El Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró que el bombardeo en Apure, ocurrido el pasado 30 de octubre en el municipio Pedro Camejo, causó la muerte de civiles venezolanos y no de integrantes de su organización. Mediante un comunicado, la guerrilla responsabilizó a aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y calificó la operación como una «agresión contra la soberanía de Venezuela», aunque no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones.
El grupo armado rechazó las versiones que señalaban que el ataque había alcanzado uno de sus campamentos en la población de Buenavista del Meta. Además, acusó al Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de presentar la operación como un éxito militar. El pronunciamiento surge después de que organizaciones defensoras de derechos humanos reportaran varias muertes en esta zona fronteriza, sin que exista hasta ahora una explicación oficial concluyente sobre lo ocurrido.
Bombardeo en Apure: el ELN denuncia una presunta masacre de civiles
La organización insurgente calificó el operativo como el «más grande falso positivo» de los primeros 100 días del Gobierno de De la Espriella, al sostener que las víctimas no pertenecían a sus filas.
También afirmó que la acción buscaba favorecer políticamente al presidente estadounidense, Donald Trump, a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El comunicado cuestionó una supuesta participación de militares estadounidenses y vinculó el episodio con los planes de seguridad de Washington en América Latina.
Sin embargo, la guerrilla no identificó a las víctimas ni aportó documentos que permitieran comprobar sus denuncias sobre la nacionalidad de los fallecidos o la responsabilidad de las fuerzas colombianas.
FundaRedes reportó cuerpos trasladados a una morgue de San Fernando
La organización no gubernamental FundaRedes denunció inicialmente un presunto ataque contra un campamento del ELN en una zona rural del municipio Pedro Camejo.
Posteriormente, una investigación de la Alianza Rebelde Investiga, publicada por El Espectador, documentó el ingreso de ocho cadáveres a la morgue del cementerio Luis Herrera, en San Fernando de Apure, entre el 30 y el 31 de octubre.
Trabajadores consultados señalaron que los cuerpos procedían del área del supuesto bombardeo, aunque no pudieron confirmar oficialmente sus identidades.
Fuentes locales también describieron el lugar como un posible centro de acopio de sustancias estupefacientes vinculado con la guerrilla colombiana.
FundaRedes ofreció posteriormente estimaciones superiores sobre el número de fallecidos, pero las autoridades no han confirmado un balance definitivo.
Versiones contradictorias mantienen dudas sobre la operación militar
Una de las principales interrogantes gira en torno a la autoría del ataque.
Mientras el ELN señala directamente a Colombia, los primeros reportes de prensa atribuyeron el bombardeo a unidades militares venezolanas que habrían utilizado drones.
Las diferencias también alcanzan la condición de las víctimas, pues algunas fuentes mencionan presuntos integrantes de organizaciones irregulares, mientras la guerrilla sostiene que murieron civiles.
Hasta ahora, los datos disponibles no permiten establecer de manera independiente quién ejecutó la operación ni determinar las circunstancias de todas las muertes.
La falta de información oficial mantiene abiertas las interrogantes sobre un episodio ocurrido en una región donde operan grupos armados y existen denuncias recurrentes sobre actividades ilícitas transfronterizas.
El esclarecimiento de los hechos dependerá de investigaciones que identifiquen a los fallecidos, determinen la responsabilidad del ataque y permitan establecer si hubo víctimas civiles.
Con información de Versión Final
