En una audiencia realizada bajo estrictas medidas de confidencialidad, un adolescente de 15 años admitió ante un juez especializado su responsabilidad en el ataque armado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá. El caso, que ha generado conmoción nacional, avanza hacia una nueva etapa judicial mientras las autoridades continúan tras la pista de otros involucrados.
Confesión en audiencia reservada
La diligencia se llevó a cabo ante un magistrado con competencia en asuntos relacionados con menores de edad, conforme a lo establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia. En ese contexto, el implicado, conocido con el alias de ‘Tianz’, escuchó con atención la exposición del fiscal asignado, quien presentó los cargos por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego.
Pese a la gravedad de los hechos, el joven no mostró resistencia a la acusación. Por el contrario, aceptó plenamente los delitos imputados, lo que permitirá al proceso avanzar sin mayores dilaciones hacia la fase de definición de sanción penal juvenil.
El arma modificada y los hechos del atentado
Durante la audiencia, se confirmó que el arma utilizada en el atentado fue una pistola Glock de 9 milímetros, alterada para funcionar en modo ráfaga, lo que aumentó su peligrosidad. Este dato técnico fue clave para entender el nivel de planificación detrás del ataque, así como el riesgo que representó para las personas presentes en el acto público.
Uno de los escoltas del senador relató ante la Fiscalía cómo reaccionó ante la agresión. Tras percatarse de la presencia del atacante, intentó reducirlo, pero fue recibido con disparos. “Temiendo por mi integridad física, reaccioné con mi arma”, declaró el agente de seguridad, según reportó Caracol Radio.
Conmoción nacional y avance del proceso
El atentado contra Miguel Uribe dejó como saldo tres heridas de bala, dos de ellas en la cabeza. Aunque el senador se encuentra fuera de peligro, permanece en tratamiento médico. El hecho, ocurrido en plena campaña política, ha sido calificado como un intento de magnicidio y ha encendido las alarmas sobre la violencia en el ámbito electoral colombiano.
La Fiscalía ha judicializado a seis personas vinculadas con el atentado, entre ellas Katerine Andrea Martínez, alias Andrea, y Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, señalado como el posible coordinador del plan criminal.
Recompensa y búsqueda de más responsables
Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 300 millones de pesos colombianos a quienes proporcionen información que conduzca a la captura de otros involucrados en el atentado. Aunque el adolescente confesó haber disparado, las investigaciones apuntan a una estructura criminal más amplia detrás del hecho.
El país sigue atento al desarrollo de este caso, que ha puesto en evidencia la urgencia de reforzar la seguridad en actos políticos y la necesidad de respuestas contundentes ante la violencia contra líderes democráticamente electos.
