La Licencia General No. 40 emitida por el gobierno de Estados Unidos ha despertado interés y confusión en torno al verdadero alcance de las operaciones permitidas con el gas venezolano. Aunque presentada como una flexibilización con fines humanitarios, sus condiciones limitan de forma estricta la capacidad de Venezuela para beneficiarse económicamente de su comercialización.
No es una apertura al mercado energético
Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, explicó que la medida no permite a Venezuela vender gas directamente ni recibir ingresos derivados de esa transacción. En una entrevista con el Circuito Éxitos 99.9 FM, precisó que si bien se autoriza la importación de gas, los pagos deben hacerse directamente al proveedor, sin pasar por Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La iniciativa, promovida por el expresidente Joe Biden, busca garantizar el acceso al gas con fines sociales, pero bajo un esquema que excluye cualquier beneficio directo para el Estado venezolano.
Una realidad con infraestructura limitada
Felizzola también recordó que más del 90 % de los hogares venezolanos utilizan gas doméstico en bombonas, compuesto principalmente por metano. Aunque existen recursos significativos en el país, como el gas que se quema en el estado Monagas, su aprovechamiento se ve obstaculizado por la falta de infraestructura adecuada para el almacenamiento, transporte y distribución eficiente del combustible.
La posibilidad de importar gas bajo esta licencia representa, en teoría, una alternativa paliativa, pero no una solución estructural ni una fuente de ingresos para el país.
Un potencial económico aún desaprovechado
En cuanto a la exportación, el especialista destacó que el yacimiento Perla, ubicado en el estado Falcón, tiene capacidad para suministrar gas tanto a nivel interno como a Colombia. Según sus cálculos, si al menos el 50 % del gas actualmente desperdiciado se comercializara hacia el país vecino, Venezuela podría obtener entre 15 y 16 millones de dólares diarios.
No obstante, este escenario sigue siendo hipotético. La infraestructura, nuevamente, se convierte en el principal obstáculo. Las redes de transporte, plantas de compresión y acuerdos bilaterales necesarios para concretar ese comercio no se encuentran operativos ni en condiciones óptimas.
Conclusión: una medida simbólica con escaso impacto inmediato
La Licencia No. 40 no representa una apertura real del mercado energético venezolano, sino una vía estrecha y controlada para aliviar el suministro sin alterar el régimen de sanciones. Aunque ofrece una posibilidad técnica de acceso al gas importado, excluye cualquier ganancia para el Estado, lo que restringe su alcance práctico.
Para que Venezuela transforme sus recursos en beneficios concretos, se necesitarán inversiones, acuerdos y, sobre todo, estabilidad institucional que permita reactivar la industria con visión a largo plazo.
