Un juez federal de California dejó sin efecto, por ahora, las políticas utilizadas por el Gobierno de Donald Trump para aplicar un cobro adicional de 100.000 dólares por cada nueva petición de visa H-1B, al concluir que las agencias migratorias no siguieron los procedimientos exigidos por la legislación federal.
La decisión fue emitida el miércoles 30 de septiembre por el juez Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, en respuesta a una demanda presentada por una coalición de empleadores, sindicatos y organizaciones que cuestionaron la legalidad de la medida.
El magistrado determinó que el Departamento de Seguridad Nacional, USCIS y otras agencias implementaron las políticas sin realizar el proceso de notificación y recepción de comentarios públicos requerido por la Ley de Procedimiento Administrativo. Por ello, ordenó dejar sin efecto las políticas que permitían aplicar el cobro y prohibió a las agencias continuar ejecutándolo mientras no cumplan con ese procedimiento.
La tarifa había sido establecida mediante una proclamación presidencial de septiembre de 2025 y posteriormente extendida en septiembre de 2026 hasta 2027. El Gobierno defendió la medida como una forma de combatir lo que calificó como abusos del programa H-1B, utilizado por empresas estadounidenses para contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas.
La decisión de California se suma a otro proceso judicial. En junio, un juez federal de Massachusetts también había bloqueado la aplicación del cobro, y posteriormente una corte federal de apelaciones rechazó suspender esa decisión mientras continúa el litigio.
El fallo de California no elimina la proclamación presidencial en sí, sino que bloquea las políticas de las agencias utilizadas para implementarla. El litigio continúa y el Gobierno todavía puede recurrir la decisión.
