El régimen de Nicolás Maduro ha reactivado una de sus herramientas más controversiales: VenApp, la aplicación gubernamental que en teoría fue creada para gestionar reportes ciudadanos sobre servicios públicos, pero que hoy vuelve a ser señalada como un instrumento de vigilancia política.
A través de nuevas funciones, la plataforma permite denunciar actividades consideradas “sospechosas”, desde la “difusión de información falsa” hasta el “avistamiento de drones”.
Diversas organizaciones alertan que esta actualización marca una nueva etapa de control social y persecución digital, similar a la vivida tras la crisis postelectoral de 2024.
Nuevas categorías para el control ciudadano
Según un reporte de Cazadores de Fake News, VenApp incorporó esta semana dos secciones denominadas “Defensa del país” y “Alteración del orden interno”, en cumplimiento de una instrucción directa emitida por Maduro el 21 de octubre.
Dentro de estas categorías aparecen subopciones como “Difusión de información falsa con fines maliciosos”, “Presencia de personas sospechosas en el territorio nacional” y “Avistamiento de drones”.
La aplicación también habilitó campos para denunciar “daños al patrimonio público”, “manifestaciones violentas” y “cierres de vías”, conceptos lo suficientemente amplios como para incluir desde una protesta pacífica hasta una publicación crítica en redes sociales.
Expertos en derechos digitales advierten que el sistema está diseñado para recopilar información sobre disidentes, activistas y periodistas, reforzando una red de vigilancia civil que legitima la delación como “acto patriótico”.
De aplicación de servicios a herramienta de persecución
VenApp fue presentada originalmente como una plataforma de atención ciudadana para reportar fallas eléctricas, escasez de agua o baches en las vías. Sin embargo, durante los conflictos postelectorales de 2024, su uso cambió radicalmente.
En ese contexto, el gobierno la transformó en un canal de denuncias contra presuntos “terroristas” o “desestabilizadores”.
De forma paralela, se activaron otros sistemas como CC200 y grupos de Telegram controlados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde se pedía a la población enviar fotos, direcciones o nombres de quienes protestaran.
Esa estrategia coincidió con la llamada “Operación Tun Tun”, un operativo de inteligencia que provocó centenares de detenciones arbitrarias, muchas de ellas basadas únicamente en mensajes difundidos en WhatsApp o comentarios en redes.
Detenciones por simples mensajes
Organizaciones de derechos humanos documentaron que ciudadanos fueron apresados por expresar opiniones políticas en grupos privados, acusados de “incitación al odio” o “promoción del terrorismo”.
Entre los detenidos hubo incluso adolescentes, que fueron señalados a través de denuncias anónimas en canales de Telegram manejados por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).
Las acusaciones, en la mayoría de los casos, carecían de pruebas. Los registros muestran que muchos de los supuestos “mensajes violentos” eran simples críticas al gobierno o reenvíos de información pública.
Aun así, los implicados fueron llevados ante tribunales militares o de terrorismo, sin derecho a defensa ni garantías procesales.
El uso del miedo como estrategia política
La reactivación del módulo de denuncias refuerza una práctica constante del chavismo: convertir el miedo en un mecanismo de control social.
Durante las manifestaciones de 2024, varios funcionarios difundieron información falsa sobre fallecidos, asegurando incluso que algunas víctimas “fingieron su muerte con salsa de tomate”.
Esa narrativa, sumada al uso de plataformas digitales para rastrear opiniones, demuestra una tendencia a criminalizar la disidencia y el ejercicio de la libre expresión.
Para los defensores de derechos humanos, VenApp simboliza una nueva forma de represión tecnológica: una combinación de vigilancia digital, propaganda y manipulación ciudadana.
El ciudadano común, temeroso de ser señalado, prefiere callar antes que arriesgarse a ser denunciado por un vecino o compañero de trabajo.
Una nación vigilada
La “nueva VenApp” no es una simple actualización de software. Es el reflejo de un país donde la tecnología se utiliza para perseguir en lugar de proteger.
En lugar de facilitar la gestión pública, la aplicación promueve una cultura de sospecha y delación que debilita la confianza social.
Mientras el régimen de Maduro defiende la medida como un “mecanismo de seguridad nacional”, la comunidad internacional observa con preocupación cómo la represión en Venezuela se digitaliza, trasladando la censura de la calle a la pantalla del celular.
En el país donde cada clic puede ser una denuncia, la libertad se vuelve un riesgo y el silencio, una forma de supervivencia.
Con información de La Patilla
