Durante los primeros seis meses del año, las autoridades migratorias estadounidenses intensificaron sus acciones, generando un incremento notorio en los arrestos de migrantes. La llegada de Donald Trump nuevamente al poder marcó el reinicio de operativos agresivos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), registrando más de 109.000 detenciones en este periodo. Entre los más afectados se encuentran ciudadanos venezolanos, cuya presencia crece rápidamente en el país norteamericano.
Regiones con mayor actividad de detención
Según datos oficiales recopilados por CBS News, los arrestos se concentran en estados ubicados en el sur del país y en zonas fronterizas. Texas lidera con el 23,2 % de los casos, seguido de Florida (11,1 %) y California (7,1 %). Otros estados con cifras relevantes incluyen Georgia, Arizona, Nueva York, Virginia, Nueva Jersey, Tennessee y Massachusetts.
El comportamiento del ICE responde, en gran medida, a la colaboración de las autoridades estatales y locales. Tal como explica Kathleen Bush-Joseph, analista del Migration Policy Institute, en lugares donde hay cooperación activa con los agentes federales, los operativos tienden a ser más frecuentes y agresivos. En cambio, en estados con políticas más restrictivas, aunque existen arrestos, estos suelen vincularse a la densidad poblacional de comunidades migrantes.
Latinoamérica, el principal blanco
Durante este nuevo capítulo en materia migratoria, personas provenientes de casi 180 países han sido detenidas. Sin embargo, la gran mayoría corresponde a América Latina y el Caribe. México encabeza la lista con aproximadamente 40.000 arrestos, seguido por Guatemala (15.000), Honduras (12.000), Venezuela (cerca de 8000) y El Salvador (más de 5000). Este patrón demuestra que los países más próximos geográficamente a Estados Unidos son también los más impactados por la política migratoria actual.
Perfil de los detenidos: pocos antecedentes penales
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional asegura que su objetivo es detener a individuos con historial criminal, la evidencia contradice esa premisa. Un estudio del Washington Post, basado en el proyecto Deportation Data Project, revela que el 52 % de los arrestados no tenía condenas previas. El 41 % presentaba algún antecedente, y el 7 % enfrentaba cargos pendientes.
En los casos con condenas, los delitos más frecuentes no fueron violentos. Se incluyen infracciones como manejar bajo la influencia del alcohol, reingresar ilegalmente tras deportaciones y violar condiciones de libertad condicional.
Consecuencias para la comunidad venezolana
El aumento de aprehensiones de venezolanos es motivo de alarma. Muchos han llegado en busca de protección ante la crisis humanitaria de su país, pero enfrentan un sistema que no hace distinciones entre solicitantes de asilo, trabajadores o residentes de larga data. Este escenario obliga a extremar precauciones, sobre todo en territorios con alta cooperación entre autoridades locales y el ICE.
Es fundamental que los migrantes en EE. UU. consulten su situación legal con profesionales, eviten cualquier falta que pueda activar una alerta migratoria, conozcan sus derechos, tengan un plan familiar en caso de detención y estén al tanto del nivel de colaboración del estado en el que residen.
