existe una cifra única en los reportes consultados.
Las nuevas imputaciones reseñadas no constituyen una sentencia ni permiten establecer por sí solas responsabilidades penales.
La entrega de Pulido alimenta las especulaciones
El traslado a Estados Unidos del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, antiguo socio de Alex Saab, reactivó las versiones sobre otras posibles entregas desde Venezuela.
Pulido permanecía detenido en Caracas y enfrenta procesos estadounidenses por presuntos sobornos y lavado de dinero. Su traslado sigue al de Saab, otro empresario relacionado con negocios durante el Gobierno de Nicolás Maduro.
Sin embargo, esos antecedentes no confirman una decisión sobre El Aissami. Los reportes que plantean esa posibilidad describen escenarios todavía pendientes de un anuncio oficial.
Los requerimientos estadounidenses y el debate jurídico
Estados Unidos anunció en 2020 una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de El Aissami. Los antecedentes oficiales incluyen acusaciones por presunta evasión de sanciones mediante vuelos privados y operaciones con bienes bloqueados.
Una eventual entrega también abriría una discusión jurídica. El artículo 69 de la Constitución venezolana prohíbe extraditar a nacionales, una disposición relevante para el exvicepresidente.
A propósito del caso Saab, los abogados Alberto Arteaga Sánchez y Alí Daniels cuestionaron recurrir a la deportación para sustituir un procedimiento de extradición solicitado por causas penales. Sus observaciones subrayan que ambas figuras tienen fundamentos y requisitos distintos.
Hasta ahora, la información reseñada no acredita una autorización judicial ni un calendario para trasladar a El Aissami a territorio estadounidense.
Con información de Alberto News




