Un tribunal federal de Estados Unidos anuló la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países impuesta a comienzos de año por el Gobierno del presidente Donald Trump, al considerar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus facultades legales al aplicar la medida.
La decisión fue emitida por la jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, quien determinó en una sentencia de 61 páginas que la prohibición era “manifiestamente ilegal”. La magistrada también cuestionó el argumento de la Administración de que los solicitantes de esos países representaban un alto riesgo de convertirse en una carga económica para Estados Unidos.
Según el fallo, funcionarios estadounidenses habían recibido instrucciones de negar visas incluso a personas que cumplían con los requisitos y que probablemente podrían mantenerse económicamente por sí mismas. La jueza señaló que esta práctica contravenía la normativa que establece que las solicitudes deben ser evaluadas de manera individual.
La suspensión, vigente desde enero, afectaba a varios países de América Latina y el Caribe, entre ellos Colombia, Brasil, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. La lista también incluía naciones como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
El caso incluyó como demandantes a cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes de visa fueron rechazadas haciendo referencia a la nueva política. También participaron seis ciudadanos estadounidenses que alegaron que la medida afectó a familiares residentes en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.
La decisión judicial también dejó sin efecto las denegaciones de visas que se hubieran basado exclusivamente en esta medida, una disposición que podría llevar a la revisión de miles de solicitudes que ya habían sido procesadas.
El Departamento de Estado no quiso pronunciarse específicamente sobre el litigio. Sin embargo, un portavoz defendió la política de la Administración y aseguró que el Gobierno mantiene estrictos estándares de evaluación y verificación de los solicitantes de visas.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes celebraron el fallo. Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, calificó la decisión como una victoria para numerosas familias afectadas por la suspensión, mientras que Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, sostuvo que el fallo representa un rechazo a una política que, según la organización, provocó importantes perjuicios a familias y comunidades.
