Un total de 20 organizaciones venezolanas y 126 líderes independientes de la sociedad civil solicitaron al congresista estadounidense Mario Díaz-Balart que intervenga ante el clima de temor que, según denuncian, viven familias venezolanas en Doral y otras comunidades del distrito congresional 26 de Florida debido al incremento de las operaciones de control migratorio.
La petición fue presentada el 30 de septiembre mediante una carta colectiva dirigida al representante republicano, en la que las organizaciones expresan su preocupación por familias que, según relatan, temen salir de sus hogares, acudir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, asistir a citas médicas o realizar actividades cotidianas. También advierten sobre el impacto de estas operaciones en negocios y en la vida comunitaria.
Los firmantes reconocen la autoridad del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias, pero sostienen que las acciones de las autoridades deben respetar el debido proceso, la dignidad humana y los principios de igualdad ante la ley. En particular, solicitan que no se produzcan detenciones indiscriminadas, intimidación o perfiles basados en la nacionalidad.
La carta pone especial énfasis en Doral debido a la importante presencia de venezolanos en la ciudad. De acuerdo con los datos citados por los firmantes, Doral tenía una población estimada de 81.634 habitantes al 1 de julio de 2025 y el 70,3 % de sus residentes había nacido fuera de Estados Unidos. Además, el documento cita estimaciones según las cuales aproximadamente el 40 % de los habitantes de la ciudad son de ascendencia venezolana.
Los representantes de las organizaciones también argumentan que el carácter inmigrante de Doral no debe asociarse automáticamente con criminalidad. La carta cita datos del presupuesto municipal que reportan una reducción del 12 % en el crimen general durante el año fiscal 2023 y una disminución adicional del 32 % interanual en 2024. No obstante, el propio documento aclara que esas cifras no están clasificadas por nacionalidad y, por tanto, no permiten atribuir las tendencias criminales a una comunidad específica.
Entre sus principales solicitudes, los firmantes piden a Díaz-Balart que se pronuncie públicamente sobre los operativos migratorios, solicite una sesión informativa al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE sobre el alcance de las operaciones y las personas detenidas, y facilite asistencia congresional a las familias cuyos familiares hayan sido detenidos.
Asimismo, la coalición solicita al congresista convertirse en copatrocinador de **H.R. 1589, la American Dream and Promise Act of 2025**, y apoyar su consideración en la Cámara de Representantes. La legislación contempla, bajo determinados requisitos, vías hacia un estatus permanente para ciertos beneficiarios de DACA, TPS y DED.
La carta destaca además que la comunidad venezolana representa una importante fuerza cívica y electoral en el distrito de Díaz-Balart y sostiene que muchos de sus integrantes llegaron a Estados Unidos tras huir de persecución política, detenciones arbitrarias, amenazas y otras formas de represión en Venezuela.
Los firmantes aclaran que su solicitud no pretende impedir la deportación o persecución legal de personas que representen una amenaza genuina para la seguridad pública. Su petición, señalan, busca que exista una diferenciación entre delincuentes peligrosos y familias, solicitantes de asilo, beneficiarios de TPS, Dreamers y residentes de larga duración, mediante una evaluación individual de cada caso.
Finalmente, las organizaciones y líderes de la sociedad civil instaron a Díaz-Balart a reunirse con representantes de la comunidad y escuchar directamente a las familias afectadas. El documento registra inicialmente 20 organizaciones y 126 líderes independientes como adherentes, para un total de **146 respaldos confirmados**.
