
Venezuela necesita una reforma laboral que permita recuperar el salario, proteger las pensiones y generar empleo productivo. Su punto de partida debe ser claro: respetar los derechos adquiridos, reconocer las obligaciones pendientes y garantizar su cumplimiento. La recuperación económica debe traducirse en bienestar para quienes trabajan y para quienes dedicaron su vida al trabajo.
La propuesta de un Pacto Nacional por el Trabajo Digno y la Producción convoca a trabajadores, empresarios y Estado a construir acuerdos con responsabilidades concretas. Las empresas necesitan condiciones para invertir y producir; los trabajadores, remuneración suficiente y protección efectiva; el Estado debe garantizar instituciones confiables, servicios públicos y seguridad social.
Este pacto se sostiene en cinco compromisos esenciales:
1. Recuperar el salario y proteger las prestaciones. Impulsar una recuperación progresiva del poder adquisitivo, considerando el costo de vida y las condiciones productivas. Revisar el sistema de bonos para recuperar el peso del salario y sus efectos sobre prestaciones y cotizaciones, sin reducir derechos. Las obligaciones laborales ya causadas deben identificarse y preservarse durante cualquier cambio de régimen.
2. Garantizar pensiones con recursos protegidos. Crear, mediante ley y estudios financieros, un Fondo Nacional de Garantía Pensional de los Trabajadores, con patrimonio separado, administración profesional, participación tripartita y auditorías públicas. Sus recursos deben destinarse exclusivamente a su finalidad pensional. Su creación no extinguiría las prestaciones sociales ni las obligaciones de los empleadores.
3. Defender la libertad sindical y la contratación colectiva. Los trabajadores deben participar mediante organizaciones autónomas y representativas. La paz laboral se construye cumpliendo los compromisos, negociando de buena fe y resolviendo los conflictos con justicia. Debe preservarse el ejercicio de la huelga y de los demás derechos colectivos.
4. Hacer efectiva la protección social. La reforma debe integrar salud, prevención de accidentes, formación profesional, vivienda y protección en la vejez. También debe abrir vías de inclusión para trabajadores informales, independientes y personas sin suficientes aportes.
5. Comprometer al Estado con la producción y el bienestar. Electricidad, combustibles, servicios confiables, seguridad jurídica y trámites sencillos son condiciones necesarias para generar empleo. Facilitar la actividad empresarial debe acompañarse de cumplimiento laboral, inversión y participación de los trabajadores en los beneficios del progreso.
El fundamento constitucional es inequívoco: protección e irrenunciabilidad de los derechos laborales, salario suficiente, prestaciones sociales, libertad sindical, negociación colectiva y huelga (artículos 89, 91, 92 y 95 a 97).
Estos principios deben orientar la revisión de la legislación laboral y social. (oas.org, refworld.org, oas.org).
Esta es una propuesta para discusión nacional, cuyo financiamiento y desarrollo legislativo deben acordarse con información pública y participación real.
El llamado al movimiento sindical es a debatir, enriquecer y defender esta agenda: “derechos garantizados, salarios dignos, pensiones protegidas y producción con justicia social”.
“ Los Derechos Laborales son irrenunciables y constituyen el patrimonio legitimo de la clase Trabajadora”.
Defendamoslo.




