
Los grupos armados y minería ilegal en Venezuela mantienen una dinámica de expansión territorial que preocupa a especialistas en seguridad y organizaciones defensoras de derechos humanos. Pese a los operativos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las estructuras criminales conservan campamentos, corredores de movilidad y redes económicas que les permiten reorganizarse en la frontera con Colombia y en la Amazonía venezolana.
El criminólogo Pedro Barrueco Pérez advirtió que las organizaciones guerrilleras aprovechan los aproximadamente 2.200 kilómetros de frontera para establecer refugios y posiciones de defensa. Por su parte, el sociólogo Emiliano Terán Mantovani, investigador de Provea y del Observatorio de Ecología, señaló que la explotación minera continúa avanzando en Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, incluso en territorios donde los militares anunciaron el desmantelamiento de instalaciones ilegales.
Grupos armados y minería ilegal en Venezuela mantienen redes de control territorial
Barrueco explicó que las organizaciones criminales utilizan corredores fronterizos para movilizarse, transportar mercancías ilícitas y replegarse cuando enfrentan operaciones de seguridad.
El especialista considera que la nueva estrategia militar colombiana podría aumentar la presión sobre estas estructuras y provocar su desplazamiento hacia territorio venezolano.
También advirtió que los campamentos temporales corren el riesgo de convertirse en asentamientos permanentes desde los cuales las guerrillas impongan condiciones a las comunidades.
Según su análisis, esta expansión amenaza la libertad de circulación, la participación política y el ejercicio de la autoridad estatal.
La minería ilegal amenaza los ríos y la supervivencia de los pueblos indígenas
El informe Situación de los derechos humanos en Venezuela 2025, de Provea, documenta la presencia de organizaciones criminales en territorios indígenas y denuncia amenazas, reclutamiento y desplazamientos.
Terán Mantovani explicó que las operaciones militares redujeron temporalmente la explotación en lugares como el Parque Nacional Yapacana, pero posteriormente surgieron nuevos focos mineros.
El investigador también alertó sobre la deforestación, la destrucción de suelos y la contaminación de las cuencas del Caroní y otros afluentes del Orinoco.
El uso de mercurio representa otro peligro para las comunidades, debido a que este metal puede acumularse en peces y afectar a quienes dependen de ellos para alimentarse.
Asimismo, los depósitos de agua que deja la minería aluvial favorecen la reproducción de mosquitos transmisores de malaria.
ONG denuncian presunta complicidad militar y exigen políticas integrales
Provea recoge testimonios que señalan una presunta coordinación entre grupos guerrilleros y funcionarios militares para controlar yacimientos y obtener beneficios de la extracción ilegal.
Las denuncias incluyen supuestos pagos a agentes estatales, presencia conjunta en zonas mineras y restricciones impuestas a comunidades indígenas.
Sin embargo, estas acusaciones requieren investigaciones independientes que permitan determinar responsabilidades individuales.
Organizaciones como SOS Orinoco también cuestionan la efectividad de los operativos, pues consideran que algunas intervenciones desplazan la actividad hacia otros territorios sin eliminar sus redes financieras.
Terán Mantovani sostuvo que Venezuela necesita una política integral que combine seguridad, protección ambiental, alternativas económicas y participación de los pueblos originarios.
El investigador advirtió que la ausencia de instituciones sólidas y mecanismos de vigilancia favorece la continuidad de estas actividades.
Para los especialistas, recuperar el control territorial exige algo más que despliegues militares: requiere combatir las economías ilícitas, proteger a las comunidades y garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales.
Con información de El Nacional




