Una compleja red dedicada al tráfico de migrantes entre Venezuela y Brasil fue desarticulada tras una operación conjunta de la Fiscalía Federal y la Policía brasileña. Las autoridades detuvieron a diez personas acusadas de integrar una organización que, durante varios años, habría facilitado el ingreso irregular de más de 400 migrantes a través de la frontera norte, cobrando hasta 1.000 dólares por persona.
El grupo operaba desde 2021 hasta 2024 en el municipio de Pacaraima, estado de Roraima, principal punto de tránsito entre ambos países. Según la investigación, los implicados sobornaban a funcionarios fronterizos, falsificaban documentos y utilizaban sellos oficiales robados para simular ingresos regulares ante el sistema migratorio brasileño.
Una red transnacional con conexiones en Europa
La organización era dirigida desde Venezuela por un ciudadano de origen sirio, actualmente detenido en Francia, a la espera de extradición. De acuerdo con la Fiscalía de Brasil, este individuo coordinaba la logística desde el extranjero, mientras sus cómplices locales —de nacionalidad venezolana y brasileña— se encargaban de ejecutar el paso irregular de personas, la falsificación de papeles y los sobornos a funcionarios.
Las operaciones de la red se extendieron por varios años y evidencian un sistema sofisticado de corrupción transfronteriza. Los acusados enfrentan cargos por asociación criminal, promoción de migración ilegal, corrupción activa y pasiva, además de falsificación de datos oficiales.
El esquema incluía no solo la alteración de registros en la base de datos de la Policía Federal, sino también la emisión de certificados sanitarios fraudulentos, requisito necesario durante la pandemia y en los años posteriores para el control fronterizo.
El costo del paso ilegal: 1.000 dólares y un futuro incierto
Los migrantes, en su mayoría venezolanos que huían de la crisis económica y política, pagaban cerca de 1.000 dólares a los contrabandistas. Esta suma cubría la documentación falsa, alojamiento temporal en hoteles ubicados a ambos lados de la frontera, transporte terrestre y las coimas destinadas a funcionarios corruptos.
A pesar de las promesas de un ingreso “seguro” y “legal”, la mayoría de las personas cruzaba la frontera por rutas clandestinas, conocidas en la región como “trochas”, expuestas a peligros, extorsiones y explotación laboral.
Organizaciones humanitarias como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y Médicos Sin Fronteras han advertido que el corredor migratorio entre Venezuela y Brasil se ha convertido en uno de los más vulnerables del continente, debido al aumento de redes de tráfico y la falta de controles adecuados en zonas selváticas y de difícil acceso.
Corrupción en la frontera de Pacaraima
El municipio de Pacaraima, ubicado en el extremo norte del estado de Roraima, es la puerta principal de entrada de migrantes venezolanos al territorio brasileño. Allí, según el Ministerio Público, algunos empleados subcontratados en puestos fronterizos fueron sobornados por la red para alterar datos migratorios y permitir el paso de personas sin registro oficial.
Los investigadores también hallaron evidencia del uso de sellos migratorios sustraídos y documentos de identidad falsificados para simular procesos regulares de entrada al país. “El grupo logró sostener un esquema que combinaba corrupción institucional y engaño a los migrantes más vulnerables”, indicó la Fiscalía en su comunicado.
El caso ha puesto bajo escrutinio la vigilancia en las fronteras amazónicas, donde los controles son limitados y la presencia del Estado brasileño resulta insuficiente frente al volumen de migración proveniente de Venezuela.
Venezolanos, la nueva mayor comunidad extranjera en Brasil
El crecimiento de la migración venezolana hacia Brasil ha sido vertiginoso. Según datos oficiales, más de 270.000 venezolanos residen actualmente en territorio brasileño, superando a los portugueses como la comunidad extranjera más numerosa del país.
En 2010, antes del colapso económico venezolano, apenas 2.900 personas de esa nacionalidad vivían en Brasil. Hoy, la cifra refleja la magnitud del éxodo, impulsado por la escasez, la inflación y la crisis política.
Roraima, debido a su posición geográfica, ha sido el principal punto de ingreso y también el escenario de mayores tensiones sociales, ante la falta de infraestructura para absorber el flujo migratorio.
Un desafío regional persistente
Las autoridades brasileñas advirtieron que el desmantelamiento de esta red no pone fin al problema, ya que nuevas estructuras criminales surgen constantemente aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes.
El fiscal general adjunto de Brasil, Paulo César Ribeiro, señaló que “la cooperación internacional será esencial” para desarticular los nexos financieros y logísticos de estas mafias.
Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos reiteran que el control fronterizo debe ir acompañado de políticas de protección humanitaria y de alternativas legales de ingreso, para evitar que miles de personas continúen cayendo en manos de traficantes sin escrúpulos que convierten la desesperación en un negocio rentable.
Con información de El Pitazo
