
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con Venezuela que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos dentro del país sudamericano.
El anuncio ocurre después de un año marcado por medidas de gran impacto de Washington sobre Venezuela, entre ellas un bloqueo marítimo, una operación militar para detener al entonces presidente Nicolás Maduro y el posterior reconocimiento de Delcy Rodríguez como gobernante interina.
Trump informó que el acuerdo permitirá a Estados Unidos obtener “el control mayoritario” de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, sin costo para los contribuyentes estadounidenses.
Rodríguez confirmó posteriormente el acuerdo y señaló que contempla inversiones superiores a US$100.000 millones, además de unos US$209.000 millones en ingresos tributarios para el Estado venezolano.
La decisión provocó críticas desde diferentes sectores políticos y económicos de Venezuela.
El economista Ricardo Haussmann cuestionó que Estados Unidos utilizara su poder para alcanzar un acuerdo con un gobierno que calificó de ilegítimo y opresivo, en lugar de priorizar el restablecimiento del orden constitucional y la democracia.
Por su parte, Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA durante buena parte del gobierno de Hugo Chávez, calificó el acuerdo como “entreguista” y aseguró que representa una cesión del control del territorio y del petróleo venezolano a una potencia extranjera.
¿Qué contempla el acuerdo?
El convenio establece que Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 17 yacimientos petroleros, que en conjunto representan unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas.
Esa cantidad equivale aproximadamente al 21,5 % de las reservas venezolanas, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
Inicialmente, los términos anunciados generaron comparaciones con las condiciones bajo las cuales empresas internacionales explotaban el petróleo venezolano durante la dictadura de Juan Vicente Gómez.
Ante las críticas, Delcy Rodríguez ofreció nuevos detalles sobre el acuerdo y explicó que tendrá una duración de 25 años y contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.
Rodríguez calculó que, tomando como referencia un precio de US$65 por barril, los ingresos para el Estado venezolano alcanzarían aproximadamente US$209.335 millones.
Según la gobernante interina, esto representaría cerca de US$19 para Venezuela por cada barril producido y vendido.
También indicó que el acuerdo contempla el desarrollo de ocho bloques todavía no desarrollados, con regalías mínimas del 16 % y una tasa de impuesto sobre la renta del 34 %.
Rodríguez aseguró además que Venezuela conservará la propiedad y soberanía sobre sus recursos petroleros.
La mandataria defendió el convenio señalando que las enormes reservas de petróleo del país necesitan inversiones, tecnología, infraestructura y capacidad productiva para convertirse en beneficios económicos para los venezolanos.
El académico Luis Pacheco consideró que esta explicación representa un reconocimiento de la necesidad de recuperar la industria petrolera mediante inversión extranjera, comparándola con el discurso utilizado durante la apertura petrolera de los años 90.
Una industria petrolera en crisis
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su industria ha sufrido un fuerte deterioro durante las últimas décadas.
La producción pasó de superar los 3 millones de barriles diarios antes de la llegada de Hugo Chávez al poder a unos 500.000 barriles diarios en 2019, un nivel similar al registrado alrededor de 1950.
El deterioro ha sido atribuido en el texto a años de desinversión, corrupción y politización durante el chavismo, además del impacto de las sanciones estadounidenses en los últimos años.
De acuerdo con Luis Pacheco, recuperar los niveles de producción de 1998 requeriría una inversión cercana a US$100.000 millones durante unos ocho años.
Precisamente, esa es la cifra de inversión contemplada en el nuevo acuerdo anunciado por Trump y Rodríguez.
El monto también había sido planteado a comienzos de este año, cuando Trump reunió a ejecutivos de las principales petroleras estadounidenses para promover inversiones destinadas a recuperar la industria venezolana.
Sin embargo, según el texto, más de seis meses después esa inversión todavía no parecía haberse materializado, por lo que el nuevo acuerdo representaría un segundo intento de la administración Trump por impulsar la recuperación petrolera venezolana.
Existe, de acuerdo con los especialistas citados, un consenso sobre la necesidad de que Venezuela reciba inversiones millonarias para reconstruir y modernizar su industria petrolera.
Además del impacto directo sobre la producción y los ingresos estatales, una recuperación de la actividad petrolera podría generar efectos sobre otros sectores de la economía.
Luis Pacheco explicó que una inversión de US$100.000 millones en petróleo también podría estimular actividades como el comercio, los servicios, la electricidad y otros sectores vinculados a la economía nacional.
El acuerdo, sin embargo, continúa rodeado de controversia por sus condiciones, el control extranjero sobre parte de los yacimientos y las dudas planteadas sobre la soberanía y el destino de los recursos petroleros venezolanos.




