Foro Penal advirtió este martes 20 de octubre que cambiar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no bastará para garantizar la independencia judicial. La organización pidió acompañar esa renovación con reformas legales y modificaciones en las instituciones que intervienen en los procesos penales.
Durante un encuentro en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), en Caracas, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, sostuvo que incorporar profesionales honestos al máximo tribunal resultaría insuficiente si las mismas personas mantienen el control de las estructuras que ejercen la represión.
Foro Penal plantea reconstruir la justicia desde sus bases
Himiob cuestionó que el sistema responda a los intereses de quienes ejercen el poder en lugar de atender las necesidades ciudadanas. Por ello, propuso una transformación que abarque los distintos niveles de la administración judicial.
El abogado también pidió actualizar el Código Penal, que calificó de anacrónico, y reformar o derogar las normas que, según denunció, han servido para perseguir a sectores disidentes. Consideró fundamental que la ciudadanía pueda confiar en quienes integren el TSJ.
Romero señala responsabilidades de jueces y fiscales
Alfredo Romero, director presidente de la organización, afirmó que los organismos judiciales todavía funcionan como instrumentos de persecución política.
Su señalamiento incluyó a jueces y fiscales, a quienes atribuyó responsabilidades que van más allá de encubrir irregularidades. Según sostuvo, algunos han participado directamente en procedimientos contra personas que adversan al poder.
La selección de representantes civiles acumula retrasos
El pronunciamiento coincide con otro aplazamiento en la integración del Comité de Postulaciones Judiciales. La Asamblea Nacional no convocó la sesión del martes en la que debía escoger a 12 representantes civiles, quienes compartirán esa instancia con 11 diputados.
La selección podría pasar al jueves 22 de octubre. El calendario original contemplaba el 15, pero la comisión preliminar extendió la evaluación ante las 127 postulaciones recibidas. Después, Luis Florido anunció la designación para el día 20 y la instalación para el 21, una secuencia que quedó pendiente.
Sobre los aspirantes, Transparencia Venezuela identificó vínculos políticos en 52: 13 militantes del PSUV, 30 personas relacionadas con el oficialismo y nueve integrantes de otras organizaciones. La revisión de estos perfiles acompaña las exigencias de independencia en el procedimiento para renovar el máximo tribunal.
Con información de El Nacional
