El diálogo entre chavismo y oposición entrará en su cuarto ciclo el próximo viernes 13 de noviembre, según informaron a la agencia EFE fuentes relacionadas con las negociaciones que comenzaron formalmente en agosto de 2026, bajo el respaldo de Estados Unidos. Las conversaciones reúnen a representantes del Gobierno interino de Delcy Rodríguez y de un sector opositor, en medio de las expectativas sobre la transición política venezolana y la posibilidad de establecer condiciones para celebrar nuevas elecciones presidenciales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, encabeza la delegación oficialista, mientras que la exdiputada Dinorah Figuera dirige la representación opositora. Sin embargo, la mesa no cuenta con la participación directa de María Corina Machado ni de Edmundo González Urrutia, dos de las principales figuras de la oposición venezolana. Las fuentes consultadas no detallaron los asuntos que abordarán durante esta cuarta etapa, aunque los acuerdos anteriores permiten identificar algunos de los temas pendientes.
Diálogo entre chavismo y oposición: expectativas por elecciones y nuevas excarcelaciones
La reanudación de las negociaciones ocurre después de que Dinorah Figuera expresara su confianza en que Venezuela podrá celebrar elecciones presidenciales con garantías para los participantes.
Durante declaraciones ofrecidas el lunes 9 de noviembre, la dirigente aseguró que el país tendrá «elecciones justas y blindadas», una afirmación que coincide con las exigencias de distintas organizaciones políticas y sectores de la sociedad civil.
Figuera agradeció el respaldo de Washington al proceso y destacó la importancia de mantener los canales de negociación para avanzar hacia una solución institucional.
Otro asunto que genera expectativas es la posible liberación de nuevas personas detenidas por razones políticas.
En una entrevista publicada por el periodista David Placer en su canal de YouTube, la representante opositora adelantó que las autoridades preparan un anuncio sobre nuevas excarcelaciones.
Sin embargo, no precisó cuántas personas podrían recuperar su libertad ni estableció una fecha para concretar esas medidas.
La situación mantiene pendientes a familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, que continúan reclamando la liberación de los detenidos y garantías para evitar nuevas detenciones arbitrarias.
El Gobierno venezolano sostiene que las personas encarceladas enfrentan procesos por delitos comunes, mientras distintas ONG cuestionan esa interpretación y denuncian motivaciones políticas en numerosos casos.
Revisión de leyes y renovación del Tribunal Supremo entre los acuerdos anteriores
La tercera ronda de conversaciones, que concluyó el pasado 21 de octubre, permitió avanzar en compromisos relacionados con la revisión de instrumentos legales que han generado controversias por sus efectos sobre los derechos políticos.
Entre las normas que las delegaciones acordaron examinar figura la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que regula aspectos relacionados con la supervisión de recursos públicos y las inhabilitaciones administrativas.
También incluyeron la denominada Ley Simón Bolívar, que la Asamblea Nacional aprobó en 2024.
Esta legislación contempla penas de hasta 30 años de prisión, multas elevadas e inhabilitaciones políticas de hasta 60 años para determinadas conductas relacionadas con la promoción de sanciones internacionales.
La revisión de estas disposiciones podría influir en las condiciones de participación política, aunque hasta ahora las partes no han anunciado modificaciones definitivas.
Durante las dos primeras rondas, celebradas entre agosto y septiembre, los negociadores también abordaron la reorganización del sistema judicial venezolano.
Uno de los principales compromisos consiste en avanzar hacia la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que sectores opositores y organizaciones independientes cuestionan por su falta de autonomía frente al Ejecutivo.
Las conversaciones contemplaron igualmente la eliminación de restricciones de acceso a determinados portales informativos y otras medidas relacionadas con el funcionamiento de las instituciones.
Por ahora, los acuerdos conocidos establecen líneas de trabajo, pero todavía requieren decisiones y procedimientos concretos para su aplicación.
Estados Unidos respalda las conversaciones mientras continúa pendiente una fecha electoral
La participación estadounidense constituye uno de los elementos centrales de las negociaciones que comenzaron después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar en Caracas, el pasado 3 de enero.
Desde entonces, Washington ha mantenido contactos con las autoridades interinas y distintos representantes políticos venezolanos para promover una transición institucional.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha planteado la necesidad de renovar el máximo tribunal y posteriormente reorganizar el Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de convocar elecciones presidenciales.
Según ese planteamiento, los cambios deberían permitir que los futuros comicios cuenten con garantías de participación, transparencia y libertad de expresión.
Otro asunto presente en las negociaciones anteriores corresponde al desbloqueo de las reservas de oro venezolano que permanecen en Inglaterra.
La discusión sobre estos recursos forma parte de los temas económicos vinculados con la recuperación nacional y las relaciones internacionales del país.
No obstante, todavía no existe un calendario oficial que establezca cuándo podrían realizarse las elecciones presidenciales.
Tampoco se conocen los mecanismos definitivos para designar nuevas autoridades judiciales y electorales ni los compromisos que asumirían las partes para garantizar su independencia.
En este contexto, el cuarto ciclo representa una nueva oportunidad para determinar si los acuerdos alcanzados desde agosto pueden traducirse en medidas verificables.
Mientras Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera preparan el próximo encuentro, las expectativas se concentran en las posibles liberaciones de detenidos, la revisión del marco legal y el establecimiento de condiciones para una convocatoria electoral.
El alcance de esta nueva fase dependerá de los compromisos que asuman las delegaciones y de su capacidad para convertir las negociaciones en decisiones concretas sobre el futuro político de Venezuela.
Con información de EFE
