Varias empresas multinacionales han anunciado durante las últimas semanas acuerdos de inversión destinados a impulsar la producción de petróleo y gas en Venezuela, en una señal de reactivación del sector energético después de años de escasa inversión extranjera.
Entre las compañías involucradas figuran Shell, British Petroleum (BP), XRG, de Emiratos Árabes Unidos, y UCC Holding, de Catar, que acordaron un cronograma con el Gobierno de Delcy Rodríguez para desarrollar proyectos de gas costa afuera en el campo Dragón, ubicado en la Plataforma Deltana. El objetivo planteado es avanzar hacia la exportación de gas a Europa.
La primera fase del proyecto fue adjudicada a Shell en junio de 2025, mientras que en la segunda fase participa un consorcio integrado por BP, XRG y UCC Holding. El proyecto se encuentra en una zona cercana a Trinidad, país que cuenta con infraestructura para procesar y comercializar el gas.
Venezuela posee las mayores reservas de gas de América Latina, aunque su producción se mantiene por debajo de su potencial. Según el reporte, el país produce alrededor de 31 millones de metros cúbicos anuales y representa aproximadamente 10 % de la producción regional.
Los grandes proyectos destinados a aumentar la producción de gas quedaron paralizados durante años, en un contexto marcado por problemas de inversión, corrupción y deterioro de la industria energética.
En el sector petrolero también se anunciaron nuevos acuerdos. Las estadounidenses Hunt Oil y Crossover suscribieron Contratos de Participación Productiva, mientras que la firma estadounidense-francesa Schlumberger estableció una alianza marco y desarrolla estudios integrados de pozos. Algunas estimaciones sitúan en unos 2.000 millones de dólares las posibles inversiones futuras asociadas a estas operaciones.
La llegada de nuevas compañías modifica el panorama de inversión extranjera que durante los últimos años estuvo concentrado principalmente en empresas como Chevron, Repsol y Eni.
Francisco Monaldi, economista especializado en petróleo, considera que las mayores oportunidades están actualmente en el sector gasífero. Según explicó, los proyectos relacionados con Trinidad cuentan con ventajas debido a la infraestructura existente y al marco establecido por la Ley de Gas venezolana.
El panorama petrolero presenta mayores interrogantes. Monaldi señaló que algunas empresas todavía no han adoptado completamente el nuevo marco legal y cuestionó la falta de claridad de determinados contratos, que podrían otorgar un amplio margen de discrecionalidad al Estado.
Alejandro Grisanti, socio director de Ecoanalítica, considera que la inversión internacional en petróleo y gas ya se está reactivando y que inicialmente se está dirigiendo hacia campos que pueden aumentar rápidamente su producción con inversiones relativamente pequeñas.
Venezuela produce actualmente poco más de 1,2 millones de barriles diarios, muy por debajo de los niveles de producción registrados en sus mejores años. Grisanti estima que, bajo las condiciones actuales, el país podría aumentar su producción en unos 200.000 barriles diarios por año.
El economista considera, sin embargo, que el potencial de crecimiento estará estrechamente relacionado con la evolución política. Según su estimación, sin una transición democrática la producción podría alcanzar un límite cercano a 2,5 millones de barriles diarios, mientras que un cambio político acompañado de elecciones libres podría permitir llegar hasta los cuatro millones de barriles diarios.
Reclamo de una empresa venezolana
Mientras avanzan los nuevos acuerdos con compañías internacionales, Delta Finance, empresa de capital venezolano propiedad de Oswaldo Cisneros, denunció que sus activos y derechos de explotación petrolera fueron revocados mediante un procedimiento sancionatorio.
La compañía, que posee 40 % de participación en la empresa mixta PetroDelta, sostiene que sus derechos sobre campos ubicados en el oriente venezolano, con vigencia hasta 2042, fueron otorgados a Pacific Coast Energy Company.
El Estado venezolano argumenta que PetroDelta incumplió obligaciones relacionadas con exploración e infraestructura. La empresa de Cisneros rechaza esa acusación y asegura estar dispuesta a demostrar que cumplió con sus compromisos.
