El plan de créditos para damnificados por los terremotos del 24 de junio genera incertidumbre entre familias de Playa Grande, en La Guaira, que denuncian trabas burocráticas, retrasos en las respuestas bancarias y diferencias entre los montos solicitados y las cifras preaprobadas.
El programa habitacional anunciado por el gobierno de Delcy Rodríguez estableció una cobertura máxima de 100.000 dólares y dos modalidades de financiamiento. Sin embargo, afectados consultados por Infobae aseguran que todavía desconocen aspectos del procedimiento y cuestionan la forma en que las instituciones aplican las condiciones anunciadas.
Plan de créditos para damnificados contempla dos modalidades
Para inmuebles con un precio de hasta 70.000 dólares, el esquema contempla un subsidio estatal del 80 % y un financiamiento bancario por el 20 % restante a 25 años.
En propiedades cuyo valor se ubique entre 70.001 y 100.000 dólares, el Estado cubriría 50 % y la banca financiaría la otra mitad. Ambos mecanismos incluyen un año de gracia, una tasa anual de 5 % y un recargo de 1 % por mora sobre las cuotas vencidas.
Familias denuncian retrasos y reducción de montos
Algunos damnificados comenzaron a buscar viviendas fuera de La Guaira ante las dificultades para encontrar opciones dentro de los valores establecidos. Una familia intentó adquirir una propiedad de 100.000 dólares en Valencia y presentó la documentación requerida ante el Banco Digital de los Trabajadores.
Según el testimonio recogido por Infobae, funcionarios de la entidad indicaron inicialmente que responderían en cinco días hábiles. Tres semanas después, los solicitantes aún no habían recibido información. Posteriormente, el banco habría preaprobado 60.000 dólares, pese a que la petición alcanzaba los 100.000.
“Solicitamos 100 mil dólares y ellos decidieron aprobar 60 mil, eso no nos ayuda”, relató uno de los afectados.
Damnificados reclaman reglas más claras
Las familias también cuestionan que el Ejecutivo anunciara montos máximos sin explicar con suficiente detalle los criterios que determinan cuánto puede recibir cada solicitante.
Uno de los damnificados sostuvo que las condiciones “no están claras” y criticó que las expectativas creadas por el anuncio inicial no coincidan con las respuestas que reciben algunos ciudadanos durante el proceso.
Para quienes perdieron sus viviendas o necesitan abandonar inmuebles afectados por los sismos, las demoras prolongan una situación de vulnerabilidad. Los solicitantes esperan ahora mayor información sobre los criterios de aprobación, los tiempos de respuesta y el alcance real de los subsidios y créditos ofrecidos por el Estado.
Con información de El Nacional
