La política migratoria colombiana ha dado un giro restrictivo para los ciudadanos venezolanos que buscan regularizar su situación en ese país. A diferencia de las medidas de acogida adoptadas en años anteriores, el actual Gobierno de Gustavo Petro ha reducido considerablemente las opciones de integración formal.
Las cifras hablan por sí solas: solo el 11,6 % de las solicitudes de visa han sido aprobadas desde diciembre de 2024, cuando comenzó a regir el nuevo mecanismo de regularización. Esta realidad deja a cientos de miles de personas en situación irregular y sin garantías básicas.
Retrocesos en las vías de legalización
Hasta hace poco, Colombia era considerada un modelo de apertura hacia la migración forzada venezolana, especialmente tras la implementación del Estatuto Temporal de Protección y los Permisos Especiales de Permanencia (PEP). Sin embargo, esos instrumentos perdieron vigencia sin que se estableciera una alternativa accesible para quienes no alcanzaron a completar los trámites requeridos.
La única opción actual es la visa de visitante venezolano, un documento difícil de conseguir y cuya tasa de aprobación es alarmantemente baja. Quienes recién llegan o no cuentan con documentos válidos quedan excluidos de este proceso.
Obstáculos administrativos y requisitos imposibles
Uno de los mayores desafíos es reunir los papeles exigidos por la Cancillería colombiana. Se requieren certificaciones apostilladas, constancias de ingresos, movimientos migratorios y hasta títulos académicos debidamente legalizados. Estos trámites resultan casi inalcanzables para quienes escaparon de Venezuela en condiciones precarias o sin acceso a los registros oficiales del régimen de Nicolás Maduro.
Además, la falta de coordinación institucional entre ambos países agrava la situación: muchos migrantes no pueden acceder a sus antecedentes o documentos básicos, lo que los condena a una existencia sin estatus legal, sin empleo formal y con derechos sociales limitados.
Impacto humano y cifras invisibles
Cerca de 1,5 millones de venezolanos en Colombia permanecen fuera de cualquier registro oficial. Este grupo vulnerable está expuesto a explotación laboral, barreras en el acceso a salud y educación, y riesgos de detención por parte de las autoridades migratorias.
La ONG Plan País ha advertido que la exclusión prolongada deteriora la posibilidad de integración y aumenta el riesgo de informalidad. El reciente decreto para crear el PEP-Tutor, destinado a representantes de menores de edad, aún no ha sido implementado, dejando sin solución a muchas familias.
Refugio: una puerta casi cerrada
Solicitar la condición de refugiado se presenta como una alternativa, pero el proceso es largo, incierto y, en la mayoría de los casos, inefectivo. Entre 2015 y 2024 se registraron más de 64.000 peticiones, con tiempos de espera que superan los tres años y tasas de aprobación mínimas.
Ante este panorama, miles de venezolanos siguen atrapados en un limbo jurídico, sin certezas sobre su futuro en Colombia. La regularización se ha convertido, más que en una posibilidad, en una excepción. La migración continúa, pero las puertas legales se cierran cada vez más.
