Cabello confirma despliegue militar en la frontera con Colombia tras la violencia en Cúcuta

El ministro aseguró que la FANB y los cuerpos de seguridad adoptaron previsiones para proteger a la población venezolana. No detalló el alcance del operativo ni anunció cambios en el funcionamiento de los pasos internacionales

Diosdado Cabello afirmó el lunes 2 de noviembre que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los cuerpos policiales y las autoridades locales permanecen desplegados en la frontera con Colombia. Vinculó estas medidas con la necesidad de prevenir repercusiones de la violencia registrada en Cúcuta.

Durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz sostuvo que el objetivo es proteger a las comunidades venezolanas. Sus declaraciones se produjeron después del anuncio colombiano de militarizar la capital de Norte de Santander.

Frontera con Colombia: Cabello habla de prevención sin precisar el operativo

El funcionario explicó que las autoridades deben anticiparse a situaciones que puedan afectar a quienes viven del lado venezolano. Sin embargo, no indicó cuántos efectivos participan, desde cuándo opera el despliegue ni cuáles localidades concentran la vigilancia.

Tampoco precisó si las medidas incluyen controles adicionales en los puentes internacionales que comunican Táchira con Norte de Santander. Por tanto, sus declaraciones no permiten afirmar que exista un cierre fronterizo o una modificación de los procedimientos de tránsito.

Cabello también defendió la posición de no intervenir en los asuntos internos colombianos y atribuyó esa orientación a las instrucciones de Delcy Rodríguez.

«No nos metemos en los asuntos internos de nadie, porque siempre hemos esperado que no se metan en los asuntos internos nuestros», expresó.

Los hechos violentos en Cúcuta motivaron el refuerzo colombiano

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció el 29 de octubre una militarización inmediata y temporal de Cúcuta para responder a una sucesión de ataques y homicidios.

Entre los antecedentes figuran el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno municipal y aspirante a la Alcaldía, ocurrido el 26 de octubre, y la explosión registrada al día siguiente en instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cerca de un paso internacional.

El atentado dejó varios heridos y elevó la preocupación por la seguridad en una zona de intensa movilidad comercial y ciudadana.

La cercanía de Cúcuta con San Antonio del Táchira y Ureña explica la atención venezolana sobre estos acontecimientos. Las comunidades de ambos países mantienen vínculos cotidianos de trabajo, abastecimiento y transporte, por lo que cualquier alteración del orden público tiene relevancia para la dinámica fronteriza.

Los reportes de un ataque en Apure añaden tensión regional

En otro sector de la extensa frontera, FundaRedes denunció un ataque contra un presunto campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo, estado Apure.

La organización situó los hechos el viernes 30 de octubre y atribuyó la operación a militares venezolanos. Los primeros reportes mencionaron nueve fallecidos; posteriormente, fuentes de la ONG elevaron a 19 el balance de posibles víctimas.

Esas informaciones corresponden a una zona distinta del eje Cúcuta-Táchira. Las declaraciones de Cabello sobre el despliegue preventivo no establecen una relación operativa entre ambos episodios.

La información suministrada tampoco incluye una explicación oficial sobre el ataque en Apure. Quedan pendientes las precisiones sobre sus circunstancias, el número definitivo de fallecidos y el alcance de las actuaciones militares en ese sector.

Con información de EFE

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