El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 durante un evento político en el occidente de Bogotá, ha desatado un intenso debate sobre las garantías de seguridad para los funcionarios públicos y las compensaciones económicas que la ley otorga a sus familias en casos como este.
Las declaraciones de expertos legales han puesto sobre la mesa tanto el régimen especial de pensiones como la posibilidad de que el Estado enfrente una millonaria indemnización por presunta omisión en su deber de protección.
Pensión de sobrevivientes y beneficios legales
De acuerdo con el abogado Andrés Barrera, la viuda y los hijos del congresista tendrían derecho a recibir una pensión de sobrevivientes equivalente al 75% de su salario mensual. Para la esposa, este ingreso tendría carácter vitalicio, mientras que para los hijos se mantendría hasta los 25 años siempre que continúen con sus estudios.
Este beneficio se enmarca en la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993, que establecen condiciones especiales para los miembros del Congreso. Adicionalmente, al tratarse de un homicidio cometido durante el ejercicio de funciones políticas, el caso se considera un accidente laboral, lo que habilita la intervención de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para otorgar un beneficio similar.
Elección del régimen más favorable
Aunque la ley prohíbe recibir simultáneamente ambas pensiones, Barrera explicó que los familiares podrán escoger la que resulte más conveniente. Una de las ventajas del esquema de la ARL es que su tramitación suele ser más ágil y no requiere un mínimo de semanas cotizadas, lo que podría facilitar el acceso inmediato a recursos económicos.
Actualmente, el salario mensual de un senador asciende a $51,51 millones, distribuidos entre asignación básica, gastos de representación y prima especial. Esto permite dimensionar la cuantía de los ingresos que recibirían los beneficiarios.
Posible indemnización por responsabilidad estatal
Más allá de la pensión, existe la opción de demandar al Estado por una presunta falla en el deber de protección. Según el jurista Francisco Bernate, hay antecedentes en los que el Estado colombiano ha sido condenado a compensar económicamente a las familias de víctimas por deficiencias en la protección de su vida e integridad.
En el caso de Uribe Turbay, la investigación reveló que hubo decenas de solicitudes formales de protección ignoradas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que podría fortalecer la hipótesis de negligencia estatal.
El papel del Consejo de Estado
El Consejo de Estado será la instancia encargada de estudiar una eventual demanda contra el Estado. El monto de la indemnización dependerá de factores como la participación de terceros en el crimen y el contexto de riesgo previamente denunciado.
Aunque la intervención de grupos criminales y de un menor ya fue establecida, Bernate advierte que la responsabilidad del Estado no desaparece, pues las alertas previas no fueron atendidas. De confirmarse este argumento, el país podría enfrentar una condena que, además de su impacto económico, reforzaría la necesidad de replantear las medidas de seguridad para líderes políticos.
