La comunidad venezolana del sur de Florida comenzó a exigir respuestas y acciones concretas a sus representantes en el Congreso de Estados Unidos ante el aumento de detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Uno de los casos que ha generado preocupación es el de Humberto Castro, un venezolano de 59 años, quien fue detenido mientras se dirigía a su trabajo. Según explicó su hija, Arianna Castro, el hombre llegó a Estados Unidos con una visa, tiene una solicitud de asilo pendiente, un permiso de trabajo vigente hasta 2030 y no cuenta con antecedentes criminales.
La detención ocurre en medio de una ola de arrestos de inmigrantes en el sur de Florida, una situación que ha generado inquietud entre una de las mayores comunidades venezolanas de Estados Unidos.
Ante este escenario, las organizaciones Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) elaboraron un informe dirigido a congresistas y senadores para solicitar una investigación sobre las detenciones de venezolanos que tienen solicitudes de asilo u otros procesos migratorios pendientes.
El documento señala que la eliminación de algunas protecciones temporales y humanitarias ha afectado a venezolanos en Estados Unidos. También denuncia que personas con procesos de asilo pendientes han sido detenidas con fines de deportación, incluso hacia terceros países como Liberia.
El informe también plantea que las autoridades no publican información detallada sobre cuántos venezolanos detenidos tienen antecedentes criminales y cuántos mantienen procesos migratorios abiertos.
Como referencia, el reporte señala que hasta julio había aproximadamente 65.765 personas bajo custodia del ICE, de las cuales más del 70% no tenía antecedentes criminales. Además, documenta al menos tres casos de venezolanos detenidos entre julio y agosto que contaban con autorización de empleo y solicitudes de asilo pendientes.
Helen Villalonga, presidenta de Amavex, cuestionó el impacto que la política migratoria de la Administración de Donald Trump ha tenido sobre la comunidad venezolana.
El reclamo adquiere mayor relevancia en el sur de Florida, donde ciudades como Doral cuentan con una importante presencia venezolana. La localidad suscribió el año pasado un acuerdo bajo el programa 287(g) para colaborar con las autoridades migratorias.
Según Villalonga, muchos venezolanos que respaldaron a Trump esperaban que la campaña de deportaciones estuviera principalmente dirigida contra personas con antecedentes criminales o vínculos con el chavismo. Ahora, asegura, algunos integrantes de la propia comunidad republicana han expresado su decepción.
Las organizaciones buscan ejercer presión sobre los legisladores antes de las elecciones de medio término de noviembre. Aunque algunos congresistas han expresado respaldo a la comunidad venezolana, los activistas consideran que esas declaraciones no se han traducido en soluciones concretas.
