Autoridades colombianas expulsan a 71 venezolanos de Bucaramanga durante un operativo de seguridad y control migratorio

La Alcaldía de Bucaramanga coordinó con Migración Colombia y la Policía Nacional un procedimiento de expulsión contra 71 ciudadanos venezolanos. Según las autoridades, el grupo acumulaba más de 1.520 registros policiales por conductas contrarias a la convivencia y presuntas actividades delictivas

Las autoridades colombianas ejecutaron este jueves 12 de noviembre un operativo que dejó 71 venezolanos expulsados de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, luego de que la administración municipal reportara más de 1.520 anotaciones policiales acumuladas entre los afectados. Los registros incluyen presuntas infracciones relacionadas con el porte de armas blancas, tenencia de estupefacientes, riñas callejeras, irrespeto a la autoridad y actividades de minería ilegal.

El procedimiento comenzó aproximadamente a las 4:30 de la madrugada en el Centro de Protección Transitoria de la ciudad, mediante una operación conjunta entre la Alcaldía, Migración Colombia y la Policía Nacional. Los funcionarios trasladaron a los extranjeros en varios autobuses hacia Cúcuta, Norte de Santander, para continuar los trámites de salida del territorio colombiano por la frontera con Venezuela. El alcalde Cristian Portilla calificó la actuación como la mayor expulsión colectiva de extranjeros realizada hasta ahora en la capital santandereana.

Venezolanos expulsados de Bucaramanga acumulaban más de 1.520 registros policiales

El balance presentado por la administración municipal atribuye a los 71 ciudadanos numerosas conductas que, según las autoridades, afectaban la tranquilidad y la convivencia urbana.

Entre los reportes figuran situaciones relacionadas con armas blancas, posesión de sustancias ilícitas, enfrentamientos en espacios públicos y presuntas actividades de minería ilegal.

Sin embargo, la Alcaldía no precisó cuántas anotaciones corresponden a condenas judiciales, investigaciones abiertas o sanciones administrativas.

Esta distinción resulta fundamental, porque un registro policial no implica necesariamente que una persona haya recibido una sentencia condenatoria por un delito.

Las autoridades tampoco divulgaron un desglose individual de los antecedentes ni información detallada sobre las decisiones migratorias aplicadas a cada ciudadano.

Alcalde Cristian Portilla anuncia nuevos controles migratorios y de seguridad

Durante la presentación del operativo, Portilla defendió las expulsiones como parte de las acciones destinadas a recuperar la seguridad en Bucaramanga.

El mandatario afirmó que la ciudad mantiene abiertas sus puertas a quienes llegan para trabajar, pero advirtió que continuará actuando contra las personas que incumplan las normas colombianas.

Según el balance municipal, Bucaramanga supera las 230 expulsiones de ciudadanos venezolanos durante 2026, una cifra que la administración considera histórica.

La Alcaldía también anunció que mantendrá los controles en diferentes sectores urbanos mediante la coordinación de los organismos policiales y migratorios.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia local que busca identificar infracciones recurrentes y aplicar las medidas administrativas correspondientes.

Traslado hacia Cúcuta abre la fase final del procedimiento de expulsión

Después de completar las actuaciones iniciales en Bucaramanga, los funcionarios organizaron el traslado terrestre del grupo hacia la frontera colombo-venezolana.

Cúcuta funciona como uno de los principales puntos de conexión entre ambos países y concentra parte de los procedimientos migratorios relacionados con ciudadanos venezolanos.

Los organismos competentes deben garantizar que cada medida cumpla los requisitos legales y respete los derechos de las personas afectadas, incluido el acceso a los procedimientos y recursos que correspondan.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente las circunstancias individuales de los 71 casos ni confirmado la culminación de todas las entregas fronterizas.

La administración municipal sostiene que continuará los operativos de seguridad, mientras Migración Colombia mantiene sus competencias sobre la ejecución de las sanciones migratorias.

Con información de El Nacional

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