Las redadas del ICE ya no inquietan solo a los inmigrantes: también alarman a los empresarios que dependen de su trabajo. Un reportaje elaborado con El País y Puente News Collaborative describe el temor de los dueños de negocios ante la interrupción repentina de sus cadenas operativas.
El problema golpea a varios sectores a la vez. El aumento de las redadas, las detenciones y las deportaciones, junto con el fin de las protecciones temporales para migrantes, afecta con fuerza a la construcción, los servicios y la agricultura. Los patrones aseguran que la falta de personal ya encarece los proyectos y complica la contratación.
En Texas, la reacción se volvió visible en las obras. Cada vez más constructores del sur del estado instalan cercas de alambre y letreros para impedir que los agentes entren sin una orden judicial. Los empresarios sostienen que los operativos se intensificaron en las últimas semanas y que el miedo a un interrogatorio o a una detención aleja de sus puestos incluso a quienes tienen autorización legal. Yahaira Martínez, dueña de una constructora, afirma que el temor alcanza a todos sus empleados, sin importar su situación migratoria.
Los números respaldan la preocupación. Un informe de America’s Voice calcula que 86 ciudades con fuertes operativos perdieron 668.000 empleos en el primer semestre de 2025, lo que equivale a 13 puestos por cada arresto. Se trata de una estimación de una organización que defiende a los inmigrantes, por lo que conviene leerla con ese contexto.
El Gobierno ya conoce el malestar del sector. Según The Washington Post, funcionarios de la administración Trump se reunieron con empresarios después del aumento de los arrestos, y estos expresaron su inquietud por la pérdida de mano de obra. En junio de 2025, Trump llegó a ordenar una pausa en las redadas que afectaban a la agricultura y a la hotelería, una decisión que agricultores y gerentes recibieron con alivio.
La tensión se mantiene. Los empresarios piden a la Casa Blanca equilibrio al diseñar sus decisiones migratorias. El Gobierno defiende el endurecimiento de los controles, mientras los sectores que sostienen la economía reclaman estabilidad para sus plantillas. Esa disputa llega en plena campaña legislativa, y las dos partes la observan con atención.
