El venezolano Daniel Lozano Camargo podría regresar pronto a Estados Unidos, tras ser deportado de forma indebida a El Salvador. La situación, que ha sido foco de críticas públicas y reclamos legales, se encuentra ahora en manos del secretario de Estado, Marco Rubio, quien dirige conversaciones diplomáticas con el gobierno salvadoreño.
La jueza federal Stephanie Gallagher ya había ordenado su retorno hace semanas, pero hasta el momento, su repatriación no se ha concretado. El joven permanece detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de tener vigente una solicitud de asilo en territorio estadounidense.
Un error con implicaciones legales y humanas
Daniel Lozano, originario de Maracaibo, ingresó de manera irregular a EE. UU. cuando tenía 17 años. Tras ser retenido en un centro para menores, fue liberado en Houston, donde comenzó a rehacer su vida. Sin embargo, el 15 de marzo fue expulsado junto a otros extranjeros, bajo el amparo de una ley de emergencia utilizada por la administración Trump para deportaciones inmediatas sin audiencia judicial.
El proceso incluyó acusaciones por una antigua falta relacionada con posesión de drogas, que según su entorno, fue exagerada para vincularlo con estructuras criminales. Su familia insiste en que no tiene nexos con bandas como el Tren de Aragua y denuncia que su detención fue arbitraria.
Diplomacia activa y presión judicial
En una reciente presentación ante la corte, representantes del Servicio de Inmigración confirmaron que Marco Rubio encabeza los contactos con El Salvador para facilitar la salida del joven del Cecot. Su cercanía con el presidente Nayib Bukele ha sido un factor clave en esta etapa de negociaciones.
Melissa Harper, vocera de ICE, destacó que Rubio posee un conocimiento profundo del escenario político salvadoreño, lo que le permite asumir un papel central en estas conversaciones. Afirmó que se están tomando medidas concretas para cumplir con la orden judicial.
Orden judicial clara e inapelable
El 24 de abril, la jueza Gallagher dictaminó que la expulsión de Lozano vulneró un acuerdo vigente desde 2024, el cual prohíbe deportar a menores no acompañados mientras sus trámites migratorios están en curso. El fallo también subrayó que se le negó el derecho al debido proceso, al no analizar debidamente su estatus antes de enviarlo fuera del país.
Esta decisión obligó a la administración estadounidense a tomar acciones inmediatas para asegurar su regreso, advirtiendo que se cometieron múltiples errores administrativos y legales.
Familia exige justicia y respeto a sus derechos
La madre de Daniel ha sido una voz activa en redes sociales, denunciando la falta de garantías y señalando que su hijo fue víctima de prejuicios institucionales. Reclama que se le restituya la protección que le corresponde y se le permita continuar su proceso de asilo en libertad.
Mientras tanto, la atención mediática y política sigue creciendo. El caso se ha convertido en un ejemplo emblemático de los peligros de aplicar medidas migratorias sin evaluaciones individuales. La resolución de este caso podría sentar un precedente clave sobre los derechos de menores migrantes en Estados Unidos.
