Las garantías políticas en Venezuela marcarán uno de los principales temas del próximo ciclo de conversaciones entre sectores de la oposición y representantes del chavismo. La delegación opositora prevé instalar la próxima semana una mesa dedicada a libertades civiles, expresión y condiciones institucionales.
Dinorah Figuera, jefa de la representación opositora, explicó durante un encuentro virtual con abogados de Mérida que la hoja de ruta contempla abordar estos asuntos en una nueva fase del diálogo. El objetivo, según indicó, consiste en revisar normas y mecanismos que afectan el ejercicio de derechos políticos y ciudadanos.
Garantías políticas en Venezuela entran en la agenda
Sergio Vergara señaló que la nueva mesa centrará buena parte de sus discusiones en aspectos normativos e institucionales relacionados con la represión y las restricciones a las libertades.
Entre las normas que la oposición plantea revisar figuran la denominada Ley del Odio, la legislación sobre fiscalización y control de organizaciones no gubernamentales y la llamada Ley Simón Bolívar.
Vergara sostuvo que la intención es modificar los contenidos que consideran incompatibles con los derechos humanos y promover un marco jurídico que ofrezca mayores garantías para la participación política y la libertad de expresión.
Segundo ciclo busca ampliar los acuerdos
Jorge Millán expresó su expectativa de que la nueva etapa del diálogo produzca avances concretos para el país.
El primer ciclo concluyó el 12 de agosto después de una semana de conversaciones entre representantes del chavismo y un sector opositor. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no forman parte de esa delegación.
Las partes alcanzaron entonces acuerdos relacionados con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y con la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra para destinarlos a la atención de las víctimas de los terremotos de junio.
Renovación del TSJ avanza en paralelo
Tras los primeros acuerdos, la Asamblea Nacional modificó un artículo de la ley que regula el TSJ con el propósito de ampliar la participación de la sociedad civil en el comité encargado de evaluar las postulaciones para nuevos magistrados.
Juan Miguel Matheus explicó que el proceso de evaluación y selección podría extenderse hasta 90 días, de acuerdo con los plazos establecidos en la legislación.
El Parlamento ya había comenzado en abril un procedimiento para sustituir parte de los magistrados, pero los terremotos de junio interrumpieron ese proceso.
La nueva ronda de negociaciones buscará ahora ampliar los resultados hacia el terreno político y jurídico, con una agenda que pone el énfasis en libertades civiles, normas institucionales y garantías para la actividad política.
Con información de EFE
