
El TPS para venezolanos enfrenta una nueva disputa judicial después de que la administración del presidente Donald Trump solicitara el miércoles 18 de noviembre a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee una decisión que permitiría restablecer la protección migratoria a cientos de miles de ciudadanos de Venezuela. El Departamento de Justicia presentó un recurso de emergencia para mantener suspendido el beneficio mientras continúan los procedimientos ante los tribunales federales.
La petición busca impedir que entre en vigor una sentencia del juez federal Edward Chen, respaldada anteriormente por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California. La suspensión administrativa actual vence el viernes 20 de noviembre, por lo que el Gobierno considera urgente obtener una nueva decisión judicial. El Estatus de Protección Temporal permite a los beneficiarios permanecer legalmente en Estados Unidos, trabajar y evitar la deportación mientras persistan determinadas condiciones extraordinarias en sus países de origen.
TPS para venezolanos: Trump busca evitar la reactivación del beneficio migratorio
El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, presentó el recurso ante la Corte Suprema y sostuvo que la restitución del programa provocaría graves dificultades administrativas.
Según el Departamento de Justicia, el Gobierno tendría que liberar aproximadamente a 1.800 venezolanos que permanecen bajo custodia migratoria.
También debería detener la ejecución de hasta 332 órdenes definitivas de deportación y restablecer autorizaciones laborales.
La administración argumenta que estas medidas complicarían sus operaciones de control migratorio y podrían dificultar la localización posterior de algunas personas.
Sin embargo, estas consecuencias corresponden a los argumentos del Ejecutivo y todavía no constituyen decisiones definitivas de los tribunales.
La disputa judicial comenzó tras la eliminación de la protección humanitaria
El Gobierno de Joe Biden había extendido el TPS para determinados venezolanos antes de finalizar su mandato en enero de 2025.
Posteriormente, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anuló esa extensión y dispuso la terminación del beneficio.
La Alianza Nacional TPS presentó una demanda al considerar que la administración había excedido sus facultades y vulnerado las normas federales.
El juez Edward Chen respaldó los argumentos de los demandantes en septiembre de 2025, pero la Corte Suprema suspendió temporalmente los efectos de su sentencia.
Durante 2026, el caso continuó su recorrido judicial hasta que el Noveno Circuito estableció una suspensión administrativa que vence este viernes.
Miles de familias venezolanas permanecen pendientes de la decisión judicial
La controversia afecta a ciudadanos que habían obtenido protección frente a la deportación y permisos de trabajo mediante el programa humanitario.
Representantes de la Alianza Nacional TPS sostienen que la eliminación del beneficio provocó detenciones, separaciones familiares y expulsiones hacia Venezuela y terceros países.
La organización cuestiona los argumentos del Gobierno y defiende que los afectados deben conservar sus garantías mientras continúa el litigio.
Por su parte, la administración Trump insiste en que la legislación concede amplias facultades al Ejecutivo para finalizar las designaciones temporales.
La Corte Suprema deberá determinar si concede la suspensión solicitada, una decisión que podría mantener paralizada la restitución del programa.
Hasta el 19 de noviembre, el máximo tribunal no había emitido una nueva resolución sobre esta petición.
Por ahora, los venezolanos afectados siguen pendientes de una decisión que podría modificar nuevamente su situación migratoria en Estados Unidos.
Con información de Telemundo




