El presidente Gustavo Petro aclaró que el joven de 17 años que proporcionó información sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe no se encontraba detenido ni estaba bajo una medida judicial. La situación ha generado reacciones encontradas entre diferentes entidades del Estado.
Un testigo voluntario, no un detenido
En días recientes, un joven migrante de 17 años acudió de forma espontánea ante la Fiscalía General de la Nación para entregar datos relevantes relacionados con la planeación del ataque perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá contra el senador Miguel Uribe Turbay. El ente acusador informó que el adolescente firmó un compromiso para ampliar su testimonio y fue acogido temporalmente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) bajo una medida de protección.
Pese a que no existía ninguna orden de detención en su contra, el menor permanecía en un centro del ICBF mientras se evaluaban sus condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, el pasado 29 de julio se reportó su salida voluntaria de dicha institución, hecho que desató críticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores.
Petro rechaza versión de fuga
El presidente Gustavo Petro desmintió categóricamente que se tratara de una evasión. En un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, afirmó: “Para quienes dicen que dejamos escapar un menor vinculado al atentado contra Miguel Uribe, es mentira”. El mandatario subrayó que el adolescente se encuentra jurídicamente libre y que abandonó el albergue por decisión propia, luego de colaborar con la justicia.
“El joven ya había entregado toda la información que tenía de manera voluntaria”, agregó el jefe de Estado, restando gravedad a la salida del centro de acogida.
Posición del ICBF y diferencias institucionales
Astrid Cáceres, directora del ICBF, explicó que el menor no estaba sujeto a ninguna medida de reclusión ni contaba con estatus de testigo protegido. “No se fugó porque no estaba preso, estaba en un centro de emergencia”, afirmó. Según señaló, se trataba de un proceso de acompañamiento humanitario dirigido a un adolescente migrante sin presencia familiar en el país.
Cáceres reiteró que el ICBF no custodia judicialmente a menores y que su misión es el restablecimiento de derechos, no la retención de personas sin orden legal.
Procuraduría considera que hubo evasión
En contraste, la Procuraduría General de la Nación calificó el episodio como una “evasión” y anunció la apertura de indagaciones internas para esclarecer las condiciones de protección en las que se encontraba el menor. El Ministerio Público solicitó a las autoridades ubicar al adolescente lo antes posible, con el objetivo de resguardar tanto su bienestar como el avance de la investigación.
La divergencia de interpretaciones entre el Ejecutivo, el ICBF y la Procuraduría evidencia la complejidad legal de casos que involucran menores migrantes sin estatus judicial definido, y deja en evidencia las tensiones interinstitucionales ante episodios sensibles de seguridad nacional.
