El ataque contra el ELN en Apure del viernes 30 de octubre contó con apoyo de inteligencia y drones de Estados Unidos, según cuatro funcionarios estadounidenses consultados por The New York Times. Las fuentes solicitaron anonimato por la sensibilidad de la información.
La operación tuvo como objetivo una instalación que presuntamente servía para distribuir cocaína cerca de la frontera con Colombia. FundaRedes reportó al menos 23 fallecidos y un número indeterminado de heridos, de acuerdo con testimonios recogidos entre sobrevivientes y habitantes de la zona.
Ataque contra el ELN en Apure deja preguntas sobre la operación
Aunque las fuentes confirmaron al diario la participación estadounidense, no precisaron quién operó directamente los drones. Uno de los funcionarios señaló que el modelo utilizado suele estar bajo control de fuerzas de Estados Unidos, pero ese dato no permite determinar quién lo manejó durante el bombardeo.
Un alto oficial venezolano, también bajo reserva de identidad, afirmó al periódico que la Fuerza Armada ejecutó el ataque. Sin embargo, indicó que no disponía de información directa sobre la asistencia de Washington.
El Departamento de Estado remitió las preguntas al Departamento de Defensa, que a su vez las dirigió al Gobierno venezolano. Según el reportaje, las autoridades de Caracas no respondieron a la solicitud de comentarios.
Estas declaraciones aportan versiones sobre la responsabilidad operativa, pero no sustituyen una explicación pública de los gobiernos sobre los objetivos, medios utilizados y resultados del ataque.
FundaRedes advierte sobre posibles víctimas no combatientes
Juan Francisco García, coordinador regional de FundaRedes, explicó que habitantes de fincas cercanas escucharon dos fuertes explosiones durante la mañana del viernes. Cuando se aproximaron al lugar, encontraron cuerpos entre los restos de la instalación.
El activista sostuvo que las entrevistas con sobrevivientes y familiares indican que no todos los fallecidos eran combatientes. Entre las víctimas habría pilotos, proveedores y familiares o parejas de integrantes de la guerrilla, incluida una mujer de aproximadamente 60 años.
García señaló que menos de la mitad de los muertos habían sido identificados hasta el lunes 2 de noviembre. También indicó que algunos documentos encontrados correspondían a ciudadanos venezolanos.
El balance de 23 fallecidos amplía los reportes iniciales difundidos durante el fin de semana. La identificación de las víctimas y la determinación de sus actividades requieren comprobaciones individuales; la presencia en el lugar no acredita por sí sola pertenencia armada al ELN.
La cooperación militar modifica el escenario fronterizo
El episodio ocurre en un contexto de acercamiento entre Washington y Caracas después de la captura de Nicolás Maduro en enero. También coincide con conversaciones sobre un acuerdo que podría establecer un marco para una presencia militar estadounidense prolongada en Venezuela.
La ofensiva contrasta con investigaciones que han documentado el uso del territorio venezolano como refugio y centro de operaciones del ELN. Los reportes citados describen actividades relacionadas con narcotráfico, minería ilegal y control de corredores fronterizos.
En septiembre, Marco Rubio advirtió durante una visita a Colombia que la organización no podía continuar operando impunemente en Venezuela y aseguró que había abordado el asunto con las autoridades interinas.
Las autoridades de Defensa colombianas negaron haber participado en la operación de Apure. Analistas consultados por el diario interpretan las ofensivas a ambos lados de la frontera como una presión simultánea sobre la guerrilla, aunque esa valoración no confirma un mando conjunto.
El reporte sitúa el bombardeo dentro de una cooperación de seguridad creciente. Quedan pendientes una versión oficial completa y el esclarecimiento de las circunstancias en que murieron las personas señaladas por FundaRedes.
