La presencia del ELN en La Guajira vuelve al centro de la atención por los testimonios sobre su posible avance en comunidades del norte de Uribia. Una investigación de El Colombiano, publicada el 12 de octubre de 2026, recoge versiones de fuentes de Nazareth y Siapana sobre un repliegue de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca, y una mayor capacidad de movimiento de la guerrilla. Estos relatos apuntan a un reacomodo territorial, aunque todavía requieren corroboración oficial.
El antecedente inmediato ocurrió el 4 de septiembre, cuando la Policía adelantó en Riohacha la operación en la que murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor. La Presidencia confirmó el resultado y lo señaló como responsable de actividades de narcotráfico, extorsión y presiones contra la población del Caribe colombiano. Ese golpe permite establecer un cambio en la estructura criminal; demostrar sus consecuencias territoriales exige examinar, además, quién conserva las rutas, quién impone controles y qué ocurre con los habitantes.
ELN en La Guajira: los antecedentes de una presencia anterior
Los registros institucionales muestran que la guerrilla operaba en el departamento antes de la muerte de Bendito Menor. El 19 de marzo de 2026, el GAULA de la Policía informó sobre la captura en Maicao de alias Pepi, presunto integrante del ELN. Según la investigación policial, el hombre cumpliría labores de inteligencia para identificar posibles víctimas de secuestro y extorsión. La autoridad puso al detenido y un arma incautada a disposición de la justicia.
Este antecedente aporta una distinción necesaria: la posible expansión actual parte de una implantación previa. La captura documenta una actuación policial contra un supuesto miembro de la organización, pero por sí sola no determina cuántos integrantes operan allí ni cuánto territorio controlan.
La Defensoría del Pueblo también había advertido sobre el deterioro de la seguridad. Su Alerta Temprana de Inminencia 013-26, del 22 de junio, identificó en Maicao la convergencia del ELN, las ACSN, la Segunda Marquetalia y estructuras criminales locales y transnacionales. El organismo destacó la pretensión de consolidación de Los Pachenca dentro de un escenario cada vez más complejo.
La secuencia de marzo, junio y septiembre permite interpretar el supuesto avance como parte de una disputa anterior. Sin embargo, los antecedentes de Maicao no prueban automáticamente lo que sucede en Nazareth y Siapana: cada zona necesita verificación propia.
Corredores fronterizos y cambios en el mapa armado
La investigación de El Colombiano recoge la descripción de un corredor que conecta Castilletes, Puerto López, Flor del Paraíso, Wimpeshi, Siapana y Punta Espada con la frontera venezolana. El trazado procede de una fuente del reportaje y no equivale a un mapa oficial de control guerrillero.
Identificar una ruta tampoco permite atribuir a una misma organización todos los movimientos que ocurren sobre ella. Para establecer dominio territorial hacen falta evidencias sobre permanencia, vigilancia, cobros, restricciones de circulación y capacidad de imponer decisiones a las comunidades. La circulación de hombres armados constituye una señal de riesgo; su alcance depende de la frecuencia y las condiciones de esos movimientos.
El análisis regional exige, además, reconocer diferencias entre municipios. Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, explicó al diario que distintos actores ejercen influencia según la subregión. También precisó que la coincidencia del ELN y el Clan del Golfo en determinados sectores no permite afirmar, por ahora, una guerra territorial abierta entre ambos.
Una investigación de la FIP publicada en julio ya examinaba el fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza criminal de las ACSN. Ese enfoque ayuda a formular una pregunta más amplia: después de los golpes contra sus mandos, ¿qué ocurre con las redes que sostienen la coerción sobre la población? La muerte de un cabecilla no permite responderla sin seguimiento territorial.
Jóvenes bajo amenaza y denuncias pendientes de esclarecer
El aspecto más delicado del reportaje corresponde a las presuntas retenciones de jóvenes. Una fuente aseguró que algunos regresaron después de interrogatorios, mientras otros no habían vuelto a sus hogares. El propio periódico aclaró que las autoridades consultadas no confirmaban entonces esa información. Por ello, las versiones requieren investigación y no permiten presentar como establecidos secuestros, desapariciones o responsabilidades individuales.
Las advertencias humanitarias, sin embargo, preceden a estos testimonios. En junio, la información sobre la alerta de la Defensoría señaló riesgos de desplazamiento, reclutamiento de menores y control territorial que afectan especialmente a indígenas wayúu, migrantes y líderes sociales de Maicao. Estos antecedentes documentan vulnerabilidades, aunque no corroboran cada denuncia reciente de la Alta Guajira.
El esclarecimiento necesita datos concretos: fechas y lugares de las retenciones, número de personas afectadas, denuncias registradas, actuaciones de búsqueda y respuestas de las entidades competentes. También requiere proteger la identidad de quienes aportan información, para que la verificación no aumente su exposición.
La documentación disponible sustenta la presencia previa del ELN y la concurrencia de varios grupos ilegales. Los testimonios recientes plantean una posible ampliación de su influencia, cuyo alcance aún necesita comprobación. La pregunta central permanece abierta: después del debilitamiento de Los Pachenca,
¿las instituciones han logrado garantizar la seguridad y la libertad de movimiento de las comunidades, o nuevas estructuras están imponiendo sus reglas?
El Venezolano NewsPaper
