Una reciente disposición del gobierno estadounidense introduce un cambio significativo en el proceso para solicitar visas de turismo y negocios. A partir de un programa piloto que durará un año, ciertos ciudadanos extranjeros deberán consignar una fianza de hasta 15.000 dólares como requisito para obtener el visado B-1/B-2. La medida busca reducir los altos niveles de personas que permanecen en territorio estadounidense más allá del tiempo autorizado.
Programa de prueba con alcance limitado
El Departamento de Estado de EE. UU. publicó la medida en el Registro Federal, anunciando que afectará únicamente a solicitantes provenientes de países con altos índices de estadía prolongada ilegal. Si bien no se ha divulgado aún la lista exacta de naciones incluidas, se estima que el programa alcanzará a unas 2.000 personas.
Durante el período de prueba, las autoridades consulares tendrán la facultad de exigir el pago de esta garantía económica antes de otorgar el visado. El monto promedio rondará los 10.000 dólares, aunque en algunos casos podría ascender hasta 15.000. El dinero será reembolsado si el viajero cumple con las condiciones del visado y abandona el país en el tiempo estipulado.
Contexto y motivaciones
Esta decisión no es aislada. Proviene de una política promovida durante la administración de Donald Trump, con la finalidad de reducir los abusos en el sistema migratorio. Según cifras oficiales, más de medio millón de personas excedieron la duración legal de su estadía en EE. UU. durante el año fiscal 2023.
El objetivo del nuevo esquema, según el Departamento de Estado, es enviar un mensaje claro a los gobiernos de los países involucrados: deben mejorar sus mecanismos de control y alentar a sus ciudadanos a respetar las leyes migratorias de Estados Unidos.
Otros costos migratorios en aumento
La fianza anunciada se suma a recientes incrementos en los aranceles migratorios. En julio se introdujeron tarifas adicionales como la llamada “tarifa de integridad de visa”, con un costo mínimo de 250 dólares. Además, por primera vez en la historia, los solicitantes de asilo deben pagar una cuota de 100 dólares, más un cargo anual adicional mientras sus casos estén pendientes.
Estas reformas están contenidas en una normativa que fue celebrada por la administración Trump como parte de una política más estricta de control fronterizo. Según el Departamento de Estado, solo en 2024 se emitieron cerca de 11 millones de visas no migrantes, lo que justifica, según el gobierno, la necesidad de una gestión más rigurosa.
Repercusiones y cuestionamientos
El anuncio ha generado diversas reacciones en los países potencialmente afectados, especialmente entre aquellos cuyas economías no facilitan el pago de este tipo de garantías. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han advertido que esta medida podría tener un efecto disuasivo para visitantes legítimos y limitar el acceso a viajes por razones turísticas o comerciales.
La comunidad internacional espera conocer en detalle los países involucrados en el programa y los resultados que arrojará este plan piloto, cuyo éxito o fracaso podría definir su aplicación futura de manera más amplia.
