El departamento del Cesar, ubicado al norte de Colombia, vive una compleja coyuntura migratoria con la presencia de casi 70.000 ciudadanos venezolanos. De acuerdo con datos de Migración Colombia, hasta el 24 de julio, solo 54.402 personas cuentan con estatus legal. El resto, más de siete mil individuos, permanece fuera del sistema formal, lo que restringe su acceso a salud, educación y empleo.
La situación fue tratada en la Primera Mesa de Coordinación Departamental de Asuntos Migratorios, liderada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán. Participaron entes gubernamentales, agencias internacionales y autoridades locales, aunque no se convocó a asociaciones de migrantes con presencia activa en el territorio.
El subregistro: barrera para la inclusión
Uno de los mayores obstáculos identificados es la falta de mecanismos para formalizar la situación de adultos migrantes. Según ACNUR, actualmente solo los menores escolarizados tienen vías claras de regularización. Este vacío institucional perpetúa la exclusión y vulnerabilidad de miles de personas.
La vocera del organismo enfatizó que atender a los niños es una puerta de entrada hacia la garantía de derechos fundamentales. La regularización de infancias, además de abrir el acceso al sistema de salud y educación, representa una oportunidad para avanzar hacia la inclusión social de las familias completas.
Cooperación debilitada y recursos insuficientes
Durante el encuentro se advirtió sobre la disminución del apoyo internacional, especialmente desde la salida de Estados Unidos de programas de ayuda bajo la administración Trump. Esta reducción ha dejado a más de mil profesionales sin trabajo, afectando directamente la capacidad de respuesta institucional.
Además, los participantes coincidieron en que Colombia recibe poca inversión extranjera frente a la magnitud del fenómeno migratorio. La falta de financiamiento impide ampliar programas de asistencia y dificulta implementar estrategias sostenidas de integración.
Voces desde los municipios
Los alcaldes de La Jagua de Ibirico, Aguachica y Valledupar expusieron realidades concretas. En La Jagua hay al menos 4.000 personas con documentos en regla, pero muchas más siguen invisibles para el Estado. En Aguachica, la preocupación se centra en el abandono del punto de atención de Migración Colombia, lo que ha dejado sin soporte a una población que supera los 15.000 migrantes.
Los mandatarios municipales también denunciaron actos de discriminación contra mujeres venezolanas y pidieron mayor presencia institucional para atender a esta población de forma digna.
Acciones y compromisos próximos
Como resultado de la mesa, la Gobernación del Cesar anunció que incorporará a las organizaciones migrantes en futuras reuniones. También se comprometió a realizar jornadas de regularización y sensibilización en zonas prioritarias, con el objetivo de reducir el número de personas en situación irregular antes de octubre.
Estas iniciativas buscan construir una política migratoria integral que reconozca a los venezolanos no como una carga, sino como parte activa del tejido social del departamento.
