Desde marzo de 2022, el salario mínimo venezolano se mantiene en 130 bolívares. En aquel momento, este monto equivalía a aproximadamente 30 dólares mensuales; sin embargo, la depreciación de la moneda redujo su valor a un solo dólar, según la tasa oficial de 130,06 bolívares por dólar registrada este viernes.
Aunque este pago incide en beneficios como vacaciones, liquidaciones y utilidades, el Gobierno ha optado por complementar los ingresos con bonos especiales, entre ellos uno de alimentación por 40 dólares y otro denominado “ingreso de guerra económica” por 120 dólares, ambos pagados a la tasa vigente del BCV.
El impacto en los trabajadores y las protestas gremiales
El exgobernador y dirigente opositor Andrés Velásquez calificó la actual situación como “el umbral del infierno” y alertó que el salario mínimo “desaparece” frente a la acelerada devaluación. A su juicio, la consecuencia directa es un aumento de la pobreza, el hambre y la ruina económica.
Por su parte, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) exigió de manera urgente un ajuste salarial. Según esta organización, los docentes reciben remuneraciones que oscilan entre uno y cuatro dólares mensuales, lo que pone en riesgo la formación académica y el futuro profesional del país.
Una brecha insalvable frente al costo de vida
El Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que, para abril, el costo de la canasta básica era de 503,73 dólares. Esto significa que, aun con los bonos adicionales, el ingreso de un trabajador público apenas cubre una fracción mínima de las necesidades mensuales de una familia promedio.
La ONG Provea recordó que la Constitución venezolana obliga al Estado a garantizar un ingreso suficiente para una vida digna y a ajustarlo periódicamente al costo de la canasta básica, algo que, según sus voceros, no se está cumpliendo.
La visión oficial: bonos como herramienta económica
El Ejecutivo ha defendido su política de bonos, calificándola como una estrategia innovadora para enfrentar la “guerra económica”, el bloqueo internacional y las sanciones.
Asimismo, argumenta que este mecanismo busca evitar un repunte inflacionario, aunque especialistas advierten que estas ayudas no sustituyen un salario digno ni protegen de la pérdida constante del poder de compra.
