María Corina Machado propone reformar la industria petrolera venezolana y revisar los acuerdos firmados con Estados Unidos

La dirigente opositora presentó a Bloomberg una propuesta para transformar la industria de hidrocarburos venezolana mediante inversiones privadas, licitaciones abiertas y una agencia reguladora independiente. También planteó revisar el contrato de la empresa Nabep y defendió la celebración de elecciones presidenciales en 2027

La reforma petrolera de María Corina Machado contempla reducir progresivamente la participación operativa de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y transferir esas actividades a empresas privadas nacionales e internacionales. Durante una entrevista con Bloomberg, publicada el 20 de noviembre, la dirigente opositora explicó que su propuesta busca recuperar la producción de hidrocarburos, modernizar la infraestructura energética y atraer inversiones mediante condiciones jurídicas estables.

Machado también planteó revisar los contratos petroleros que Venezuela ha suscrito recientemente con Estados Unidos, incluido el acuerdo relacionado con North American Blue Energy Partners (Nabep), empresa vinculada al empresario Alejandro Betancourt. La dirigente aseguró que respetaría los convenios establecidos legalmente, aunque examinaría aquellos que pudieran vulnerar la Constitución, la legislación nacional o los intereses del país. Su propuesta forma parte del programa económico Tierra de Gracia.

Reforma petrolera de María Corina Machado busca ampliar la inversión privada

El modelo propuesto contempla sustituir las negociaciones individuales por procesos de licitación pública que permitan competir a distintas compañías.

Machado también plantea crear una agencia autónoma de hidrocarburos para separar las funciones de regulación de las actividades de producción.

La iniciativa incorpora mecanismos de arbitraje internacional y un régimen tributario previsible que ofrezca garantías a los inversionistas.

Según la dirigente, el Estado mantendría ingresos provenientes de impuestos y regalías, mientras las compañías asumirían mayores responsabilidades operativas.

La transformación, sin embargo, requeriría reformas legales y decisiones institucionales que todavía no forman parte de una política gubernamental aprobada.

Contrato de Nabep y crisis eléctrica figuran entre los principales desafíos

Uno de los acuerdos que Machado propone revisar corresponde a Nabep, compañía que obtuvo derechos para desarrollar 17 campos petroleros venezolanos mediante un convenio con Washington.

La dirigente considera necesario examinar sus condiciones y determinar si cumplen los requisitos legales y protegen los intereses nacionales.

No obstante, aclaró que las empresas actualmente presentes en Venezuela podrían adaptarse a las reglas de un eventual nuevo modelo energético.

Otro obstáculo importante es el deterioro del sistema eléctrico.

Según las cifras que presentó a Bloomberg, las operaciones petroleras existentes requieren aproximadamente 1.600 megavatios, mientras Venezuela enfrenta un déficit de generación cercano a 3.600 megavatios.

Machado sostiene que recuperar el suministro eléctrico resulta indispensable para incrementar la producción y atraer nuevas industrias.

Elecciones presidenciales y seguridad jurídica marcarían la recuperación económica

La dirigente defendió la necesidad de celebrar elecciones presidenciales para ofrecer mayor certeza a las empresas interesadas en invertir en Venezuela.

Considera que la legitimidad institucional permitiría reducir riesgos y facilitar proyectos con horizontes de inversión de hasta tres décadas.

También respaldó como viable la propuesta del senador estadounidense Bernie Moreno de celebrar los comicios el 24 de julio de 2027.

Sin embargo, esa fecha constituye una iniciativa política y no una convocatoria oficial de las autoridades electorales venezolanas.

Machado propuso, además, ampliar las relaciones con Estados Unidos hacia el gas, los minerales, las telecomunicaciones y la seguridad.

Su planteamiento busca establecer una asociación económica de largo plazo que trascienda la explotación petrolera.

La aplicación de estas reformas dependerá de eventuales cambios políticos, del marco jurídico y de las condiciones necesarias para recuperar la confianza de los inversionistas.

Con información de El Pitazo

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