Los refugios por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio reproducen errores registrados durante emergencias anteriores, según advirtió el defensor de derechos humanos Rafael Uzcátegui. Dos meses después de la tragedia, más de 23.000 personas permanecerían en 107 campamentos temporales bajo un sistema marcado por la opacidad, las restricciones de circulación, el hacinamiento y la escasa participación de los damnificados en las decisiones que afectan su futuro.
Durante una entrevista con La Patilla, Uzcátegui sostuvo que las organizaciones defensoras de derechos humanos intentaron evitar desde los primeros días que estos espacios se convirtieran en lugares de permanencia indefinida. Recordó que algunos albergues habilitados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro terminaron funcionando como “depósitos de personas”, donde numerosas familias vivieron durante largos períodos sin suficiente privacidad, alimentación, seguridad ni condiciones dignas.
El activista consideró que Venezuela no necesita improvisar una respuesta ante una emergencia de esta magnitud. La experiencia internacional, afirmó, ofrece lineamientos precisos para administrar campamentos, proteger a las familias y planificar su cierre desde el primer momento.
Los centros temporales deben garantizar agua potable, saneamiento, atención médica, alimentación, seguridad, privacidad y apoyo psicosocial. También necesitan proteger a los residentes contra cualquier forma de discriminación, preservar la unidad familiar y ofrecer información clara sobre la duración de la estadía y las posibilidades de reubicación.
“Desde el momento en que se crea un refugio, las autoridades deberían estar pensando cuándo ese refugio va a ser cerrado”, expresó Uzcátegui. A su juicio, el Estado debe acompañar cada apertura con un programa de reconstrucción y una alternativa habitacional que impida convertir la emergencia en una situación permanente.
Refugios por los terremotos afrontan hacinamiento y restricciones
Uzcátegui aseguró que la evaluación de los primeros dos meses arroja resultados negativos. De acuerdo con las cifras que mencionó, las autoridades habilitaron 107 refugios o campamentos para albergar a más de 23.000 damnificados.
El defensor denunció que instancias internacionales, incluidas agencias vinculadas con las Naciones Unidas, no han podido ingresar libremente a la mayoría de esos espacios. Esta limitación impide que organismos especializados verifiquen las condiciones sanitarias, habitacionales y de seguridad en las que permanecen las familias.
La militarización representa otra de sus principales preocupaciones. Según describió, las autoridades incorporaron muchos albergues a la estructura oficial creada para manejar la contingencia. Los residentes enfrentan controles sobre sus desplazamientos y tienen poca capacidad para intervenir en las decisiones internas.
Los videos que lograron difundirse muestran, según Uzcátegui, grandes salones ocupados por filas de literas y sin separaciones que garanticen la intimidad. Las organizaciones también comenzaron a recibir denuncias sobre dificultades para acceder de manera permanente al agua potable y a una alimentación adecuada.
Estas condiciones afectan de forma particular a niños, adolescentes, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad y pacientes que necesitan tratamientos continuos. La falta de espacios privados también aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y complica la convivencia entre familias que atraviesan episodios de duelo, ansiedad o temor.
El activista insistió en que los afectados deben participar en la gestión cotidiana de los campamentos. Los residentes conocen sus necesidades y pueden contribuir a identificar problemas, distribuir responsabilidades y crear mecanismos para resolver conflictos. Excluirlos de esas decisiones reduce su autonomía y aumenta la dependencia de la estructura que controla el lugar.
La permanencia prolongada constituye otro riesgo. Cuando las autoridades no anuncian un plan de salida, un espacio pensado para pocas semanas puede convertirse en el hogar improvisado de cientos de personas durante meses o años. Esta situación interrumpe la vida laboral, educativa y familiar de los residentes.
El inicio del año escolar añade una dificultad. Varios colegios funcionan actualmente como albergues, por lo que el Gobierno debe encontrar otros espacios para las familias antes de reactivar plenamente las actividades académicas.
Uzcátegui rechazó que las autoridades presenten la situación como una elección entre dos garantías fundamentales. “No se puede contraponer el derecho a la vivienda con el derecho a la educación”, advirtió.
El Estado necesita proteger a quienes perdieron sus hogares sin impedir que los estudiantes regresen a las aulas. Para lograrlo, deberá habilitar alojamientos alternativos, reparar los planteles y establecer un calendario que permita recuperar progresivamente los espacios educativos.
El impacto sobre los menores tampoco se limita a las instalaciones. Muchos presenciaron el terremoto, perdieron familiares o vivieron situaciones traumáticas. Algunos podrían sentir miedo de entrar nuevamente en un edificio escolar o experimentar ansiedad ante ruidos y movimientos.
Una respuesta integral tendría que incorporar psicólogos, orientadores y especialistas capaces de atender esas reacciones. La asistencia emocional puede ayudar a los estudiantes a recuperar su rutina y evitar que el trauma afecte su aprendizaje, convivencia o desarrollo.
La reconstrucción avanza sin criterios públicos de adjudicación
La falta de claridad sobre el programa habitacional aumenta la preocupación. Uzcátegui recordó que las autoridades informaron sobre la construcción de 335 viviendas, mientras Delcy Rodríguez anunció otras 4.000 antes de diciembre.
El defensor considera insuficiente esa cantidad frente al nivel de destrucción. Las estimaciones citadas durante la entrevista sitúan el número de casas perdidas entre 18.000, según organismos de las Naciones Unidas mencionados por él, y 25.000, de acuerdo con datos divulgados por las autoridades venezolanas.
Incluso si el Gobierno completa las 4.000 unidades anunciadas, miles de familias todavía necesitarían una solución. La diferencia obliga a establecer prioridades, pero las instituciones no han explicado de manera suficiente cómo seleccionarán a los beneficiarios.
Uzcátegui reclamó información sobre el ritmo de construcción, las condiciones técnicas de las nuevas edificaciones y los criterios de adjudicación. También pidió mecanismos que permitan conocer quién recibe cada vivienda y por qué razón.
El activista mencionó denuncias según las cuales algunas de las primeras casas no habrían llegado a víctimas directas del terremoto, sino a funcionarios. Estas acusaciones requieren verificación, pero muestran la necesidad de publicar listados y habilitar sistemas de contraloría que reduzcan las dudas.
La rendición de cuentas también debe alcanzar el uso de los recursos, la selección de terrenos y la contratación de empresas. La transparencia permitiría comprobar que cada proyecto cumple las normas de seguridad y que las autoridades no construyen nuevamente en zonas expuestas a amenazas.
Uzcátegui relacionó estas dificultades con la crisis institucional venezolana. A su juicio, la falta de seguridad jurídica y de autoridades confiables limita la llegada de inversión privada y extranjera que podría contribuir con la recuperación del sector inmobiliario.
El defensor aclaró que este planteamiento no busca politizar la tragedia. En su análisis, la debilidad de las instituciones tiene consecuencias directas sobre las personas porque retrasa las soluciones, reduce los recursos disponibles y deteriora la confianza necesaria para impulsar proyectos a largo plazo.
La reconstrucción exigirá años de trabajo y no podrá depender exclusivamente de anuncios gubernamentales. Venezuela necesitará ingenieros, arquitectos, universidades, organizaciones humanitarias, empresas, comunidades y especialistas en planificación urbana.
Uzcátegui recordó que, durante la tragedia de Vargas de 1999, Carlos Genatios convocó a universidades y expertos para aportar soluciones. En la emergencia actual, profesionales con experiencia humanitaria, como Susana Raffalli, denunciaron que las autoridades los excluyeron de los espacios donde se toman las decisiones.
La organización del activista preparó una guía con recomendaciones para administrar los albergues y la envió a la Asamblea Nacional, organismos de Protección Civil y cuerpos de bomberos. Según relató, algunas instancias de las Naciones Unidas y entidades privadas mostraron interés, pero las autoridades venezolanas no respondieron de la misma manera.
“Siguen viendo la participación ciudadana no como un complemento, sino como un obstáculo”, lamentó.
El defensor también cuestionó el manejo de la información durante la emergencia. Recordó que las autoridades declararon el duelo nacional siete días después del desastre y consideró que la respuesta priorizó el control político, poblacional y comunicacional.
Uzcátegui señaló que casi 90 medios continúan bloqueados en Venezuela. Esa restricción, afirmó, adquiere especial gravedad durante una catástrofe, cuando los ciudadanos necesitan conocer rutas de evacuación, zonas de riesgo, centros de atención y balances oficiales.
“La información salva vidas, la información da certidumbre”, resumió.
La sociedad civil llena vacíos y reclama apertura internacional
A pesar de su evaluación crítica, Uzcátegui destacó la respuesta de ciudadanos que crearon redes de apoyo, iniciativas digitales y proyectos para documentar las consecuencias de la tragedia.
Nuevos grupos de activistas comenzaron a registrar desaparecidos, asistir a los damnificados y reunir información que las instituciones no publicaron de manera consolidada. Para el defensor, esta reacción puede dejar un “saldo organizativo” capaz de renovar a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos.
La ausencia de una lista oficial de fallecidos y desaparecidos impulsó la creación de bases independientes. Durante la entrevista se mencionó un último registro conocido de 6.509 muertos, aunque Uzcátegui advirtió que distintos funcionarios ofrecieron cifras diferentes y que todavía no existe un consolidado oficial suficientemente claro.
Las iniciativas ciudadanas ayudan a identificar casos y conectar a las familias, pero no pueden sustituir las obligaciones del Estado. Las autoridades poseen acceso a hospitales, morgues, refugios y organismos de seguridad, por lo que deben centralizar y verificar los reportes.
Uzcátegui formuló dos peticiones inmediatas. La primera consiste en que la mesa de diálogo político anuncie una fecha concreta para las elecciones presidenciales. El activista no fijó un plazo específico y señaló que podrían celebrarse dentro de un año o año y medio. Para él, lo esencial radica en establecer un horizonte verificable.
El defensor considera que ese anuncio modificaría la conducta de algunos funcionarios y los llevaría a actuar con mayor apego institucional. También podría influir en las decisiones relacionadas con la reconstrucción y aumentar la rendición de cuentas.
Su segunda solicitud apunta a permitir el ingreso de organismos internacionales especializados. Uzcátegui mencionó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y las relatorías vinculadas con vivienda y derechos económicos, sociales y culturales.
Estas instituciones podrían ofrecer asesoría técnica, conocimiento especializado y experiencia adquirida en otras emergencias. El activista pidió que las autoridades dejen de considerarlas adversarias y aprovechen su capacidad para acompañar un proceso que demandará tiempo.
La apertura también permitiría verificar las condiciones dentro de los campamentos, evaluar las necesidades humanitarias y formular recomendaciones independientes. Una mayor cooperación facilitaría la identificación de fallas antes de que provoquen nuevas vulneraciones.
Uzcátegui añadió una tercera exigencia relacionada con el acceso a la información: levantar los bloqueos contra los medios de comunicación. A su juicio, esa decisión no necesita una reforma administrativa compleja, sino voluntad política.
Dos meses después del terremoto, el diagnóstico combina preocupación y esperanza. Por un lado, las denuncias describen refugios militarizados, damnificados sin participación, falta de transparencia y un programa de viviendas que todavía no responde a la magnitud de la destrucción.
Por otro, ciudadanos, voluntarios y organizaciones desarrollan herramientas para asistir a las víctimas y cubrir los vacíos informativos. Esta movilización demuestra que la sociedad conserva capacidad para organizarse incluso en un contexto de crisis.
La recuperación no dependerá únicamente de levantar viviendas, reparar escuelas o rehabilitar carreteras. También requerirá instituciones transparentes, comunidades involucradas y autoridades dispuestas a rendir cuentas.
Uzcátegui considera que el país necesita reconstruir un elemento menos visible, pero fundamental para sostener cualquier política pública. “Hay algo que no se reconstruye con discursos ni con anuncios: la confianza ciudadana”, concluyó.
Con información de La Patilla
