La deportación de venezolanos en Colombia no afectará a quienes se encuentren regularizados y cumplan las normas migratorias, aclaró este martes 25 de agosto el ministro del Interior, Rodrigo Lara. El funcionario explicó que la orden anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella se dirige a extranjeros sin documentación vigente y a personas involucradas en actividades delictivas.
La precisión llegó un día después de que el mandatario ordenara a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla iniciar operativos para identificar a ciudadanos extranjeros en situación irregular. El anuncio generó preocupación entre integrantes de la comunidad venezolana, una de las poblaciones migrantes más numerosas del país.
Lara afirmó que el Gobierno no contempla aplicar estas medidas contra los venezolanos que llegaron durante los años más difíciles de la crisis migratoria y posteriormente regularizaron su permanencia. Según el ministro, Colombia recibió a casi dos millones de personas entre 2019 y 2021 y más del 90 % logró acogerse a los mecanismos establecidos.
“A los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis, particularmente en los años 2019, 2020 y 2021, que fueron casi dos millones de hermanos venezolanos que entraron a nuestro país y en el 90 y tanto por ciento fueron perfectamente regularizados, el presidente no se refiere a ellos”, sostuvo Lara en una entrevista con Noticias Caracol.
El ministro destacó además los vínculos históricos y culturales entre colombianos y venezolanos. También señaló que la documentación entregada durante los últimos años facilitó el acceso de la población migrante a servicios públicos y sociales en condiciones semejantes a las de los ciudadanos del país.
El Gobierno busca diferenciar dos asuntos que pueden generar confusión: la irregularidad administrativa de una persona y su posible participación en un delito. La falta de documentos no convierte automáticamente a un migrante en delincuente, mientras la posesión de un permiso tampoco impide que las autoridades investiguen una conducta ilícita cuando existan pruebas.
Deportación de venezolanos en Colombia excluye a regularizados
Rodrigo Lara aseguró que los migrantes venezolanos con documentación vigente no forman parte del objetivo de los operativos. Estas personas podrán continuar con sus actividades cotidianas siempre que mantengan las condiciones exigidas por su estatus.
La regularización permitió que cientos de miles de familias accedieran a empleo, educación, salud y otros servicios. También facilitó que las instituciones conocieran quiénes permanecían en el territorio y redujo la dependencia de redes informales.
El proceso tuvo especial importancia para quienes llegaron entre 2019 y 2021, durante uno de los periodos más intensos de la migración venezolana. Colombia recibió a personas que buscaban trabajo, reunificación familiar, protección o mejores condiciones de vida.
El ministro sostuvo que la mayoría completó los trámites necesarios. Por ello, insistió en que el anuncio presidencial no debe interpretarse como una expulsión general contra una nacionalidad específica.
Esta aclaración resulta relevante porque un mensaje ambiguo puede provocar temor incluso entre quienes poseen permisos válidos. También puede alimentar actos de discriminación o asociar injustamente a toda una comunidad con la delincuencia.
Las autoridades tendrán que comunicar los procedimientos con precisión. Los agentes deberán verificar cada caso de forma individual y evitar controles basados únicamente en el acento, la apariencia o el origen.
Los ciudadanos venezolanos regularizados deben portar o tener disponibles los documentos que acreditan su situación. Sin embargo, una duda durante una verificación no debería generar automáticamente una deportación sin que la autoridad revise los registros correspondientes.
La medida anunciada por De la Espriella establece dos grupos prioritarios: extranjeros que permanecen sin regularizar su situación y personas relacionadas con delitos. Cada escenario requiere procedimientos diferentes.
En el primer caso, Migración Colombia debe determinar si la persona cuenta con una solicitud pendiente, un permiso vencido o alguna posibilidad de actualizar sus documentos. En el segundo, las autoridades judiciales deben investigar los hechos y garantizar el debido proceso.
La deportación constituye una medida administrativa y no puede reemplazar una investigación penal. Del mismo modo, una acusación sin comprobar no debería bastar para presentar públicamente a alguien como responsable de un delito.
La aclaración del ministro busca enviar tranquilidad a una comunidad que ha desarrollado vínculos familiares, laborales y empresariales en Colombia. Muchos venezolanos llevan varios años en el país, tienen hijos colombianos o participan en la economía formal.
Lara destacó ese proceso de integración y recordó la cercanía cultural entre las dos sociedades. Su mensaje intenta separar a la población migrante regularizada de las personas que incumplen las normas o participan en estructuras criminales.
Operativos deberán diferenciar irregularidad y delito
El presidente ordenó a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla coordinar las primeras acciones. Los equipos deberán verificar documentos, revisar antecedentes y determinar la situación particular de los extranjeros identificados.
Migración Colombia posee las competencias administrativas para establecer si una persona tiene autorización de permanencia. La Policía, por su parte, puede apoyar las verificaciones y actuar cuando detecte conductas que correspondan a una investigación penal.
La coordinación necesita protocolos claros para evitar abusos. Los funcionarios deben informar el motivo de la actuación, comprobar la identidad y permitir que la persona presente sus documentos o explique su situación.
Una persona puede encontrarse en condición irregular por distintas razones. Algunos migrantes ingresaron por pasos no autorizados, mientras otros tenían un permiso que venció o no lograron completar un trámite.
Estas circunstancias no equivalen por sí mismas a la comisión de un delito. Las autoridades deberán estudiar si corresponde una sanción, una salida voluntaria, una oportunidad de regularización o una orden de deportación.
Cuando existan investigaciones por delitos, el Estado debe separar el expediente penal del procedimiento migratorio. La Fiscalía y los jueces tendrán que establecer responsabilidades con base en evidencias.
El Gobierno deberá evitar que los operativos produzcan detenciones indiscriminadas. Una política centrada únicamente en cifras puede afectar a personas que trabajan, estudian o tienen vínculos familiares en Colombia.
Las autoridades también tendrán que establecer mecanismos para atender casos humanitarios. Entre ellos pueden aparecer menores de edad, mujeres embarazadas, solicitantes de protección, víctimas de trata o personas que necesiten atención médica.
La comunicación entre Migración Colombia y las instituciones sociales resultará necesaria para ofrecer una respuesta adecuada. No todos los casos pueden resolverse mediante la misma medida.
El anuncio presidencial también genera un reto para la Policía de Barranquilla. La ciudad y su área metropolitana albergan a una importante población venezolana que participa en actividades comerciales, laborales y comunitarias.
Los funcionarios deberán concentrarse en criterios objetivos y evitar operativos que estigmaticen sectores completos. La colaboración de la ciudadanía dependerá de la confianza en los procedimientos.
Las organizaciones migrantes pueden ayudar a difundir información sobre los requisitos y canales oficiales. También pueden orientar a quienes necesitan renovar permisos o corregir datos.
El Gobierno tendrá que publicar balances que diferencien verificaciones, sanciones administrativas, capturas por orden judicial y deportaciones. Mezclar estas categorías impediría conocer el verdadero alcance de las acciones.
La transparencia permitirá evaluar si los operativos cumplen el objetivo anunciado o si afectan de manera desproporcionada a personas sin antecedentes. También facilitará la vigilancia de los derechos humanos.
Redes criminales en las fronteras centran la preocupación
Rodrigo Lara explicó que las medidas también buscan combatir a las organizaciones que se benefician del tránsito irregular de personas. El ministro mencionó especialmente las rutas fronterizas y el corredor del Darién.
Las redes criminales cobran dinero a los migrantes, controlan pasos clandestinos y aprovechan la vulnerabilidad de quienes intentan cruzar sin documentos. Estas estructuras pueden someter a las personas a robos, extorsiones, violencia y otras formas de explotación.
Lara señaló al Clan del Golfo como una de las organizaciones que obtiene ganancias del tráfico de personas en esta zona. El grupo mantiene presencia en territorios estratégicos y utiliza diferentes economías ilegales para financiarse.
Combatir estas redes exige algo más que identificar a los migrantes. Las autoridades deben investigar a quienes organizan los recorridos, reciben pagos, controlan rutas y coordinan el transporte.
Si los operativos se concentran únicamente en las personas que viajan, las estructuras pueden mantener sus actividades y reemplazar rápidamente a quienes resulten detenidos. La investigación financiera y de inteligencia resulta esencial para afectar sus ingresos.
Los migrantes que atraviesan el Darién suelen enfrentar condiciones extremas. Las organizaciones ilegales aprovechan su falta de información y su temor a contactar a las autoridades.
El Estado necesita distinguir a los responsables del tráfico de quienes pueden ser víctimas. Una persona que pagó por cruzar una ruta clandestina no necesariamente forma parte de la red que organizó el viaje.
Las instituciones también deben coordinar acciones con los países vecinos. Las rutas migratorias atraviesan varias fronteras y cambian cuando aumentan los controles en un punto determinado.
El intercambio de información puede ayudar a identificar líderes, movimientos financieros y vehículos utilizados por las organizaciones. También permite ofrecer atención a las víctimas y prevenir nuevas captaciones.
La estrategia gubernamental enfrentará el desafío de combinar seguridad con protección humanitaria. Perseguir a las redes criminales requiere operaciones firmes, mientras atender a las personas migrantes demanda mecanismos de orientación y regularización.
La aclaración de Lara establece un límite político importante: el Gobierno no dirigirá la deportación contra la comunidad venezolana que mantiene un estatus legal. Esa garantía deberá reflejarse ahora en los procedimientos.
Los venezolanos regularizados necesitan conservar la tranquilidad de que podrán trabajar, estudiar y acceder a servicios sin convertirse en objetivo de controles arbitrarios. Quienes tengan trámites pendientes requieren información para actualizar su situación.
El Ejecutivo, por su parte, deberá demostrar que sus acciones se concentran en la irregularidad y el delito sin alimentar discursos contra una nacionalidad. La delincuencia responde a conductas individuales y no al origen de una persona.
Colombia afronta el reto de reforzar el control migratorio sin desconocer la integración lograda durante los últimos años. Los operativos ofrecerán una primera prueba sobre la capacidad institucional para mantener ese equilibrio.
La declaración del ministro reduce parte de la incertidumbre, pero las autoridades todavía deben explicar cómo ejecutarán la orden, cuáles criterios emplearán y qué garantías ofrecerán. La claridad de esos protocolos determinará si la medida combate efectivamente a las redes ilegales o genera temor entre quienes ya regularizaron su permanencia.
¿VENEZOLANOS SALIENDO DEPORTADOS DESDE COLOMBIA?
«El Presidente (Abelardo de la Espriella) no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en el momento más duro de la crisis», aclara el Ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo.
Aseguró que las… pic.twitter.com/eqZ3kmLl7K
— El Venezolano Colombia (@ElVenezolanoCo) August 25, 2026
Con información de El Pitazo
